El Ministerio Público de Nicaragua ha citado a declarar con carácter de urgencia a ocho nicaragüenses más, entre periodistas independientes y exfuncionarios de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), en el contexto de una investigación por el delito de “lavado de dinero” en contra de la precandidata presidencial de Nicaragua Cristiana Chamorro.
Este martes 25 de mayo fueron citados los periodistas Roberto Mora, ex corresponsal del diario La Prensa y actual periodista de Radio ABC Stereo, además Argentina Olivas directora de Radio Mi Vos en Matagalpa. Por otro lado el comentarista político Jaime Arellano y el director o representante legal de Radio la Costeñísima en Bluefields.
El día anterior, 24 de mayo, esta entidad gubernamental citó a Fabio Gadea Mantilla, director de Radio Corporación, Verónica Chávez ex directora ejecutiva de 100% Noticias y María Lilly Delgado, corresponsal de Univisión. De igual forma Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, exfuncionarios de la FVBCH.
Las entrevistas se dieron en medio de un fuerte despliegue policial y de civiles que tomaban fotografías y videos a los periodistas. Además se reportaron daños a vehículos de periodistas y activistas que se presentaron al lugar.
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Información sobre la relación con la FVBCH
Fabio Gadea y Verónica Chávez fueron los últimos periodistas que se presentaron a declarar este 25 de mayo.
Chávez refirió que se le permitió ingresar con su abogada y que las preguntas se centraron en el tipo de relación que el canal 100% Noticias mantenía con la FBVCH.
Por su parte la abogada Eyling Cruz explicó que la Fiscalía cambió el manejo del caso en comparación a los periodistas citados en horas de la mañana. “Fue una situación bastante distinta al panorama que se vio en la mañana, cambiaron llamativamente de postura y permitieron que ella pudiera declarar como testigo en presencia de su abogada”, expresó.
De “testigos” a “imputados”
En el caso de las periodistas Maria Lilly Delgado, Lourdes Arróliga y el defensor de Derechos Humanos, Guillermo Medrano, quienes se presentaron en horas de la mañana para ser “entrevistados” como testigos, pasaron a ser “investigados”, por solicitar la presencia de sus abogados defensores durante su declaración.
“Se nos insistió que el abogado (de los periodistas) no podían estar ahí porque estábamos en calidad de testigos y que si nosotros insistíamos en que nuestro abogado estuviera ahí, entonces la Fiscalía basándose en el marco jurídico del país tendría que cambiarnos de calidad de testigos a investigados” explicó Delgado.
Señaló que firmó una declaración de la cual no le dieron copia y donde expresa que está dispuesta a colaborar con las autoridades en este proceso, siempre y cuando esté un abogado presente.
Sin garantías mínimas
En tanto Lourdes Arróliga, exfuncionaria de la FVBCH, reiteró que una vez que firmaron el acta de declaración “se nos insistió en la posibilidad de colaborar en este proceso de investigación por lavado de dinero (…) les reiteramos a cada uno de los fiscales que en vista que nos están cambiando la citatoria de testigos a imputados nos apegamos al artículo 34 de la Constitución y nos reservamos el derecho a no declarar”.
La Constitución Política en el Artículo 34 refiere que todo procesado tiene derecho, en igualdad de condiciones, a garantías mínimas entre ellas a que se garantice su intervención y defensa desde el inicio del proceso y a disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa.
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Condena a la criminalización del periodismo
El gremio de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), condenó mediante un comunicado la criminalización del periodismo independiente en el país e hizo un llamado al régimen de Daniel Ortega a “detener su estrategia de inmiscuir a periodistas en luchas políticas”.
Además diversos organismos nacionales e internacionales han elevado su protesta por la ola de agresiones en contra de periodistas, defensores de derechos humanos y medios de comunicación, mientras la noticia le da la vuelta al mundo.
De acuerdo al Ministerio de Gobernación (Migob), la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) “incumplió gravemente sus obligaciones ante el ente regulador y del análisis a los estados financieros del período 2015 – 2019”-
La FVBCH cerró en febrero del 2021 debido a la presión de un combo de Leyes represivas aprobadas por el régimen de Nicaragua, en especial la La Ley de Ciberdelitos.
