En Nicaragua las organizaciones defensoras de derechos humanos llevan décadas acompañando, denunciando y registrando las violaciones a los derechos de los nicaragüenses. El inicio de la crisis sociopolítica en abril de 2018, intensificó el trabajo de estos organismos que también se convirtieron en el blanco del régimen Ortega-Murillo.

Durante los meses de violencia, vimos a defensores cruzar entre barricadas y plantarse fuera de cárceles para monitorear y documentar las violaciones de derechos humanos de quienes protestaron y fueron detenidos por el gobierno, y luego a estos organismos también los alcanzó la represión del gobierno de Ortega.

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Ahora, algunos trabajan desde el exilio, otros desaparecieron y unos cuantos resisten las embestidas del régimen.

El abogado Álvaro Leiva Sánchez, Secretario Ejecutivo de la ANPDH. Literal /Archivo END

ANPDH: Defendiendo derechos desde Costa Rica

La Organización Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), que lideraba el abogado Álvaro Leiva, dejó Nicaragua el 5 de agosto de 2018. Desde el inicio de las protestas llevó los datos de personas asesinadas, heridos, presos políticos y exiliados en el contexto de las protestas.

Además de monitorear, la organización dio acompañamiento y seguimiento a denuncias de cientos de nicaragüenses atacados por el régimen.

Anunciaron el cierre de sus oficinas en Nicaragua debido a la persecución. El argumento fue que lo hicieron “a fin de garantizar la integridad y la seguridad de nuestros defensores de derechos humanos”.

Sin fecha de retorno

La clausura fue comunicada como “temporal”, sin embargo, a casi tres años de su salida, siguen en el exilio. No hay fecha de regreso.

Desde Costa Rica, dan asesoría y acompañamiento a migrantes y exiliados nicaragüenses. En febrero pasado, lanzaron una iniciativa educativa para enseñarles cómo obtener refugio en el vecino país.

Crearon también el “Protocolo de emergencia para los nicaragüenses que presenten síntomas relacionados al Covid-19”. Tienen una línea de llamadas y WhatsApp para hacer denuncias, sin embargo, su trabajo de los últimos años se centra en la situación de los exiliados en Costa Rica.

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En las instalaciones del CENIDH, el régimen de Ortega inauguró una Casa Materna. Literal /Tomada de Internet

CENIDH: Demolido después de 30 años defendiendo derechos

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) lleva más de treinta años en el país dando seguimiento a las violaciones de derechos humanos. Sus instalaciones confiscadas en diciembre de 2018, fueron demolidas en enero de 2021.

Sin embargo, casi en la clandestinidad, el CENIDH continúa publicando informes sobre la grave situación de derechos humanos en Nicaragua, pese a que desde diciembre de 2018 le fue arrebatada su personería jurídica junto a diez organizaciones no gubernamentales.

En febrero, el gobierno inauguró una “casa materna” en las oficinas que asaltó al CENIDH.

Desde su cuenta de Twitter, Vilma Núñez, directora del CENIDH, ha dejado claro que “por más de 30 años CENIDH ha promovido la defensa de los derechos humanos en Nicaragua y continuará haciéndolo, aunque el régimen ORMU pretenda destruirlo”.

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Colectivo Nicaragua Nunca Más: nacida en el exilio

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, funciona desde el exilio desde 2019.

Esta organización, constituida por diferentes defensores de derechos humanos perseguidos por su labor, se creó en el contexto de las protestas de abril de 2018.Al igual que la mayoría de organismos, hacen su labor de defensores fuera de Nicaragua.

Una particularidad de la organización, que dirige el destacado abogado Gonzalo Carrión, es que está conformada por “defensoras y defensores de derechos humanos desplazados forzadamente debido a la persecución y criminalización en Nicaragua”. Uno de sus méritos, entre muchos, es que impulsan la solicitud de medidas cautelares para perseguidos políticos de Nicaragua ante las organizaciones internacionales.

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CPDH resiste en incertidumbre

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), lleva casi 45 años defendiendo los derechos de los nicaragüenses.

El monitoreo a las violaciones de derechos y acompañamiento a las víctimas no ha cesado desde abril de 2017, cuando fue inaugurada bajo la represión somocista, sin embargo, el futuro de la organización es incierto bajo la brutal administración sandinista.

En enero de este año el gobierno de Nicaragua creó una Normativa de Regulación a la Ley de Agentes Extranjeros, que establece que toda persona natural o jurídica que sea considerada agente extranjero, debe inscribirse ante el Ministerio de Gobernación (Migob) para su estricto control.

La no inscripción supone sanciones de hasta 500 mil dólares, cárcel y confiscación de sus bienes. Dirigida por el abogado Marcos Carmona, la CPDH ha presentado su solicitud de inscripción ante el Migob, sin embargo, hasta hoy les siguen poniendo trabas para completar el proceso y su director ejecutivo considera que el gobierno sandinista quiere desaparecerla.

Las instalaciones de la CPDH, son asediadas de forma continúa por efectivos policiales. Literal /Cortesía

CEJUDHCAN: ahogada y amenazada

El Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) es una organización “dedicada a la promoción y defensa de los Derechos Humanos con enfoque sobre los Derechos Colectivos y Territoriales de los Pueblos Indígenas y Afrodescendiente de Nicaragua”.

Desde el 2003 la organización, bajo el liderazgo de Lottie Cunningham, ha defendido y promovido los derechos humanos en la Costa Caribe nicaragüense.

En 2017 la presidenta de la organización denunció amenazas desde un perfil de Facebook con la bandera del Frente Sandinista: “no queremos ver que crucen en nuestro camino ahí si te vamos a aniquilar. Si quiere guerra tendrá guerra, la guerra significa sangre”.

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Futuro incierto

Ese mismo año la CIDH, dictó medidas cautelares para Cunningham, pues debido a su labor la encontraron en “una situación de gravedad y urgencia”.

Entre 2019 y 2020 CEJUDHCAN presentó informes sobre la situación de los pueblos indígenas, además de monitorear y acompañar a las víctimas de los huracanes de noviembre pasado, que afectaron principalmente al Caribe.

A la fecha, al igual que la CPDH, esta organización no ha podido legalizar su situación ante Migob, debido a múltiples trabas bucocráticas que buscan obligarla a su cierre.

Organismos Internacionales de DDHH expulsados de Nicaragua

Las graves violaciones a los derechos de los nicaragüenses, hicieron que durante el 2018 diversos organismos defensores de derechos humanos pusieran su mira en el país.

En la visita realizada en mayo de 2018, la CIDH documentó una serie de violaciones a los derechos de los nicaragüenses.

“La Comisión observó una severa represión estatal hacia la población civil que protestaba en contra del Gobierno, caracterizada entonces por el uso excesivo y muchas veces letal de la fuerza policial”, señala un comunicado de prensa presentado dos años después de su visita.

CIDH aboga por retornar

La CIDH creó el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), con el fin de seguir documentando la situación de derechos en el país.

Después de la primera visita y su expulsión en 2018, la Comisión monitorea desde el exterior.

En 2019, 2020 y 2021 la CIDH ha pedido volver a Nicaragua, sin embargo, el gobierno no lo permite.

Por su parte Amnistía Internacional, continúa monitoreando e informado la situación de derechos humanos. Este año presentó el informe “Nicaragua: silencio a todo costo, tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua”.

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Parte del equipo del MESENI que visitó Nicaragua para investigar las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos. Literal /Tomada de Confidencial

Política de puertas cerradas a DDHH

Este organismo tampoco tiene presencia dentro del país por que el régimen no se lo permite.

“El gobierno de Nicaragua no solo ha profundizado, sino que ha perfeccionado su aparato represivo, poniendo en práctica una serie de tácticas sofisticadas para silenciar cualquier forma de crítica y demanda social, a cualquier precio”, explica el informe.

De igual modo, una delegación de derechos humanos de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que vino a confirmar las atrocidades cometidas por la policía y el gobierno contra los manifestantes pacíficos, fue expulsada desde el país y desde entonces no se le ha permitido el retorno.

El régimen también expulsó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), luego que en 2018 realizaran una profunda investigación que determinó la comisión de delitos de lesa humanidad contra la población civil, por parte de policías, fanáticos del régimen, paramilitares sandinistas y posiblemente militares, bajo la dirección del gobierno.

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PDDH de rodillas ante la dictadura

Mientras la mayoría de organismos nacionales e internacionales ven la situación actual de derechos humanos desde fuera, las organizaciones que están a nivel interno enfrentan la represión del régimen, que limita su capacidad de movilidad y operación.

Y mientras tanto, la única oficina estatal que debía estar al frente, sigue el juego del régimen y por ello se ha ganado su degradación y desprestigio internacional.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), partidaria del gobierno, fue sancionada en 2019 por la Organización de Naciones Unidas y en enero de 2021 fue degrada a clase B, un golpe demoledor para cualquier organización de derechos humanos.

La PDDH continúa entonces sin participación relevante dentro de la ONU, pues no ha cumplido con las recomendaciones hechas por el organismo para recuperar su independencia y credibilidad.