El régimen de Daniel Ortega ha provocado un verdadero sismo en el sistema financiero y banca privada de Nicaragua, al ordenar a sus diputados la aprobación de una reforma de ley que a criterio de los bancos, obligaría a las instituciones financieras a restablecer servicios a personas e instituciones sancionadas por Estados Unidos por corrupción y violación de derechos humanos.
El panorama económico de Nicaragua, apenas en su segundo mes del año, ha sido fuertemente remecido por inauditas medidas políticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que amenazan directamente, a la banca y a la empresa privada.
Tras la aprobación de la reforma y adición a la Ley N°840 “Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias”, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) rechazó la normativa ya que podría aislar al país del sistema financiero internacional.
La peor crisis en 30 años
Michael Healy, presidente del Cosep, en una conferencia de prensa virtual este 3 de febrero, calificó la situación como la peor crisis del Sistema Financiero Nacional en los últimos 30 años: “la situación de Asobanp (Asociación de Bancos Privados de Nicaragua) es bien critica, porque la situacion en que nos está poniendo esta ley a los nicaragüenses, es la peor situacion que hemos tenido en el sistema financiero y los sectores (privados) prácticamente en los últimos 30 años”.
“Esta situacion del gobierno unilateral de venir de tratar de obligar a los bancos a tomar medidas que son prohibidas por las entidades financieras internacionales, lo que pone en riesgo es que el sistema financiero nacional pueda desaparecer debido a la decisión del gobierno con esta reforma”, denunció el líder empresarial, quien advierte que tal medida puede generar reacciones en cadena y potencialmente desaparecer el actual sistema financiero.
“Lo que nos puede afectar es que todos estos bancos puedan perder sus corresponsalías internacionales, lo cual obligaría a Nicaragua a quedar en una isla, fuera del sistema financiero internacional”, alertó.
La reforma aprobada por la maquinaria orteguista en la Asamblea Nacional, obliga a las entidades financieras mantener operativas las cuentas bancarias y servicios de usuarios e instituciones públicas, de lo contrario serían multadas y sancionadas por el gobierno.
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¿Desastre financiero?
Esta nueva maniobra legislativa pretende, a criterio del Cosep, beneficiar a funcionarios e instituciones sancionadas internacionalmente por actos de corrupción y violación a los derechos humanos en Nicaragua.
De acuerdo con la cúpula empresarial, estas nuevas reformas vendrían a promover prácticas que incitarían el lavado de dinero y pondría al país en riesgo de pasar a la “lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”.
El sector empresarial señaló diversos efectos negativos, entre ellos el cierre de las cuentas de corresponsalía bancaria, la imposibilidad de recibir remesas, de enviar o recibir transferencias internacionales, el cierre de líneas de crédito del exterior y la cancelación de contratos con las marcas de tarjetas de crédito.
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Sostenibilidad económica afectada
Por otro lado, según los comunicados de la banca y la empresa privada, la actual reforma ocasionará un sin número de problemas y trabas para realizar exportaciones e importaciones, puesto que los bancos corresponsales de los entes financieros se verán obligados a cortar relaciones y la rentabilidad de la inversión extranjera también se vería mermada.
“Con esta reforma se estaría afectando la sostenibilidad económica y financiera del país y el marco jurídico que regula la relación entre las entidades financieras y los usuarios de estos servicios. También se afectaría la seguridad y confianza en nuestro Sistema Financiero Nacional en relación con las entidades financieras internas y del sistema global, así como el acceso a los mercados internacionales y de capitales financieros necesarias para el desarrollo integral y sostenible del país”, explica un comunicado emitido por el Cosep.
La preocupación del COSEP se sumó al rechazo de Amcham y a la iniciativa de la Asociación de Bancos Privados (ASOBANP), la cual remitió una comunicación a los diputados de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional de Nicaragua, advirtiendo que esta reforma evitaría que los bancos elijan libremente con quién iniciar y cancelar relaciones comerciales.
Relaciones comerciales en peligro
Por otro lado, el economista René Escoto tachó de “muy preocupante” la aprobación a esta reforma, considerando que aumentará el riesgo país, lo que implica que agentes comerciales externos verán como peligrosas las inversiones, transacciones o relaciones comerciales con Nicaragua.
“Esto pone en riesgo los préstamos que instituciones financieras en el extranjero realizan a la banca privada nacional, porque elevarían la tasa de interés a los bancos, provocando que los créditos a empresas nacionales sean más caros y menos rentables, siendo obligadas a no invertir en más en plazas de empleo”, aseguró el experto.
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Terremoto fiscal
No obstante, estas no serían las consecuencias más graves, según Escoto, ya que “la ley es general” y convierte en enemigos potenciales a todo cuentahabiente o usuario que desee emplear dicha ley “invirtiendo los papeles” y dándole el poder total a quienes reciben los servicios de estas entidades bancarias en todo el país.
“En el caso de la persona que no está sancionada las entidades financieras tienen la opción de pagar una multa o reabrir las cuentas, pero aún no termina ahí estas medidas que afectan el sistema financiero son sistemáticas y profundas, que duran años, es mucho más grave de lo que se percibe”, expresó preocupado el economista, asegurando que esto provoca “un terremoto en el sistema de la banca privada”.
La ley pone en “una encrucijada” a los bancos, puesto que, si deciden no pagar la multa para evitar demandas y exageradas multas por ciudadanos sancionados, los bancos internacionales pararían todo tipo de transacciones con las entidades que mantengan activas las cuentas para “no contaminarse”, provocando un desplome en el sistema financiero.
