Luego que la Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista, aprobara la iniciativa de reforma a la Ley Electoral y eligiera a magistrados adeptos al partido de gobierno; cuatro grandes voces de la comunidad internacional se han pronunció en rechazo a la falta de credibilidad en los comicios generales, que tendrán lugar el próximo 7 de noviembre en Nicaragua.
Hasta ahora, la administración de Daniel Ortega ha ignorado las recomendaciones y los llamados de atención de parte de la comunidad internacional, tentando así a la posibilidad de aplicar nuevas sanciones.
OEA: “Extrema preocupación”
La Organización de Estados Americanos (OEA) a través de la Secretaría General, emitió un comunicado donde aseguran observar la situación de Nicaragua con “extrema preocupación”.
“La elección de magistrados y la aprobación de estas reformas diseñadas por la Comisión Especial de Asuntos Electorales de la Asamblea Nacional de Nicaragua claramente dan ventaja absoluta al partido oficial en el control de la administración y justicia electoral, eliminando las garantías necesarias y la credibilidad institucional mínima para el desarrollo de un proceso electoral libre y justo en noviembre de 2021”, indicó el comunicado oficial de la Secretaría General.
Además, la Secretaría General consideró que estos procesos no sólo erosionan el ejercicio político pluralista, sino que “consolida la concentración del poder del FSLN en todos los cuatro poderes del Estado – Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Electoral y Poder Judicial”.
Cabe destacar que en este mes de mayo se vence el plazo máximo dispuesto por la Asamblea General de la OEA, para que el régimen de Daniel Ortega aplicara reformas “significativas y coherentes con las normas internacionales aplicables”.
La Secretaría convocó, el pasado 5 de mayo, a incorporar tema de Nicaragua en la agenda del Consejo Permanente a realizarse el 12 de mayo.
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Unión Europea desaprueba imposición de “árbitros electorales”
De igual forma, ayer 6 de mayo, la Unión Europea (UE) desaprobó las reformas y la elección de “árbitros electorales” en Nicaragua, seleccionados de propuestas del partido de gobierno y aliados en la Asamblea Nacional bajo control de Ortega.
“Desafortunadamente, ambas no cumplen con las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la UE de 2011 y las recientes resoluciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del Consejo de Derechos Humanos. Estas decisiones no son resultado del diálogo entre el gobierno y los grupos de oposición, que la UE ha solicitado repetidamente”, citó la declaración del Portavoz de la Unión Europea sobre la nueva ley electoral.
A la vez que agregó que la “UE mantendrá su política de diálogo constructivo y crítico con las autoridades nicaragüenses y utilizará todos sus instrumentos relevantes para apoyar el estado de derecho y unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes en noviembre de este año”.
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Reino Unido: “Serias deficiencias” en las reformas electorales
Por su parte, el Reino Unido (UK) expresó este 7 de mayo su preocupación por las medidas electorales recién aprobadas en el país, pues consideran que la reforma “negará al pueblo de Nicaragua la genuina democracia, elecciones libres y justas”.
“La nueva legislación tiene múltiples y serias deficiencias: incluye disposiciones preocupantes para excluir a los candidatos de la participación, otorga a la Policía Nacional nuevos poderes inapropiados para prohibir las reuniones de los partidos de oposición y los eventos de campaña, no proporciona informes oportunos y transparentes de los resultados y no proporciona para la observación independiente de elecciones nacionales o internacionales”, señaló la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo en una nota de prensa.
Asimismo, la nota comunicó que “el Reino Unido continúa abogando por la transparencia y la inclusión en toda la sociedad nicaragüense. La promoción de la democracia y los derechos humanos seguirá siendo fundamental para el enfoque del Reino Unido en nuestra relación con Nicaragua”.
Este país impuso sanciones el pasado mes de abril al tesorero del FSLN, Francisco López Centeno, por corrupción con fondos públicos y ha advertido de aplicar iguales medidas a otros funcionarios involucrados en violación a derechos humanos y corrupción.
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EE.UU.: “procesos socavan la credibilidad de las elecciones”
Finalmente, Estados Unidos anunció su profunda preocupación a través de un comunicado de prensa del Departamento de Estado, en el que señaló que “el gobierno de Nicaragua bajo Daniel Ortega ha rechazado los llamamientos de sus propios ciudadanos y de la comunidad internacional”.
De igual forma criticó que con estas acciones, así como la continua represión de los derechos humanos, el presidente Ortega y sus partidarios están señalando un “inquietante desprecio por la voluntad del pueblo nicaragüense y los compromisos de Nicaragua en virtud de la Carta Democrática Interamericana”.
A la par del pronunciamiento del Departamento de Estado, congresistas estadounidenses también están impulsando la iniciativa de Ley Renacer, que entre otras cosas apunta a la promoción de sanciones selectivas a fin de lograr elecciones democráticas.
Esta iniciativa de ley, de carácter bipartidista, fue introducida el 30 de abril ante el Congreso de Estados Unidos con amplio apoyo de las bancadas demócratas y republicanas. Su misión es básicamente sancionar al anillo de confianza y familia de Ortega y el FSLN en tanto se nieguen a facilitar un proceso electoral limpio y transparente.
