¡En acción por la libertad y la justicia! es el lema de la iniciativa Acción Penal, un proyecto nicaragüense que surgió para dar respuesta a la necesidad de defensa legal de los presos políticos y asistencia legal a las personas que les han vulnerado sus derechos jurídicos fundamentales.
Acción Penal nació de un grupo de abogados especialistas en derecho penal y procesal penal en diciembre de 2018, pero fue hasta mayo de 2019 que crearon sus redes sociales en Facebook y con ello iniciaron la proyección social de la iniciativa.
De hecho, este colectivo está integrado por exfiscales del Ministerio Público y su trabajo ha trascendido más allá del acompañamiento legal, la defensa de presos políticos y la representación de víctimas directas de la represión estatal, puesto que ahora a través de una serie de dos podcasts que lanzaron en colaboración con Radio Corporación buscan llegar a nuevas audiencias, informarlas y educarlas.
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Podcasts educativos
Estos podcasts tratan temas sobre violaciones cometidas en el marco sociopolítico que estalló con las protestas antigubernamentales en abril de 2018, en especial sobre
despidos al personal de salud y expulsiones a universitarios.
De hecho, estos productos radiofónicos se emitieron por primera vez este 5 de abril y están programados para los días lunes, miércoles y viernes, después del segmento de Impacto 540 y al terminar el noticiero del mediodía.
En realidad, el objetivo de los podcasts es difundir los resultados de dos estudios jurídicos realizados por Acción Penal, que de una u otra forma fungen como auditorías independientes.
Dictamen sobre despidos al personal de salud
El primer estudio es el dictamen sobre las graves violaciones al debido proceso en el sistema de salud de Nicaragua, un documento que analiza el funcionamiento del Sistema de Justicia en los Tribunales Laborales del país.
Este informe documenta y evidencia las violaciones a los principios y garantías constitucionales y procesales de 20 casos de despidos del personal de salud a partir de 2018.
El dictamen se caracteriza por abarcar casos de todas las áreas, tanto médicos generales como especialistas, auxiliares, enfermeras, laboratoristas clínicos, personal técnico y administrativo.
“Lo más común es el cuestionamiento a los jueces penales, que son los que llevan los casos de los presos políticos, pero aquí vemos que también los jueces de la seguridad social y derecho al trabajo están haciendo una actuación bastante similar a los jueces penales en violentar el debido proceso y carecer de autonomía judicial”, indicó Eilyn Cruz, abogada e integrante de Acción Penal, al explicar que este documento demostró la falta de independencia judicial.
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Dictamen sobre expulsiones de estudiantes y despidos de docentes
Por otra parte, el segundo trabajo en el que se enfocan los podcasts es el dictamen sobre las graves violaciones al debido proceso en las expulsiones de estudiantes y despidos de docentes de las universidades estatales de Nicaragua.
Este informe analiza un estudio legal y técnico del actuar tanto de las autoridades universitarias, como del Sistema de Justicia Laboral nicaragüense.
Asimismo, aborda el estudio de seis casos de expulsiones definitivas de estudiantes y nueve casos de despidos de docentes y administrativos universitarios.
Memoria colectiva
Para la abogada Eilyn Cruz estos dictámenes son una forma de dejar constancia de las múltiples violaciones a las garantías procesales y constitucionales, tanto a nivel administrativo estatal, como a nivel judicial.
Por lo tanto, Cruz cree que estos proyectos que recopilan casos específicos de represión demuestran la ausencia de autonomía entre los poderes del Estado y por ende coadyuvan a la documentación, construcción y preservación de la memoria histórica y colectiva de Nicaragua.
Además, ella considera que estos productos radiales apelan al sentido empático de las personas, ya que a través de ese segmento radiofónico y de los dictámenes no solo se reflejan inconsistencias en el proceso judicial laboral, sino que se revela una serie de circunstancias que estas personas víctimas de represión estatal están sufriendo, así como el exilio, la imposibilidad de ejercer su profesión y la imposibilidad de recurrir a diversas instancias públicas como la policía, los hospitales y ministerios estatales.
Acción Penal es un colectivo que ha asumido la representación de procesos penales de casos complejos como el del asesinato del periodista Ángel Gahona, el asesinato de la estudiante brasileña Raynea Dacosta y el acompañamiento judicial a la periodista Kalúa Salazar en Bluefields.
