El pasado 11 de julio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los periodistas Wilih Francisco Narváez González y Alberto José Miranda Herrera, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua.
Las medidas cautelares son peticiones de protección inmediata que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando determina que una persona, organización, grupo o comunidad de personas determinadas o determinables, están en situación de gravedad.
Respecto a los 2 nuevos beneficiarios el organismo considera que se encuentran en una situación de riesgo debido a que “están recibiendo amenazas, hostigamientos y vigilancia por parte de autoridades estatales y particulares dada su labor como periodistas”.
Según la CIDH, Narváez ha recibido amenazas en redes sociales desde el 2018, “así como agresiones por parte de policías, actos de hostigamiento por parte de terceros afines al Gobierno, amenaza de muerte en contra de él y su familia”.
En relación con el periodista Miranda se informó de amenazas de muerte a través de redes sociales por lo menos desde el 2018. De igual manera “agresión con una pistola eléctrica presuntamente bajo órdenes de un agente policial en septiembre de 2019, además de hostigamiento y agresiones por parte de policías el 15 de abril y el 2 de junio de 2021”.
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Estado brinda información a medias
El organismo detalló que recibió información del Estado solamente con relación a la situación de Alberto José Miranda Herrera, en la cual se manifestaba la existencia de numerosos medios de comunicación con posturas contrarias a las políticas estatales “y que no existiría censura previa a los medios de comunicación o persecución a personas periodistas”.
La CIDH lamentó en una comunicación oficial que más allá de afirmar “su reconocimiento al derecho a la libertad de expresión e indicar que el beneficiario no se encontraría en ninguna situación de riesgo, el Estado no aportó mayores elementos para desvirtuar los eventos de riesgo”.
La entidad internacional refirió que la Comisión tomó en cuenta la situación actual por la que atraviesa Nicaragua y la información recibida por su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) en relación con el contexto represivo hacia la actividad periodística independiente en el país.
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Respeto por la vida e integridad
La CIDH indicó, que el Estado debe tanto asegurar que sus agentes respeten “la vida e integridad personal de los beneficiarios”, también adoptar medidas necesarias para que ambos periodistas puedan desarrollar sus actividades como periodistas independientes sin ser objeto de actos de violencia, intimidación, hostigamientos.
Es importante señalar que a inicios del mes de junio, la Comisión otorgó medidas cautelares a favor de la periodista y Jefa de Prensa de Radio La Costeñísima, Kalúa Salazar y su familia compuesta por 6 personas.
