Periodistas y defensores de derechos humanos coinciden que en Nicaragua la prensa independiente continuará dando la batalla de informar, pese al “combo de leyes represivas” impulsadas por el régimen de Nicaragua.

Las leyes a las que se hace alusión, aprobadas de manera arbitraria por el régimen de Daniel Ortega son: la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos.

A consecuencia de la primera, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) y Pen Internacional capítulo Nicaragua, cerraron sus puertas aduciendo que no se someterían a las consecuencias negativas de esta ley.

La Asamblea Nacional aprobó en 2020 la ley de Ciberdelitos, bautizada como Ley "Mordaza", que entre otras acciones castiga con cárcel a las personas y entidades que el gobierno considere difundan "noticias falsas" en las redes sociales o medios de comunicación.

La Ley de Agentes Extranjeros establece un marco jurídico de regulación a quienes reciban financiamiento extranjero y sanciona a quienes utilicen esos recursos para, según el régimen realizar actividades injerencista

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De igual forma establece un marco jurídico de regulación aplicable a las personas naturales y jurídicas, sean nacionales o extranjeras, que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento extranjero, utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de gobiernos, organizaciones, personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua, atentado contra la independencia, la autodeterminación y la soberanía nacional, así como la estabilidad económica y política del país, dice la normativa.

En un conversatorio promovido por la organización Voces del Sur, Lucía Pineda Ubau directora de 100% Noticias, lamentó el cierre de estas organizaciones y enfatizó que en Nicaragua se vive un “Estado de Indefensión por leyes represivas como la de Agentes Extranjeros y Ciberdelitos”.

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Según la periodista las leyes aprobadas van cerrando espacios cívicos en la sociedad. Literal/Captura de pantalla

Periodistas afectados

En tanto María Lilly Delgado, periodista independiente y corresponsal de medios internacionales afirmó que “el primer impacto de estas leyes (…), es la suspensión de dos organizaciones no gubernamentales que promovían y apoyaban la profesionalización de los periodistas independientes en Nicaragua”.

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Delgado agregó que en la era digital lo único que es permanente es la profesionalización y la capacitación constante para ser sostenibles y entender las audiencias. Estas capacitaciones las facilitaban las organizaciones ahora cerradas, expresó la periodista.

Por otro lado, destacó que estas leyes han sido condenadas a nivel nacional e internacional por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (ONU), sin embargo el régimen no atiende los cuestionamientos y condenas.

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 A consecuencia de las leyes aprobadas la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) y Pen Internacional capítulo Nicaragua cerraron sus puertas.Literal/Captura de pantalla

Profesión con altos riesgos

En tanto, Guillermo Medrano, quien hasta el cierre de la FVBCH se desempeñó como Coordinador de Derechos Humanos, señaló que la ley de Ciberdelitos limita las fuentes informativas y violenta al menos 10 derechos fundamentales entre ellos el derecho al trabajo.

Agregó que en Nicaragua “hablar de libertad, defender derechos y ejercer el periodismo se ha convertido en una práctica de alto riesgo y hoy en día, (…) los hombres y mujeres de prensa han asumido ese riesgo y esa iniciativa”.

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Medrano enfatizó que desde cada uno de los espacios continuarán trabajando y defendiendo derechos y aseguró que a pesar “del coctel de leyes perversas (aprobadas en el país) hay prensa independiente para rato”.

 Finalmente, Pineda hizo un llamado nacional e internacional a no dejar solos a los periodistas nicaragüenses y a visibilizar desde sus espacios todo lo que ocurre en el país.