La abogada y defensora de derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes Lottie Cunningham, denunció recientemente que el Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), está en riesgo de cierre forzado debido a las imposiciones del Ministerio de Gobernación de Nicaragua, amparado en el reglamento de la Ley de Agentes Extranjeros.
Durante un foro virtual en la que participaron relatores especiales tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Cunningham dijo que la organización que preside continúa bajo el riesgo de perder su personalidad jurídica.
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“Ante la negativa del Ministerio de Gobernación (MIGOB), de entregar la constancia de cumplimiento y la certificación de Junta Directiva de CEJUDHCAN, sin ella los trámites establecidos en la nueva Ley, ya de por sí rigurosos se complican aún más”, insistió la defensora de derechos humanos.
Cunningham explicó que como organización se han presentado ante el Migob en seis ocasiones para entregar la documentación requerida a fin de obtener la certificación de la nueva junta directiva, sin embargo en cada visita se han negado a recibir la documentación alegando el incumplimiento de ciertos requisitos, muchos de los cuales ni siquiera están previstos en alguna ley o reglamento, lamentó.
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El caso de la CPDH
CEJUDHCAN, no es la única entidad con este riesgo. La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) ha denunciado que hasta la fecha no se ha resuelto su intento de inscripción.
Recientemente, la abogada Karla Sequeira de la CPDH, declaró a Literal que esta entidad de sociedad civil, defensora de derechos humanos han decidido inscribirse como Agentes Extranjeros y desde diciembre 2020, han buscando los mecanismos y los recursos para poder inscribirse y cumplir la Ley.
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“Sin embargo, hemos visto a través de este tiempo por parte de los funcionarios del Ministerio de gobernación (Migob), trabas completamente absurdas, que lamentablemente lo que nos ha hecho es prácticamente incumplir con la Ley de Agentes Extranjeros”, lamentó.
Simplemente cumplir con ley
Sequeira detalló que buscan inscribirse “no porque creamos que somos agentes extranjeros, simplemente porque tenemos que cumplir con compromisos ya adquiridos porque estamos dándole la cara al pueblo nicaragüense ”.
La abogada advirtió, que ante un posible cierre de esta institución el perjuicio es para las personas usuarias que han sido beneficiadas con distintos espacios que tiene la CPDH para personas víctimas de violaciones de Derechos Humanos.
Al mismo tiempo Sequeira señaló que estamos claros que a partir del 5 de febrero ya debían estar inscritos como Agentes Extranjeros, sin embargo no han realizado la inscripción porque el último requerimiento que se les ha solicitado es entregar lista de los beneficiarios finales con sus respectivos números de cédula, lo que asegura no entregarán.
“Nosotros como CPDH, hemos hecho una evaluación y se ha tomado una decisión de no otorgar la lista de beneficiarios últimos al Ministerio de Gobernación”, pues esto sería como darle en bandeja de plata a muchas personas que son denunciantes de torturas, asedio y persecución política, refirió la abogada.
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El compromiso no muere
“Ahorita estamos prácticamente en manos del gobierno en el aspecto en que en cualquier momento nos pueden poner cualquier tipo de sanción, ya sea multas (…) o la posibilidad que nos quiten nuestra personería jurídica, así como sucedió con otras organizaciones de la sociedad civil que han confiscado”, expresó Sequeira.
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Al mismo tiempo que advirtió que si el gobierno toma medidas drásticas con la institución ellos trabajaran desde cualquier lugar “la CPDH no va a morir”, recalcó la abogada.
Desde la entrada en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros en Nicaragua dos organizaciones de sociedad civil: la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y Pen Internacional capítulo Nicaragua han cerrado operaciones al considerar que inscribirse como Agentes Extranjeros perderían su razón de ser.
