La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), denunciaron mediante un comunicado la situación que enfrentan los medios y periodistas independientes en Nicaragua, ante tres proyectos de ley que amenazan el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.
Además, una de esas propuestas de ley amenaza con la imposición de sanciones fiscales contra medios de comunicación y el hostigamiento judicial contra periodistas.
En el documento la CIDH indica, que en las últimas semanas la Asamblea Nacional de Nicaragua controlada por el sandinismo presentó dos proyectos de ley que establecen figuras penales y un sistema de registro y control a organizaciones y otros actores de la sociedad.
Corresponsales de prensa de agencias como “agentes”
La propuesta de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros obliga a las personas físicas o jurídicas que reciben fondos directa o indirectamente de gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras a registrarse como “agentes extranjeros”.
El organismo detalla que las personas registradas deberán presentar informes, y estarán imposibilitados de intervenir en cuestiones de política interna y de “ser funcionarios, empleados públicos o candidatos a cargos públicos”.
Multas y responsabilidades penales
El incumplimiento de estas disposiciones tendrá como resultado multas, cancelación la personalidad jurídica, responsabilidades penales por la comisión de delitos contra la seguridad del Estado, e incluso la intervención de bienes muebles e inmuebles y la prohibición de actividades.
La CIDH expone además que el “28 de septiembre se introdujo el proyecto de Ley Especial de Ciberdelitos que establece penas de cárcel y multas para varias conductas relacionadas con el uso de medios digitales.”
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El organismo internacional mostró especial preocupación por la amenaza de sanciones penales para la publicación o difusión de “información falsa y/o tergiversada”.
Recordó que en Nicaragua, diversas organizaciones sociales y medios de comunicación independientes reciben fondos de la cooperación internacional, debido a la crisis de derechos humanos y la exclusión de estos medios del acceso a publicidad oficial o las restricciones impuestas por el Estado.
Demandas judiciales contra periodistas
En el comunicado la Comisión y la Relatoría Especial, refieren que tienen información sobre el embargo a Canal 12, por una supuesta deuda fiscal de 21 millones de córdobas y señalan que la postura de los dueños del medio es que “no deben las sumas impuestas”.
Finalmente, la CIDH y su Relatoría muestran preocupación el incremento de causas penales en contra de periodistas a quienes el gobierno de Nicaragua acusa de delitos como desacato, difamación e injurias.
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“Uno de los casos más recientes es el de la periodista de radio La Costeñísima Kalúa Salazar, que fue condenada por calumnias luego de denunciar hechos de corrupción en la Alcaldía de El Rama”, señala la CIDH. Y menciona además a los periodista David Quintana y William Aragón.
El comunicado cita la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que defienden la libertad de expresión y garantizan el libre ejercicio de los periodistas en cualquier medio de comunicación incluido el internet.
