A menos de siete meses para que se lleven a cabo elecciones presidenciales y dado que no se han presentado reformas a la Ley Electoral que incluyan el cambio de magistrados en el Consejo Supremo Electoral (CSE), el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez considera que se puede lograr por medio de un acuerdo ante la Asamblea Nacional.
Álvarez considera que, sin necesidad de un cambio a la Ley Electoral, se puede reemplazar la estructura de magistrados en el CSE, por medio de un acuerdo “que busque a las personas idóneas, imparciales e independientes”, que genere la mayor confianza para ejercer el cargo dentro de esa institución, según lo señalado por la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional.
“El tema pronto del Consejo Supremo Electoral, basta con la voluntad política, el señor Ortega no ha demostrado voluntad política, pero los nicaragüenses debemos seguir presionando para que se inicie este proceso en la Asamblea Nacional para tener magistrados que nos llamen a la confianza para poder votar”, señaló el experto.
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Acercamientos deben profundizarse
Álvarez refirió que la mejor opción para presentar una propuesta consensuada de reformas ante la Asamblea Nacional es a través de una alianza electoral, por ser una figura jurídica que contempla la Ley Electoral y exhortó también a fortalecer los acercamientos entre los dos bloques opositores (Alianza Ciudadana y Coalición Nacional) para que una candidatura unificada, presente una propuesta de reformas.
“Creo que deben mantenerse los acercamientos, profundizar en ellos, para definitivamente sentarse y de una vez por todas realizar esta alianza electoral que está demandando la población, yo sé que es difícil, no voy a ser irresponsable y decir que está a la vuelta de la esquina, pero tampoco tengo elementos de juicios para negar esa posibilidad”, refirió el constitucionalista.
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Cabe recordar que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la resolución denominada “Restableciendo las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua a través de elecciones libres y justas”, que fija como plazo mayo de 2021 para que el Gobierno Ortega implemente reformas electorales necesarias que garanticen elecciones libres, justas y transparentes en noviembre de ese año.
Esta resolución observa, entre otros puntos, la necesidad de modernizar el Consejo Supremo Electoral (CSE), instando a que el gobierno de Nicaragua acepte misiones de observación electoral independientes. Sin embargo, hasta la fecha el régimen de Ortega no da señales claras sobre estos cambios.
