Las resoluciones de medidas cautelares a favor de los periodistas emitidas por la CIDH desde 2018, no han sido respetadas por el Estado de Nicaragua y sus instituciones, principalmente por la Policía Nacional y grupos de paramilitares afines al régimen del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.

Así lo observan dos expertos en derechos humanos y un especialista en comunicación consultados por Literal Periodismo Ciudadano.

Entre 2018 y 2019, la CIDH recibió 437 solicitudes de protección a personas en riesgo en Nicaragua, una cifra que supera todas las acumuladas en Centroamérica en el mismo período.

De esas solicitudes, la CIDH aprobó 81 resoluciones que cubrían a 52 periodistas y personal de medios de comunicación.

Otras 89 peticiones se detuvieron en el proceso porque comunicadores y trabajadores de los medios de comunicación bajo riesgo se fueron al exilio.

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Nicaragua, líder en represión en Centroamérica

De acuerdo a datos de la CIDH, ningún otro país en Centroamérica se acerca, ni de lejos, a la cantidad de periodistas bajo riesgo y con medidas cautelares en Nicaragua.

Sin embargo, la mayoría de los periodistas beneficiados, lejos de sentirse protegidos, se quejan de haber recibido más presión, amenazas y ataques institucionales por su labor de informar.

Para el abogado especialista en derechos humanos y derechos internacionales, Uriel Pineda Quinteros, los periodistas tienen razón en sus quejas de inseguridad e indefensión.

Medidas cautelares en teoría

Para él, una resolución de medida cautelar consiste en un llamado al Estado, que hace la CIDH para evitar un daño grande o irreparable cuando está en riesgo la vida de una persona derivado justamente de su labor periodística.

El contenido del llamado de la CIDH a los Estados, explica Pineda, es específicamente para otorgarle protección a ciertos individuos, pero no emite lineamientos específicos sobre cómo garantizar la vida o seguridad de las personas.

No obstante, por regla general, una vez que la CIDH emite medidas cautelares, en el último resolutivo llama al Estado miembro a ponerse de acuerdo con la persona en riesgo para garantizar su seguridad, garantizando su privacidad, su voluntad y su dignidad.

“El Estado que recibe el llamado debe buscar a la persona en riesgo y coordinar medidas de protección que garanticen su vida y sus labores, entre estas medidas puede haber rondines policiales constantes, escoltas personales, se puede reubicar a la persona, activar un botón de pánico o un mecanismo de alerta ante autoridades policiales o cuerpos de seguridad dice Pineda.

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Papel mojado ante el régimen

Sin embargo, en Nicaragua no sucede así.

“Aquí el régimen tiene más de 10 años de no implementar medidas cautelares”, dice Pineda, quien comenta que el último caso a quien recuerda que se le puso escolta policial fue a la presidente del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Nuñez, en 2008, pero diez años después, en 2018, la misma Policía Nacional asaltó su sede y la Asamblea Nacional, controlada por el gobierno, le retiró su personalidad jurídica.

“Realmente nunca ha habido voluntad del presidente Daniel Ortega para cumplir las medidas cautelares de la CIDH”, dijo Pineda.

Según el especialista, el Estado de Nicaragua no tiene evidencias para demostrar internacionalmente que ha acatado las medidas cautelares, pero los organismos internacionales de fiscalización de derechos humanos sí tienen evidencias para demostrar que Nicaragua, al contrario, ha sido persistente violando las medidas sugeridas por la CIDH.

“El Estado de Nicaragua no acata las medidas cautelares de protección de los periodistas y activistas de derechos humanos, porque es el mismo régimen el que provoca como política de Estado los factores de riesgos, con sus fuerzas de seguridad, sus fuerzas paramilitares, sus seguidores organizados y sus instituciones”, dice Pineda.

Para el especialista en derechos humanos, básicamente la utilidad de las medidas cautelares dictadas por la CIDH al Estado de Nicaragua para proteger la vida e integridad de los periodistas, lejos de su implementación o aplicación, “han servido como una especie de herramienta disuasiva para el Estado, para que baje su nivel de intensidad en la represión”.

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Ortega lee como quiere

Según Guillermo Medrano Coordinador de Derechos Humanos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, los comunicadores que se quejan de indefensión ante el régimen nicaragüense lo hacen porque el Estado no ha respetado ninguna de las medidas cautelares dictadas por la CIDH.

“Negativo, ninguna. No solamente la de los periodistas, si no que de ninguno de los defensores de derechos humanos ni de otros ciudadanos que han recibido el beneficio”, enfatiza Medrano.

El analista insiste en que el Estado, por medio de sus instituciones y principalmente por la Policía, hace todo lo contrario a lo solicitado por las organizaciones internacionales de derechos humanos; ejemplificó casos como el de los periodistas Carlos Eddy Monterrey de Bluefields, Eduardo Montenegro de Matagalpa y Aníbal Toruño de León.

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Régimen represivo al desnudo ante el mundo

“Son periodistas que tienen medidas cautelares y se les siguen violentando sus derechos. Aquí en Nicaragua no existe el más mínimo respeto a esa medida, más bien como que cuando te entregan esas medidas se arrecian más las agresiones y los asedios”, enfatizó Medrano.

Agregó Medrano que la CIDH, otorga esas medidas cuando se demuestra que la persona beneficiaria se encuentra en una situación de gravedad o de urgencia, donde el derecho a la vida y a la integridad personal está en grave riesgo.

“Si no, no te las entregaría”, apuntó Medrano.

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El caso de Sergio León

Según el especialistas en libertad de expresión, “el Estado se ha quedado sin ninguna evidencia para más adelante, cuando tengamos justicia independiente, poder demostrar internacionalmente que ha acatado las medidas cautelares. En cambio, los organismos internacionales fiscalizadores de derechos humanos, si tienen evidencia para demostrar que en Nicaragua al contrario, persiste en la violación de los derechos”.

Medrano también hizo referencia al caso del periodista Sergio León, director de Radio La Costeñísima quien aún con medidas cautelares fue citado a una mediación y martirizado en medio de una enfermedad que lo llevó a la muerte.

“Lamentablemente falleció el 14 de junio, sin haber gozado un solo día de protección estatal (…) justo un año atrás le habían otorgado medidas cautelares la CIDH, pero directamente no existe garantías para nadie”, lamentó Medrano.

Un gestor de medidas cautelares

El abogado Salvador Lulio Marenco es miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y parte del equipo de incidencia que ha estado a cargo de la elaboración y trámite de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Bajo sus funciones, la organización de derechos humanos logró que se otorgaran medidas cautelares para más de 10 periodistas de Notimatv, medio de comunicación en Matagalpa, y actualmente se encuentran en trámite para gestionar medidas similares para el periodista Gerall Chávez y a sus familiares, amenazados de muerte en Carazo.

Su objetivo, en estas funciones, es clave: “buscamos las medidas cautelares porque tienen el principio de proteger y la finalidad de asegurar la vida de las personas amenazadas”.

Ante la presión ejercida por el gobierno en contra de los medios de comunicación tradicionales muchos periodistas han decido enfocarse en el periodismo digital. Literal/Cortesía  

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Estado deslinda responsabilidad

¿Una vez que la CIDH ha analizado los casos y determinado que este periodista necesita ser protegido, qué es lo que corresponde al Estado en estas situaciones?

“Bueno, en principio es importante mencionar que la Comisión Interamericana, así como el sistema universal, actúan bajo el principio de subsidiariedad”.

Esto significa que el principal responsable de proteger, garantizar, respetar los derechos humanos es el Estado, en este caso sería el Estado de Nicaragua y estos organismo internacional entra en el juego cuando el Estado en Nicaragua no cumple, no respeta y no garantiza los derechos humanos reconocidos a nivel interno, pero también reconocidos en tratados internacionales como la Convención Americana sobre derechos humanos.

“Partiendo de esto, el Estado tiene la obligación de proteger a estas personas cuando la Comisión le pide adoptar medidas cautelares”.

Si bien es cierto que el Estado ha tomado en cuenta estas medidas únicamente para informes a nivel internacional, el Estado recientemente respondió al Comité de Derechos Humanos en un informe que no brindaba desde hace más de diez años, diciendo que han brindado medidas cautelares, pero que las víctimas o que las que los propuestos beneficiarios no han acordado con el Estado qué medidas de protección se debe hacer”.

Las amenzas y agresiones a periodistas han sido condenadas por entidades nacionales e internacionales como la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y Reporteros Sin Fronteras. Literal/Cortesía

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El grave caso de Gerrall Chávez y el terror

Según el abogado desde el exilio, el Estado de Nicaragua ha querido con algunos mecanismos internacionales, desligar su responsabilidad de proteger y adoptar medidas “que en principio serían las primeras que nosotros hemos estado pidiendo: el cese de los hostigamientos”.

“Esa es la primera medida que se debería adoptar por parte del Estado. El cese de los hostigamientos y las acciones cometidas en contra de los y las periodistas, pero también adecuar el contexto nacional para que les permitan a los periodistas realizar libremente su función y se realice un proceso de investigación interno en todos los atentados cometidos contra ellos”, refiere el jurista.

“Vemos el caso recientemente de Gerall Chávez (amenazado con ser decapitado) y a pesar que es un hecho público y el Estado ante un hecho público tiene la obligación de realizar investigaciones, se desconoce cualquier acto investigativo que el Estado y sus instituciones hasta el momento haya hecho para proteger la vida y la integridad no solo del periodista, sino también de su núcleo familiar y de todo el entorno”, dice Marenco.

El abogado del Colectivo Nicaragua Nunca Más, denuncia el caso de la periodista Kalua Salazar como un ejemplo de impunidad y continuación de amenazas del Estado contra una periodista.

Radio La Costeñísma denuncia constantemente asedio a sus instalaciones y a las casas de habitación de sus colaboradores. Literal/Cortesía

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El mensaje tras el juicio a Kalúa

Ella está enfrentando un proceso judicial después de develar un informe o un análisis sobre la corrupción en una municipalidad.

Salvador Lulio Marenco, tras analizar el comportamiento del Estado y sus instituciones contra los periodistas, considera que los periodistas deben ser más activos en el manejo de sus derechos humanos y acudir a instancias legales para demandar medidas cautelares y hasta medidas previsionales ante foros internacionales.

“Lo interesante de estas medidas cautelares en las resoluciones otorgadas es que la CIDH ha valorado como un punto de urgencia para otorgar estas medidas, que los periodistas son tendientes a seguir recibiendo esta amenazas y hostigamientos o incluso atentados, porque van a seguir ejerciendo su labor periodística que es el núcleo esencial por el cual están recibiendo como forma de represión esta amenaza o actos de agentes estatales o paraestatales”.

Para él, el caso de Kalua es vinculante al ejercicio periodístico porque tiene una intencionalidad evidente de persecución y represalia por fiscalización de los asuntos públicos. 

La periodista Kalúa Salazar ha declarado que continuará informando desde los micrófonos de radio La Costeñísima. Literal/Pixabay

En lista negra de represores mundiales

“El mensaje es este: Si vos seguís realizando investigaciones periodísticas y seguís informando acerca de las graves violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado y sobre los graves actos de corrupción del gobierno central y municipalidades, lo que te va a tocar como periodista es un juicio, tenés un efecto disuasorio en la acción periodística. Te tenés que alinear”, dice el abogado.

Para el defensor de derechos humanos, “el Estado ha tratado de maquillar el cumplimiento de estas medidas cautelares”.

 “Sin embargo, no las ha cumplido” dice y asegura que ello le ha valido una pérdida irrecuperable de credibilidad en los foros internacionales.

Nicaragua fue incluida en el capítulo cuarto del Informe de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el año 2018- 2019, en el cual se incluye como uno los Estados violadores de derechos humanos a nivel mundial.

Como medida represiva el gobierno de Nicaragua ha judicializado al menos cinco periodistas independientes entre ellos Elsa Espinoza y David Quintana. Literal/Cortesía

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En el ojo público

“A nivel internacional esto tiene afectaciones inclusive para solicitud de préstamos, sanciones unilaterales o también sanciones a nivel de la Organización de Estados Americanos, de la Unión Europea, entre otras situaciones”, señala.

Y agrega que el incumplimiento de las medidas cautelares contra los periodistas “son uno de los elementos que toman en cuenta tanto la CIDH como los otros órganos, porque es, en el caso concreto, cómo se refleja la falta de voluntad que tiene el Estado para proteger y dar apertura a espacios democráticos”.

Para este reportaje, Literal buscó la opinión de la Procuraduría General de la República, institución que como abogado oficial del Estado, es la encargada de tramitar y organizar las medidas cautelares con las víctimas de la represión, pero no hubo respuesta.

De igual forma se buscó una respuesta formal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Mesa de Seguimiento de Nicaragua sobre su visión de estos aspectos, pero tampoco hubo una respuesta a las comunicaciones escritas y gestiones para obtener su información.