Usar leyes como instrumento de control del periodismo y los medios de comunicación es una práctica común entre algunos gobernantes latinoamericanos en la época actual.
Nicaragua, El Salvador, Cuba y Venezuela son algunos países en los que manosean instrumentos legales para coartar la libertad de expresión.
Los países en los que la censura está respaldada por nuevas leyes, coinciden en que el gobierno en turno tiene control dentro del parlamento.
Menú de multas, cierres y cárcel
Estas nuevas normas legales suelen estar disfrazadas en discursos de protección contra la desinformación o difusión de noticias falsas.
Las diferentes leyes y decretos contra la libertad de expresión persiguen el control del contenido publicado por los medios de comunicación y activistas de derechos humanos.
Todas, sin excepción amenazan con multas, cierres y cárcel a periodistas y propietarios de medios.
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Leyes de bozal a los medios digitales
En Nicaragua las leyes de bozal son recientes. En octubre de 2020 la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos.
Esta nueva norma establece una pena de entre dos y cuatros años de cárcel para quien “publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella, a una persona o a su familia”.
Defensores y organismos de derechos humanos se pronunciaron contra la citada ley, considerando que en manos del régimen sandinista lo que se buscaba en realidad era acabar con el periodismo crítico.
La represión convertida en leyes
Accesnow, una organización internacional que defiende la libertad en internet, publicó en su sitio web un artículo titulado Ley Especial de Ciberdelitos en Nicaragua: la represión se traslada al mundo en línea, en el que califica esta ley como “una nueva herramienta para perseguir y silenciar a las voces disidentes”
En Nicaragua casi todos los medios de comunicación independientes informan únicamente a través de plataformas digitales desde el estallido de la crisis en 2018.
La represión, censura y persecución contra medios y periodistas obligó a la mayoría del gremio a trabajar desde el exilio; además el régimen cerró y embargó medios como Confidencial, La Prensa, Radio Darío y 100% noticias.
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Censura en nombre de las pandillas
En abril del 2022 el gobierno de El Salvador presentó reformas a la Ley de Proscripción de Pandillas y al Código Penal, que penalizan actividad propias del periodismo, como dar noticias sobre las maras.
Con estas reformas establecen penas de entre diez y quince años de cárcel para quien realice “cualquier tipo de manifestación escrita que haga alusión a las pandillas”.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) condenó las reformas por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales.
Bukele y sus leyes contra los medios
“Consideramos estas reformas como un claro intento de censura a los medios de comunicación”, dijo APES; además advirtieron que “prohibir al periodismo reportar la realidad” contribuye a crear “un espejismo que no es fiel a la verdad”.
En 2021 el medio digital El Faro presentó una amplia investigación sobre las negociaciones hechas por el gobierno de Nayib Bukele con líderes de pandillas.
Tras la investigación, las y los periodistas del medio recibieron amenazas y la periodista Gabriela Cáceres abandonó el país como medida de seguridad. Revista Factum y Gato Encerrado también denunciaron acoso y amenazas.
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Cárcel en leyes sobre discurso de paz
La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, vigente desde el año 2017 en Venezuela, funciona como instrumento legal para controlar el contenido difundido por los medios de comunicación.
El capítulo tres de esta ley detalla que todos los medios de comunicación “están obligados a difundir mensajes dirigidos a la promoción de la paz, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la diversidad”.
Además establece que de no cumplir con la disposición, los medios “deberán retirar inmediatamente de su difusión cualquier propaganda o mensaje que la contravenga”.
Entre 10 y 20 años de cárcel es la pena estipulada para las personas que de acuerdo con esta ley difundan mensajes de odio, discriminación o violencia.
De acuerdo con el observatorio venezolano independiente, Acceso a la Justicia, esta ley viola la libertad de expresión porque “obliga a los medios a transmitir mensajes de paz del gobierno, bajo riesgo de sanción”.
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Cuba con sus “leyes” contra la prensa libre
La dictadura cubana, la más lóngeva de las actuales dictaduras de América Latina, no se quedó atrás con sus leyes contra la prensa libre.
En 2022, el régimen reformó el Código Penal incorporando nuevas definiciones de algunas tipologías penales relativas a la “cibercriminalidad” y “acciones contra el Estado y la patria”.
La normativa mantiene un alto sesgo represivo y punitivo, algo que ya caracteriza el Derecho Penal cubano desde la Ley No. 87 de 1999 y que, entre otros elementos, dejó en la norma la prisión perpetua y la eliminación del límite máximo de 20 años de privación de libertad y de 30 cuando se impone en sustitución de la pena de muerte.
Destaca también que la Ley eleva el número de delitos castigables con la muerte a 24 y de delitos que podrían castigarse con la privación perpetua de libertad a 31.
