Este 25 de marzo se llevó a cabo una audiencia de apelación en el caso del periodista independiente David Quintana, condenado por el supuesto delito de calumnias. Según la abogada María Oviedo, los alegatos de la defensa se basan en que el emisor de la sentencia no cumplió con la técnica jurídica al momento de hacer la valoración de la prueba y que no hubo fundamentación establecida en la ley.
Oviedo detalló, que el tipo penal de calumnia establece que se va a sancionar con días multas a una persona que impute falsamente un delito a otra persona. En ese sentido destacó que su representado David Quintana, en ningún momento ha imputado un delito a las presuntas víctimas, únicamente dio cobertura a una noticia.
“Estamos esperando a partir de hoy de que la jueza a través de sentencia se pronuncie sobre si le da lugar o no a la apelación”, informó Oviedo.
Advirtió que se ha solicitado la revocación de la sentencia y un fallo de no culpabilidad, siendo este procedimiento la última instancia que la ley permite. Oviedo expresó que de confirmarse la sentencia en el lapso de 30 días, su representado deberá cumplir la sentencia.
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Ley mandata mediación
Oviedo refirió además que la ley mandata que en casos de injurias y calumnias el primer procedimiento es convocar a una mediación “y esto jamás ocurrió” en el caso de Quintana. “El juez jamás convocó a mi representado a una mediación con la contraparte”, enfatizó la abogada.
Oviedo lamentó que en el caso de los periodistas, es bien delicada la situación en que viven y que trabajan más las leyes que han entrado en vigencia en los últimos meses.
“Es una profesión que se ha vuelto muy peligrosa, no solo por la integridad física que ponen en riesgo todos los días (…) si no también por que pueden ser objeto de este tipo de procesos penales infundados por resoluciones judiciales que no se ajustan a los procedimientos establecidos por la ley”, declaró Oviedo.
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Trabajo no se detiene
El periodista David Quintana refirió que durante la audiencia de hoy se le acusó de “ser mal periodista”, aduciendo que no buscaba a todas fuentes.
En ese sentido, Abigail Hernández de la Comisión Ejecutiva de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), mencionó que cada periodista tiene una línea de trabajo y la prensa independiente ha sido muy responsable y más desde el año 2018 en verificar lo que dice, en constatar las fuentes.
“Este es un caso de tipo civil, en el que David Quintana fue a cubrir un evento y donde las fuentes estaban in situ y lo que reportó fue un acto del momento”, destacó Hernández.
La también periodista señaló que para nadie es un secreto que “en este país hay inaccesibilidad a la información pública y esto está presente y es no solo una estrategia, es una política del actual Estado nicaragüense (…) y más cuando sos periodista independiente”.
Quintana mencionó que su juicio “es la continuidad de una serie de agresiones que se han venido sufriendo” en el país. Y agregó que espera que quede registrado ante la opinión pública y la comunidad internacional. “Creemos que gracias al trabajo colaborativo vamos a seguir haciendo periodismo pese a las circunstancias porque nosotros estamos del lado correcto”, destacó Quintana.
Juicio arbitrario
De igual forma, Hernández declaró que es muy difícil trabajar con fuentes estatales cuando no están dispuestos, ni dispuestas a contestar preguntas sobre todo aquellas que van encaminadas a la fiscalización de recursos, actos de corrupción y tráfico de influencias.
“En este caso específico como PCIN hemos dicho que “esto es juicio arbitrario, sin fundamentos”, dijo Hernández.
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La representante de PCIN, lamentó que en el país se sigue intensificando la represión contra periodistas y medios “no es algo que inició en 2018, es una lucha ya campal que viene desde 2007 con diferentes estrategias de tipo políticas y administrativas por parte del actual
Finalmente Hernández señaló que los periodistas enfrentan todo tipo de agresiones que van desde acusaciones arbitrarias, acoso, hostigamiento y presión psicológica, juicios anómalos, ataques a la credibilidad y persecución en coberturas.
