La Ley de Agentes Extranjeros, vigente en Nicaragua desde diciembre de 2020, ha obligado al cierre de operaciones a varias organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, que rechazan la normativa que los califica como “agentes externos”.
Este 5 de febrero la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), dedicada a la promoción de la libertad de expresión y libertad de prensa, cerró operaciones en rechazo a la citada legislación sandinista.
Con más de 20 años de servicio, la Fundación anunció el cese indefinido de operaciones en total rechazo a la legislación que los obligaría a reconocerse como agentes externos al servicio de intereses contra el país.
Lea más de Literal: Naciones Unidas señala a Nicaragua de violar su propia Constitución y derechos humanos
Ley inconstitucional
“Ante la aprobación y vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros y su normativa, su Asamblea de Miembros y Consejo Directivo han decidido suspender operaciones”, expone el documento leído por Ana Elisa Martínez, directora del Programa de Medios de Nicaragua de la FVBCH.
Ella leyó que desde hace más de 20 años promocionan con rigurosidad la libertad de expresión, el acceso a la información pública, la defensa de los derechos humanos y la promoción de iniciativas ciudadanas por el bien común.
La FVBCH, “no acepta la pretendida imposición de registrarse como Agente Extranjero, establecida en una ley inconstitucional, violatoria de todo principio de libertad de organización”.
Martínez señaló que el pretexto de salvaguardar la soberanía y seguridad nacional que se invoca en tal ley, “es improcedente, puesto que ya está asegurada por otras leyes, en el marco jurídico nacional”.
Lea también: Aprueban reforma que aumenta hasta en 90 días la prisión preventiva
Sin resolución oficial
La FVBCH insiste que se trata de “una clara manipulación que persigue paralizar el funcionamiento de organismos que el gobierno considera contrario a sus lineamientos, en evidente violación a los derechos humanos universales, la libertad de pensamiento y de difusión, la democracia y el Estado de Derecho”.
En la comunicación, la FVBCH hace del conocimiento público que la Corte Suprema de Justicia continúa sin resolver los recursos por inconstitucionalidad que diferentes organizaciones de la sociedad civil interpusieron en contra de la Ley de Agentes Extranjeros.
Denuncian que la “Normativa de regulación, supervisión y sanción de agentes extranjeros”, representa otro instrumento diseñado para perseguir y aplastar a quienes nos resistimos al designio de cautiverio y sumisión a que nos quieren someter con arbitrariedades que exceden los límites constitucionales en ruta contraria a la construcción de la institucionalidad democrática que tanto anhela el pueblo de Nicaragua”.
Más de Literal: Daniel Ortega provoca sismo en el sistema financiero de Nicaragua
También cerró PEN Nicaragua
Las organizaciones de escritores intelectuales no escapan a la jornada represiva que, por medio de leyes y decretos, ha impuesto el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Esta vez le tocó la mala hora a PEN Nicaragua
La escritora y poeta Gioconda Belli, presidente de la filial nicaragüense de la organización Escritores y Periodistas Internacionales (PEN), anunció el 4 de febrero el cese de actividades de este ente cultural internacional.
PEN existe desde 1921 y reúne a más de 40,000 intelectuales de todo el mundo, con presencia en 140 países, incluyendo a Nicaragua, donde dedicaban jornadas de promoción de lectura, debate culturales y denuncia de abusos y violaciones contra los derechos de periodistas y escritores nicaragüenses.
Le puede interesar: Ortega castiga más al periodismo independiente en Nicaragua
Una voz más que se apaga en Nicaragua
“Desde 2018, debido a que aunque presentamos en regla los documentos solicitados, no se nos extendió certificación por parte del Ministerio de Gobernación, como les sucedió a varias ONG, perdimos la posibilidad de optar a proyectos y nuestra cuenta bancaria fue cancelada. PEN Nicaragua, desde entonces ha funcionado al mínimo haciendo un esfuerzo voluntario para continuar en 2020 con los LibroForos, que siguieron siendo muy bien recibidos por el público”, detalla la presidente de Pen Nicaragua desde 2014 hasta la fecha.
Según Belli, la citada ley de agentes extranjeros, “con sus infinitos requisitos que requerirían un personal del que carecemos, sólo se aplica en nuestro caso por suscribirnos a los ideales y las propuestas éticas de PEN Internacional”.
“PEN no nos impone un determinado modo de funcionar, ni existe otra vinculación más que la de formar parte de este tejido internacional de centros culturales y de apoyo a la labor de los escritores”, dice Belli.
Etica y Transparencia renuncia a financiamiento externo
Otra organización de la sociedad civil que se ha visto afectada con la ley de marras es el Grupo Cívico Ética y Transparencia, oficina que este 5 de febrero rechazó el contenido y aplicación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y su Normativa para Regulación, Supervisión y Sanción.
El organismo anunció que no se inscribirán como “agente” porque no aceptarán cooperación financiera internacional para realizar sus funciones de observación electoral.
En un comunicado y posterior conferencia de prensa, el director ejecutivo de Ética y Transparencia, Roberto Courtney, informó que dejarán de recibir cooperación externa y trabajarán con donaciones de personas nacionales. La Ley Putin y su normativa buscan inhabilitar los derechos individuales, civiles y políticos de cada nicaragüense que el Ministerio de Gobernación considere como Agente Extranjero por recibir financiamiento externo.
Le puede interesar: Nicaragua: a la caza de agentes extranjeros
US$15,000 dólares para observación electoral
“Como un organismo de observación electoral con reconocimiento nacional e internacional, Ética y Transparencia, deja constancia pública, que no es objeto de dicha ley y reglamento, pues desde la entrada en vigencia de la referida ley, esta fundación decidió que hará sus labores usando exclusivamente donaciones de personas nacionales. A partir de este momento, Ética y Transparencia, reitera que no aceptará cooperación financiera internacional, sin exclusión alguna”, dijo Courtney.
El organismo informó que cuentan con 15 mil dólares, recaudados a nivel nacional, para realizar la tarea de observación de los próximos comicios generales en noviembre 2021.
“Contamos como recurso fundamental, las enormes donaciones de tiempo y esfuerzo de una red de voluntarios, todos nacionales y una recaudación entre los miembros de la asamblea y amigos de ET por $15,000.00 dólares suficientes para acometer la tarea de observación bajo las actuales condiciones”, indica.
CPDH en peligro de cierre
Otra organización de la sociedad civil cuyo destino es incierto, es la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), la última oficina de su tipo que opera de manera independiente en Nicaragua.
En conferencia de prensa este jueves 4 de febrero, el abogado Denis Darce de la CPDH, aseguró que a la fecha, el Ministerio de Gobernación ha impedido el registro de la organización y no ha informado si hay algún tipo de decisión.
“El día de hoy estuvimos dos veces en la misma oficina presentando requisitos relacionados con el tema y no hay una decisión sobre eso”, enfatizó, ante los rumores sobre su posible cierre debido a la falta de voluntad del ente estatal en aceptarle la documentación requerida.
Ante la incertidumbre, Darce recalcó que como CPDH, continúan en el cumplimiento de los requisitos para operar legalmente en el país como promotores y defensores de derechos humanos.
“Estamos cumpliendo, seguimos trabajando normalmente, nuestras oficinas están abiertas para la que la población asista a interponer sus denuncias. Estamos manteniendo el servicio de acompañamiento y asistencia legal a las personas que están siendo procesadas criminalizando su derecho a pensar diferente”, destacó Darce.
Lea más: CPDH: en peligro la última oficina de derechos humanos en Nicaragua
Una ley inconstitucional
El pasado octubre, la Asamblea Nacional, dominada por los sandinistas, aprobó la ley de regulación de agentes extranjeros, que determina como objetivo establecer el marco jurídico de regulación aplicable “a los nicaragüenses o personas de otra nacionalidad que, respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento extranjero, utilicen esos recursos para actividades que deriven en injerencia de gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en asuntos internos y externos de Nicaragua”.
Con esta norma, Gobernación obliga a las personas o instituciones que a su criterio sean considerados “agentes extranjeros”, a registrarse, presentar sus fuentes de ingresos y origen de los mismos y monitorear el destino de los recursos.
Además, podrá establecer con el reporte financiero de estas asociaciones y personas que si no hay cumplimiento de las normas, lo reportará a la Unidad de Análisis Financiero como sospechosos de lavado de dinero o crimen organizado y tendrá que responder a un proceso penal que penaliza con cárcel, multas de hasta 500 mil dólares, confiscación de bienes y congelamiento de cuentas a los “sospechosos”.
