En pleno 2020, ejercer periodismo independiente en Nicaragua se considera una profesión de alto riesgo; ya que el régimen de Daniel Ortega ha pasado de negar el acceso a la información pública, confiscar medios de comunicación y golpear periodistas, a la aprobación de leyes para encarcelar mediante artilugios legales a quienes emitan información que, a criterio del gobierno, constituya delitos.

A la fecha se han aprobado dos leyes que atentan contra la libertad de prensa y expresión: se trata de la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos conocida como Ley Mordaza.

Esta última pretende enjuiciar y encarcelar a quienes a criterio del régimen publiquen información “falsa”, mientras que la Ley de Agentes Extranjeros busca controlar fondos provenientes del extranjero que ante la crisis sociopolítica de 2018, y en muchos casos, tienen como destinatarios los medios de comunicación independientes.

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A criterio de Guillermo Medrano, Coordinador de Derechos Humanos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la Ley Mordaza es una bofetada a la libertad de expresión. “Una ley ordinaria no puede estar por encima de la Constitución”, declaró Medrano. 

Añadió que esta ley niega el derecho de los ciudadanos a buscar y recibir información en plena libertad, y cercena el derecho constitucional que tienen los periodistas y medios de comunicación en general de investigar y difundir información.

Continuar al lado de la verdad

Abigail Hernández de la Comisión Ejecutiva de Periodistas y Comunicadores Independientes (PCIN), planteó que ninguna ley es perfecta, por tal razón aunque el régimen esté encargándose de meter miedo, ruido y crear un estrés social, el gremio debe estudiar bien las leyes y así saber lidiar con ellas.

“Los y las periodistas hemos estado trabajando en un ambiente de crisis extrema durante los dos últimos años, pero una crisis que ya tiene más de 10 años de estarse desarrollando en el país. Hemos ido innovando y lidiando con las situaciones”, señaló.

Según Hernández, la única alternativa para librarse de la persecución y hostigamiento que ha emprendido el régimen es seguir realizando el trabajo de informar con apego a la ética y el rigor profesional.

Medrano coincide con Hernández y expone que los periodistas y medios de comunicación tienen que seguir “informando con la verdad, documentando los casos de violación a los derechos fundamentales, seguir siendo objetivos (…) y estar al lado de la verdad”.

La Ley de Ciberdelitos busca silenciar a periodistas y a cualquier ciudadano que denuncie o exprese inconformidad con el régimen de Nicaragua.Literal/Pixabay

Inexistencia de medios: oxígeno para el régimen

El defensor de derechos humanos refirió que la aprobación de la Ley de Ciberdelitos afectará la cobertura periodística, porque las fuentes periodísticas y los expertos van a tener temor de brindar sus puntos de vista porque la ley penaliza cualquier opinión.

Sin embargo, Medrano apuntó que “van a hacer falta cárceles, o van a estar llenas las cárceles de periodistas, porque yo no veo un periodismo doblegado o intimidado, sino que veo un periodismo comprometido a seguir denunciando las atrocidades que hemos visto en el régimen.”

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Hernández explicó que si el régimen logra silenciar un medio de comunicación, gana un espacio para seguir creando un discurso oficial alejado de la realidad que engaña a la ciudadanía nicaragüense y que obviamente les brinde la oportunidad a ellos de mantenerse en el poder.

“La inexistencia de medios de comunicación obviamente es oxígeno para cualquier dictadura, (…) simple y sencillamente se crea una nebulosa del país en el que estás viviendo y una cortina que no te deja ver más allá”.

Después de 2018 el aumento de la persecución, hostigamiento y amenazas contra periodistas ha venido aumentando exponencialmente. Literal/Cortesía

Una lucha de todos los nicaragüenses

La periodista hizo un llamado al gremio independiente a informarse, asesorase, estar unido, organizarse y a enfrentar esta situación como un bloque.

“Un bloque que no es activismo, si no que está luchando por la libertad de prensa, libertad de expresión y por el derecho constitucional que tienen los ciudadanos a informarse”.

Hernández recordó que esta lucha que no le compete solo a los medios de comunicación y a los periodistas. Le compete a la ciudadanía que está en los mercados, al gremio médico, a los abogados o a los ingenieros y a todo aquel nicaragüense que usa las redes para denunciar y, o, informarse.

"A todo el país le compete esta lucha ¿quién quiere vivir en un país de mentiras?",  cuestionó la periodista.