Casi 44 años al servicio de los derechos humanos de los nicaragüenses, podrían esfumarse en este agitado y sombrío 2021 en Nicaragua, si el Ministerio de Gobernación de Daniel Ortega decide cerrar la última oficina de derechos humanos del país: Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
El secretario ejecutivo de esta organización, Marcos Carmona, ha confirmado a Literal que el Ministerio de Gobernación (Migob) ha puesto trabas burocráticas a la CPDH para registrarse como “Agente Extranjero” conforme las leyes represivas del régimen que califica de esto modo a toda persona u organización de la sociedad civil que recibe fondos del extranjero para su funcionamiento.
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El pasado octubre, la Asamblea Nacional, dominada por los sandinistas, aprobó la ley de regulación de agentes extranjeros, que determina como objetivo establecer el marco jurídico de regulación aplicable “a los nicaragüenses o personas de otra nacionalidad que, respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento extranjero, utilicen esos recursos para actividades que deriven en injerencia de gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en asuntos internos y externos de Nicaragua”.
CPDH nacida en una dictadura
Con esta norma, el Ministerio de Gobernación obliga a las personas o instituciones que a su criterio sean considerados “agentes extranjeros”, a registrarse, presentar sus fuentes de ingresos y origen de los mismos y monitorear el destino de los recursos.
Además, podrá establecer con el reporte financiero de estas asociaciones y personas que si no hay cumplimiento de las normas, lo reportará a la Unidad de Análisis Financiero como sospechosos de lavado de dinero o crimen organizado y tendrá que responder a un proceso penal que penaliza con cárcel, multas de hasta 500 mil dólares, confiscación de bienes y congelamiento de cuentas a los “sospechosos”.
Inaugurada en abril de 1977, en plena dictadura de la familia Somoza que sometía al pueblo nicaragüense a la violación flagrante de sus derechos humanos por medio de la Guardia Nacional al servicio de la familia gobernante, la CPDH desde entonces acumula 44 años defendiendo los derechos nacionales y universales de los nicaragüenses.
Su oficina es la última que, de manera independiente, opera en Nicaragua ya que el régimen Ortega-Murillo obligó al exilio a la Asociación Nicaragüense por la Defensa de los Derechos Humanos (ANPDH) en la crisis de violación masiva de derechos humanos en abril de 2018.
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Podría morir en otra dictadura
Del mismo modo, Ortega eliminó la personalidad jurídica al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), cuyas oficinas fueron asaltadas por la policía y tras ser confiscadas de facto, fueron demolidas para crear un centro de servicio público.
Su personal se fue al exilio y si bien su directora Vilma Núñez sigue en Nicaragua monitoreando la situación de derechos humanos, no cuenta con una oficina pública y realiza su labor casi en clandestinidad.
En su guerra contra las organizaciones de derechos humanos, el régimen expulsó a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los miembros de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mientras cierra sus fronteras a cualquier otra organización internacional de derechos humanos que intente ingresar al país.
Según Karla Sequeira, asesora legal de dicho organismo, desde diciembre de 2020 han estado solicitando información a Gobernación para acogerse a la normativa, al provenir sus recursos de donantes externos, pero al momento de presentarse a entregar los requerimientos, no les han sido aceptados y les solicitan nuevos datos o documentos.
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“Si te quedaste mato…”
“Estamos siguiendo todos los mecanismos posibles para registrarnos como agentes extranjeros, aunque recurrimos ante la Corte Suprema de Justicia contra esa ley por su carácter inconstitucional, sin embargo, nos ha sido imposible porque no nos dan una constancia de inscripción y nos ponen muchos obstáculos a nuestra documentación”, dijo Sequeira.
“Estamos en manos del Ministerio de Gobernación como organización ¿Qué significa esto? Que si nos quedamos nos matan y si nos corremos también”, se quejó la abogada.
Carmona, por su parte, dijo que insistirá en registrarse una vez más y las veces que sea posible y cuestionó la ilegalidad en el proceso de inscripción, ya que, aunque la ley se aprobó en octubre y entró en vigencia en diciembre, en Gobernación le piden documentos desde 2017, incluyendo estados contables y registros de cuentas bancarias.
“Y aunque les presentamos esos documentos, nos siguen diciendo que están incompletos, que falta esto o falta aquello. La intención es clara: al no dejarnos inscribir, quieren declararnos ilegales y cerrarnos las oficinas”, denuncia Carmona.
Y mientras eso pasa, transcurre el plazo fatal de cinco días que el citado ministerio dictó desde al pasado 29 de enero como fecha límite para que organizaciones y personas que se auto-consideren “agentes extranjeros” se registren como tales.
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Y ahora ¿Quién podrá defendernos?
De cerrar la CPDH, a los nicaragüenses solo le quedaría, como oficina activa, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, un ente al servicio del régimen y de espaldas a las demandas de justicia de las víctimas de la represión estatal desde 2018.
Esta institución está bajo la dirección de Darling Ríos, una joven formada como militante de la Juventud Sandinista sin experiencia en el tema de los derechos humanos y alejada de la defensa de los mismos; la acompaña como subprocurador Adolfo Jarquín León, hijo del fallecido y anterior subprocurador orteguista, Adolfo Jarquín Ortel.
La abierta parcialidad de Jarquín Orteal hacia el régimen, le valió a la PDDH en 2019 la degradación de organización independiente de derechos humanos y el desconocimiento del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas como “defensor de los derechos humanos”.
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PDDH degradada por oficialista
De acuerdo con un informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), la PDDH fue sancionada en marzo de ese año por su falta de independencia respecto al gobierno.
“La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), institución nacional de derechos humanos, que también es el mecanismo nacional para la prevención de la tortura, no mostró ninguna independencia durante este período”, dice el documento del organismo de Naciones Unidas, que abarca de abril de 2018 a agosto de 2019.
“En el 40º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (2018), la delegación del Estado estuvo representada por el Comisionado Adjunto de la PDDH, quien repitió la justificación del Gobierno sobre el fallido golpe de Estado e indicó que su institución no había encontrado prueba alguna de que se hubiera torturado a los manifestantes privados de libertad”, dice el texto.
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Desconocida en la ONU
La decisión de degradar a la PDDH fue ratificada por la mayoría de países miembros durante el 41 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos que se desarrolló entre el 24 de junio y el 12 de julio de 2019.
El caso estaba en estudio desde abril de 2018 en las oficinas en Ginebra de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganhri), entidad compuesta por cerca de 120 organizaciones que promueven los derechos humanos en todo el mundo, entre las cuales se encontraba la PDDH de Nicaragua.
“En marzo de 2019, la categoría de la PDDH fue rebajada de A a B al no poder demostrar su independencia”, concluye el informe internacional, que señala algunos ejemplos del comportamiento viciado de la institución estatal de derechos humanos para encubrir los graves abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril del 2018.
