El Ministerio de Gobernación de Nicaragua (Migob), citó este jueves 20 de mayo a Cristiana Chamorro Barrios, Walter Gómez Silva y Marco Antonio Fletes Casco, todos exfuncionarios de la extinta Fundación Violeta Barrios a responder por supuestos “indicios de lavado de dinero” , en los informes financieros del período 2015-2019″. La jornada ocurrió en medio de un despliegue policial y allanamiento de oficinas y un nuevo asalto a Confidencial, medio del periodista Carlos Fernando Chamorro en Managua.
“Buscan incriminarme en algo que es verdaderamente falso”, declaró firme Chamorro al salir del interrogatorio que duró más de tres horas.
Chamorro, precandidata presidencial que goza de gran aceptación popular para competir en contra de Ortega, advirtió además, que la sucia jugada no se trata solamente de un proceso para inhibirla como candidata “sino para impedir que los nicaragüenses puedan ir a votar en libertad y puedan tener el derecho sagrado que les permite la ley”, advirtió.
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No hay prórroga
Chamorro advirtió que los empleados del Migob le solicitaron información contable, para lo que le dieron un plazo máximo de 24 horas, sin derecho a prórroga.
“Ahí dijeron que teníamos 24 horas para presentar una información y nosotros pedimos prórroga… ellos dijeron que no dan prórroga, que son 24 horas”, denunció Chamorro.
Chamorro destacó que no está inhibida para participar como candidata a la presidencia y que está dispuesta a servir a Nicaragua y que se reunirá con su grupo de trabajo para seguir evaluando su perfil como precandidata a la presidencia, luego de las acusaciones del régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Fuertes acusaciones
La cita del Migob expone que “la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia, incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador y del análisis a los Estados Financieros periodo 2015 – 2019. Se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero; por lo que el Ministerio de Gobernación, ha informado al Ministerio Público para la investigación correspondiente”, refiere textualmente el documento.
Ambas instituciones, Gobernación y Ministerio Público, son entes estatales dirigidos por ex policías y abogados bajo estricto control sandinista. Incluso la fiscal general Ana Julia Guido, ha sido sancionada por Estados Unidos por su complicidad con los jueces y policías para fabricar casos y encarcelar a cientos de civiles opositores.
Es importante destacar que la Fundación Violeta Barrios de Chamorro fue cerrada el 5 de febrero del 2021, luego de la aprobación de un combo de leyes represivas en especial la Ley de Agentes Extranjeros que buscaba controlar a toda personas natural o jurídica que recibiera cooperación externa.
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Muestras de solidaridad
Mediante un comunicado la Coalición Nacional manifestó que las acciones del régimen demuestran el temor que la dictadura le tiene a la oposición organizada y sus liderazgos. “Lamentamos y nos solidarizamos ante la situación que atenta contra las libertades ciudadanas y demuestran la falta de voluntad política de una dictadura que se encuentra aislada nacional e internacionalmente”, refiere el comunicado.
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Agregaron que “con las recientes cancelaciones de personerías jurídicas y la criminalización de opositores Daniel Ortega demuestra su terror a una elecciones libres transparentes y competitivas”.
De igual forma miembros del partido Ciudadanos por la Libertad, organizaciones de derechos humanos, oficinas de la sociedad civil y medios de comunicación social independientes, condenaron el atropello a Cristiana Chamorro y se solidarizaron con Carlos Fernando Chamorro y sus periodistas.
