Días después de que Juan González, principal asesor del presidente Joe Biden para asuntos de América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional, asegurara que Estados Unidos defenderá la realización de elecciones transparentes en Nicaragua, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) emitió este primero de febrero un comunicado en el que urgió un proceso de reformas electorales a Daniel Ortega.
Además, el gremio empresarial criticó la instauración de un “Estado policial que restringe derechos fundamentales básicos”.
“Es fundamental que inicie un proceso de reformas electorales que permitan la realización de elecciones libres, transparentes, competitivas y observadas”, se lee en el comunicado de la cúpula empresarial.
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Asimismo, el COSEP señaló que el régimen de Ortega ha priorizado la promoción y aprobación de leyes punitivas, así como la represión y sanción para eliminar toda eventual competencia electoral.
“La sociedad nicaragüense y la comunidad internacional somos testigos cómo en la agenda del gobierno y sus funcionarios lo que prima son la aprobación de leyes, decretos, normativas y acciones destinadas a consolidar un Estado policial que tiene como función amenazar, reprimir y sancionar para eliminar toda eventual competencia electoral que le pueda disputar el poder”, dice el comunicado.
Sin reformas electorales a la vista
El comunicado se divulgó a pocos meses de cumplirse el plazo establecido en la resolución del 21 de octubre del 2020 en la Quincuagésima sesión de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La resolución titulada “Restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas” exige la implementación de reformas electorales en el país, a más tardar en mayo de 2021, así como la llegada de una misión de observación a los comicios generales previstos para el 7 de noviembre de 2021
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No obstante, Ortega en su última comparecencia pública del 11 de enero, no mostró preocupación alguna por iniciar con el proceso de reformas electorales y se avanza sin señales de estas, que garantizarían comicios libres, justos y transparentes.
Al contrario, el régimen ha impuesto una serie de leyes represivas y violatorias de derechos humanos y derechos constitucionales, entre ellas el establecimento de la cadena perpetua, la detención de hasta 90 días para “investigar” a algún sospechoso, multas de hasta 500 mil dólares y confiscación de bienes a personas o instituciones consideradas “agentes extranjeros” y carcel para periodistas y activistas acusados de emitir “noticias falsas” o “mensajes de odio”.
Administración de Biden defenderá elecciones justas y transparentes
El asesor del presidente de Estados Unidos, Juan González, refirió sobre la crisis de derechos humanos que se vive en el país y manifestó que “Nicaragua es de mucha preocupación. Las acciones del Gobierno de Daniel Ortega en contra de su propio pueblo, incluso usando francotiradores en contra de manifestantes pacíficos, son posibles crímenes de lesa humanidad”.
De acuerdo con González, la administración de Donald Trump no le dio la importancia necesaria la situación de Nicaragua. “Es algo que se ha ignorado demasiado. La administración previa se enfocó en Venezuela y Cuba y casi se olvidó de Nicaragua”, terminó González en entrevista al medio salvadoreño El Faro.
