El pasado 13 de abril el medio de comunicación El Faro, pionero en el periodismo digital en Latinoamérica, anunció el traslado de sus operaciones administrativas de El Salvador, país de origen, a Costa Rica, país de acogida, ante la falta de condiciones para operar como empresa.
La noticia se reveló en un editorial titulado El Faro se cambia de casa. Así acabaron 25 años de servicio como empresa editorial bajo la firma Trípode, S.A. de C.V., con la que surgió.
Desde el 1 de abril de este año, El Faro es administrado por la Fundación Periódica, en San José, Costa Rica, país de Centroamérica que, junto a Panamá, apenas se salvan de los ataques contra el periodismo que asolan al istmo.
Costa Rica como una isla para el faro
Según la organización Reporteros sin Fronteras, en Costa Rica los periodistas no sufren ni hostigamiento, ni amenazas, ni vigilancia, ni encarcelaciones por parte del gobierno.
El presidente Rodrigo Chávez y algunos políticos han llegado a criticar a la prensa, pero estos casos siguen siendo excepcionales.
“El periodismo está protegido por la legislación del país, y la Sala Constitucional garantiza la protección de la confidencialidad de las fuentes y el secreto profesional”, dice RSF.
El argumento de El Faro en su decisión es claro: no hay condiciones en El Salvador para informar libremente.
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Bukele contra la prensa
“El desmantelamiento de nuestra democracia, la falta de controles al ejercicio del poder de un pequeño grupo, los ataques a la libertad de prensa y el cierre de todo mecanismo de transparencia y rendición de cuentas en El Salvador amenazan seriamente el derecho ciudadano a estar informado”.
Los hechos que lleva a ese colectivo a hacer maletas han sido demostrados ampliamente: durante la administración del presidente Nayib Bukele, El Faro y sus trabajadores han sido objeto de campañas de deslegitimación, difamación y espionajes.
Han sufrido amenazas penales, presiones fiscales, censura y todo tipo de agresiones discursivas de un régimen intolerante a la crítica.
La situación de El Faro es, a todas luces, y tristemente, moneda común en la región tal y como lo señala con precisión el editorial del medio.
“La criminalización del periodismo es, lamentablemente, cada vez más utilizada por los gobiernos de la región, paralelamente a la acumulación de poder y el debilitamiento de las instituciones democráticas y los movimientos civiles”.
El Faro
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Estado del periodismo en Centroamérica
El recuento es, cuando menos, aterrador para el estado de la prensa libre y el periodismo independiente en Centroamérica según la siguiente y textual información del medio salvadoreño:
- En Guatemala, una docena de periodistas enfrentan procesos judiciales y el presidente de elPeriódico, un medio que ha denunciado graves casos de corrupción en la actual administración, fue encarcelado y acusado de lavado de dinero en un proceso lleno de irregularidades.
- Honduras ocupa el lugar más bajo de la región en el índice de libertad de prensa y la llegada de un nuevo gobierno no ha supuesto grandes cambios para el ejercicio periodístico. Siguiendo los patrones de El Salvador, la presidenta Xiomara Castro ha decretado también estado de excepción; y ha debilitado el mecanismo de protección a periodistas en riesgo.
- Nicaragua presenta el caso más perverso. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cerrado todos los medios de comunicación que le son críticos y hoy es el único país del continente que no cuenta con un periódico impreso.
Una docena de periodistas y trabajadores de medios han sido despojados de su ciudadanía y casi doscientos periodistas intentan hoy informar desde el exilio, huyendo de la represión y la cárcel, donde hoy yace el reportero Víctor Ticay. - En El Salvador, el Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) considera que la libertad de expresión y de prensa atravesó un “estado crítico” durante el 2022, bajo el régimen de excepción instaurado por elpresidente Bukele desde marzo.
“El año 2022 significó un punto crítico para la prensa salvadoreña en donde el espionaje ilegal, hackeos telefónicos, retenciones arbitrarias, abuso de poder militar y policial, reformas legales antiprensa, así como las salidas de periodistas del país, fueron los hechos más graves registrados”, advierte APES.
