El informe de violaciones a la libertad de prensa correspondiente al mes de septiembre de 2021, elaborado por el diario La Prensa, señala que durante este período se documentaron 104 casos de violaciones a la libertad de prensa, de los cuales el 93% fueron ejecutados por “instituciones y/o funcionarios públicos”.
Agrega además que en lo que va del año 2021 se han dado 362 casos de violaciones a la libertad de prensa y solo en el mes de septiembre 3 periodistas se han exiliado.
Por otro lado explica que “por 6 meses consecutivos (marzo-septiembre 2021) la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, se sitúa como la región geográfica donde más se violenta el derecho a la Libertad de Prensa, solamente superado por el departamento de Managua”, refiere el informe.
Destaca que la mayoría de agresiones registradas “han recaído en las mismas víctimas”, que son mujeres periodistas.
De los casos registrados durante septiembre, el 89,4% se dio en Managua. Mientras que el 2.8% en la Costa Caribe Sur, los demás casos están distribuidos en diferentes departamentos del país, detalla.
Le puede interesar de Literal: Nicaragua sin periódicos: así se extinguieron los medios escritos
Represión desde distintos ángulos
El informe citado denuncia que muchos de los periodistas que han tratado de salir del país han sido retenidos sin justificación.
El documento señala que durante septiembre “el régimen por medio de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), impidió y decomisó el pasaporte al periodista Mauricio Madrigal, jefe de prensa de Canal 10”.
Por otra parte, señala que los periodistas independientes que traron de cubrir la “Jornada de vacunación voluntaria contra la Covid-19”, terminaron “expulsados y agredidos verbalmente” por agentes policiales y fanáticos del partido de gobierno.
Además, por medio de las redes sociales, se estigmatiza y difama a los periodistas independientes.
De acuerdo con el informe se publican “comentarios ofensivos” y fotografías de los periodistas que asisten a vacunarse contra el Covid-19.
Fuentes y periodistas piden anonimato
El informe relata que, al menos 4 periodistas que denunciaron ser víctimas de la violencia gubernamental, pidieron no hacerlas públicas para “evitar mayores consecuencias”.
Además, lamenta el aumento de las fuentes que solicitan ser citadas bajo seudónimo o evitan hacer análisis sobre temas del contexto por temor a la Ley de Ciberdelitos.
Puede leer de Literal: El periodista y sus fuentes ¿cuáles son los límites en el ejercicio de preguntar?
La Prensa, el ultimo medio confiscado
Desde 2018, cuando inició la crisis sociopolítica en Nicaragua, varios medios y organizaciones independientes han sido confiscados.
El pasado 13 de agosto confiscaron el edificio de La Prensa, además detuvieron a su Gerente General Juan Lorenzo Holmann y congelaron sus cuentas bancarias.
Todo lo anterior después de una investigación contra “Editorial LA PRENSA S.A por el supuesto delito de lavado de dinero y defraudación”.
El medio, que ahora trabaja desde la web, califica a través de su informe que estas acciones son “un intento más por tratar de silenciarnos y extinguirnos”.
Organismos internacionales frente a las violaciones de derechos
Para finalizar, el informe cita a algunos organismos internaciones que se pronunciaron ante las violaciones a la libertad de expresión y de prensa en el país durante el mes de septiembre.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), compartió un video con “los 10 patrones de censura más recurrentes en el país basados en documentaciones previas”.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, habló sobre la intensificación de los “ataques a la libertad de expresión”.
El informe también cita a Human Rights Watch, que a través de una nota expone que: “el Ministerio Público también ordenó la detención y el procesamiento penal de varios periodistas y académicos que viven o se exiliaron en el exterior”.
Y por el ultimo se menciona que “el pasado 28 de septiembre, Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, instó a todos los países a que promulguen una legislación que promueva el acceso universal a la información y a que refuercen la aplicación de esas disposiciones en el caso que existan”.
