La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidió al Estado de Nicaragua que en un plazo de tres meses informe sobre las agresiones y hostigamientos que vivieron miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) luego de la crisis sociopolítica de 2018 que dejó cientos de muertos y miles de torturados y encarcelados, así como el cierre y asalto de medios de comunicación y  oficinas de derechos humanos en el país.

Lo anterior responde a una solicitud realizada por el CENIDH y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) el pasado 14 de mayo. La CIDH insiste que el gobierno tendrá una extensión máxima de hasta cuatro meses en caso de ser necesario, sin opción a prórroga para aumentar el tiempo.

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Con el reciente anuncio, la CIDH estaría admitiendo la petición realizada por las organizaciones, y por ahora solo quedaría esperar la respuesta del gobierno de Nicaragua durante los próximos meses.

En una nota publicada en la página del CEJIL, exponen que “el CENIDH es una de las principales organizaciones de promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua que, tras el inicio de la crisis democrática en abril 2018, ha cumplido una labor fundamental de documentación y denuncia de las violaciones a los derechos que sufren las personas nicaragüenses”.

Denuncian además, que a la fecha no se ha iniciado una investigación por los hechos denunciados en la petición inicial y no existe respuesta de los recursos de inconstitucionalidad y amparo interpuestos por la organización ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Con esta comunicación, el CENIDH informó sobre la solicitud de la CIDH al Estado de Nicaragua. Literal/Cortesía

Edificio confiscado y demolido

El CEJIL  expone con especial preocupación que recientemente se iniciaron trabajos para la demolición de las instalaciones confiscadas al CENIDH en su oficina de Managua, que ahora junto a la de otras entidades como el canal de televisión 100% Noticias  y las plataformas digitales Confidencial y la Revista Niú fueron asignadas de manera ilegal al Ministerio de Salud (MINSA).

“Así, el Gobierno de Nicaragua no solo ha cancelado la personería jurídica del CENIDH, sino que además, se ha apropiado ilegalmente de sus bienes e instalaciones en un contexto de intensificación de la represión estatal en contra de los y las defensoras”, lamenta el CEJIL. 

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El CENIDH ha venido trabajando desde hace 30 años en la promoción y defensa de los derechos humanos y fue una organización clave  que brindó acompañamiento durante represión ejecutada por el régimen de Nicaragua en contra de ciudadanos, periodistas y medios de comunicación independientes que exigían respeto a sus derechos constitucionales.

Finalmente el CEJIL, expone que la solicitud realizada por la CIDH constituye un avance en el camino de búsqueda por la justicia para las personas defensoras Nicaragua y especialmente la defensa de la causa del CENIDH.