En Nicaragua, el ejercicio periodístico independiente se ha visto amenazado desde la llegada al poder de Daniel Ortega en 2007, sin embargo, con el paso de los años la violencia contra los periodistas y la criminalización del oficio ha ido alcanzando niveles insospechados.
Lo anterior lo han denunciado organizaciones como la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) y Periodistas Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), y ha alcanzado a organismos internacionales que piden al régimen de Nicaragua cese la represión y el hostigamiento contra el gremio.
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Aquí te contamos seis de las acciones promovidas por el régimen de Nicaragua en contra del gremio periodístico durante el año 2020.
1. Aprobación de leyes contra el oficio
El régimen de Nicaragua aprobó tres leyes que amenazan el ejercicio periodístico en el país.
El pasado octubre se aprobó la Ley de Ciberdelitos que busca, entre otras cosas, impedir la difusión de noticias críticas al régimen, encarcelar a periodistas ciudadanos que denuncian irregularidades y violaciones a los derechos humanos.
En el artículo 30 de la misma se establece que las publicaciones que dañen el honor, el prestigio o reputación de una persona supondrán una pena de entre uno a tres años de prisión. Y además una multa de entre 150 y 300 días de salario.
En el mismo mes se aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, que limita el financiamiento internacional para organismos y medios de comunicación y los obliga a registrarse como agentes extranjeros, de lo contrario se exponen a multas, confiscación de bienes, congelación de cuentas bancarias y hasta encarcelamiento.
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Finalmente el régimen de Nicaragua aprobó la llamada Ley de Cadena Perpetua, que es una reforma al artículo 37 de la Constitución Política del país; esta sería ratificada en enero del 2021, para su posterior entrada en vigencia.
Con esta Ley, según expertos independientes podrían ser encarcelados líderes opositores al régimen del país, periodistas y ciudadanos. Se impondrá prisión perpetua para la persona condenada por delitos graves, cuando concurran circunstancias de “odio crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional”.
Todas las leyes pueden ser aplicadas a discreción de las entidades de “justicia” sandinista del país.
2. Judicialización
Periodistas independientes de distintas zonas geográficas del país han enfrentado a denuncias por supuestas injurias y calumnias. Actualmente el director del medio digital Boletín Ecológico, David Quintana enfrenta un juicio, mismo que ha catalogado como ilegal.
Quintana ha señalado que continuará informando a la población nicaragüense a pesar de este intento de silenciarlo. Antes de él, la periodista Kalua Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñisima había sido condenada por esos mismos delitos y obligada a pagar 120 días de salario como multa.
3. Confiscación
El 23 de diciembre se conoció que el régimen de Nicaragua oficializó de manera ilegal la confiscación de las instalaciones de los medios de comunicación 100 % Noticias, Confidencial y Niú mismas que habían sido tomadas y resguardadas por oficiales de la Policía desde 2018.
Estás instalaciones fueron adjudicadas al Ministerio de Salud (Minsa), junto a las oficinas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas) y la Fundación Popol Na.
4. Amenazas, agresiones físicas y robos
Durante 2020, los periodistas independientes fueron agredidos y asaltados decenas de veces mientras se disponían a cubrir manifestaciones, reuniones y protestas de los opositores.
En muchos de los casos en propiedades privadas y frente a oficiales armados que no tomaron ninguna acción para protegerlos.
5. Embargo millonario a Canal 12
Desde el pasado 11 de septiembre de 2020, Canal 12 enfrenta a embargos millonarios por supuestos reparos fiscales.
Esta medida tomada por la Dirección General de Ingresos (DGI), ha sido catalogada por el administrador general del medio Mariano Valle Peters como arbitraria e ilegal pues busca silenciar al periodismo independiente en el país.
6. Negativa de acceso a la información pública
Una vez más las autoridades del país incumplieron la Ley 621, que mandata el Acceso a la Información Pública en el país en todas las oficinas públicas.
Las instancias estatales en su mayoría evitan informar y dar datos de sus gestiones sino es a través de los informes propagandísticos de la sancionada vicepresidenta Rosario Murillo.
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A pesar de la situación socioeconómica que enfrenta el país, la grave crisis sanitaria por coronavirus, la emergencia ocasionada por el paso de los huracanes Eta y Iota a los periodistas independientes se les negó con amenazas acceso a cuestionar a funcionarios públicos y permanecer en las zonas más afectadas para informar a la población.
Las páginas web de las distintas instancias continúan desactualizadas y todas las informaciones importantes son dadas a conocer por Rosario Murillo en sus acostumbrados monólogos transmitidos por los canales y radios oficialistas.
