A raíz de la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua desde abril 2018, diversos sectores de la sociedad civil, periodistas y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales denuncian el constante irrespeto a las leyes, el abuso de la autoridad para silenciar las voces críticas en contra del régimen de Daniel Ortega y la criminalización del ejercicio periodístico y de protesta ciudadana. 

¿Pero qué hace el régimen de Daniel Ortega?

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro, expone en su informe de violaciones a la libertad de prensa correspondiente al mes de septiembre, que durante ese período se registraron 28 agresiones y ataques contra periodistas; de igual forma procesos judiciales y negativas de acceso a la información pública.

De acuerdo al Consolidado de Violaciones a la Libertad de Prensa en Nicaragua, presentado por la misma fundación, entre junio y septiembre 2020 la mayor parte de las agresiones contra periodistas vienen de agentes estatales.

A esta ola de ataques contra periodistas, se suma un embargo millonario a Canal 12, por supuesto incumplimiento a un reparo fiscal mismo que ha sido calificado  de arbitrario e ilegal de parte de sus dueños.

Nuevas leyes y sus consecuencias

Por otro lado, el gobierno de Daniel Ortega ha promovido desde la Asamblea Nacional leyes que según críticos amenazan directamente el ejercicio periodístico y el uso de las plataformas sociales para la denuncia ciudadana.

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Diversos organismos nacionales e internacionales han demandado al régimen de Nicaragua el respeto al ejercicio periodístico. Literal/Pixabay

Ley de Agentes Extranjeros

A partir de este 19 de octubre entra en vigencia La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, con la cual el régimen de Daniel Ortega tendrá control sobre fondos  de cooperación y podrá tomar acciones legales en contra de quienes incumplan la normativa.

A partir de la aprobación los “agentes extranjeros” tendrán 60 días para hacer efectiva su inscripción como tal ante el Ministerio de Gobernación. 

Según el Artículo 15 de esta Ley, cuando la autoridad competente tenga conocimiento de la existencia de personas naturales o jurídicas que actúan como agentes extranjeros y no estén registrados, se les notificará para que cumplan con el registro dentro del plazo no mayor de cinco días hábiles.

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“La autoridad competente aplicará multas, podrá solicitar la cancelación de la personería jurídica a la instancia respectiva en el caso de las personas jurídicas, todo sin perjuicio de las responsabilidades penales por la realización de actos que amenazan la seguridad soberana de la nación determinada por la autoridad judicial”.

En un comunicado reciente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos refirió que diversas organizaciones sociales y medios de comunicación independientes reciben fondos de la cooperación internacional, debido a la crisis de derechos humanos y la exclusión de estos medios del acceso a publicidad oficial o las restricciones impuestas por el Estado.

Antes del anuncio de estas nuevas propuestas de ley, al menos cuatro periodistas han sido acusados por delitos de injurias y calumnias. Literal/Pixabay

Ley Especial de Ciberdelitos o Ley Mordaza

Por otro lado, el pasado 28 de septiembre, se introdujo a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Especial de Ciberdelitos que establece penas de cárcel y multas para varias conductas relacionadas con el uso de medios digitales.

El gobierno amenaza con sanciones penales  a quienes publiquen o difundan  "información falsa y/o tergiversada”.

El Foro de Prensa Independiente de Nicaragua, mostró rechazó a la llamada “Ley Mordaza y denunció que bajo el falso pretexto de “descontaminar” la comunicación, el gobierno busca censurar toda información independiente.

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El Foro agregó además, que con esta iniciativa el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo amenaza no solo a los periodistas y medios de comunicación, sino también a la libertad de expresión de todos los ciudadanos nicaragüenses, dentro y fuera del país. 

De igual forma denunció, el cierre de más de 20 espacios radiales y televisivos en todo el país y la censura televisiva impuesta por la dictadura desde 2018. Exigen la suspensión de la censura para todos los medios de comunicación independientes.