La periodista y aspirante a la presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro, así como tres integrantes del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), se sumaron este viernes 26 de febrero a la iniciativa de interponer recursos por inconstitucionalidad contra la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos, sumando en total 41 recursos que organizaciones y ciudadanos han interpuesto en contra de la también conocida Ley Mordaza o Ley Bozal.
“Esta ley no solo afecta a los periodistas, afecta a toda la ciudadanía en general, al que tiene un celular, al que tiene un Facebook, al que tiene una cuenta de WhatsApp, a todos nos están atentando nuestro derecho a la libertad de expresarnos, nuestro derecho también a la privacidad, nuestro derecho a la libertad”, señaló la periodista y exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Cristiana Chamorro.
“Márgenes de mucha ambigüedad”
Por su parte, la abogada y feminista Juanita Jiménez dijo que “esta ley violenta no solo los derechos ciudadanos, sino también normas internacionales que están relacionados a la libertad de expresión”.
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Jiménez agregó que también transgrede el principio de presunción de inocencia y que “establece unos márgenes de mucha ambigüedad” puesto que no contiene la definición de “dos figuras delictivas”, noticias falsas e información tergiversada, las cuales “son peligrosas” para activistas, periodistas, defensoras de derechos humanos y la ciudadanía en particular.
Además del recurso interpuesto por Juanita Jiménez, también Marlen Chow, Reyna Rodríguez, Adelayda Sánchez y María Teresa Blandón presentaron cuatro más.
Otros recursos
En realidad, estos trámites no son los primeros en ser presentados ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). De hecho, el 25 de febrero, integrantes del colectivo Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) recurrieron por inconstitucionalidad contra la Ley Mordaza e interpusieron 34 recursos más.
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Incluso, el partido político Unión Democrática Renovadora (UNAMOS), antes Movimiento Renovador Sandinista (MRS), también presentó el pasado 16 de febrero otro recurso por inconstitucionalidad contra la polémica Ley Mordaza.
“Instrumento para la criminalización de la ciudadanía”
Según Jiménez, interponer un recurso por inconstitucionalidad “es una forma de dejar constancia de la arbitrariedad (del régimen de Daniel Ortega) y seguir documentando cómo estas leyes, que se han aprobado en menos de cuatro meses, realmente son instrumentos para la criminalización de la ciudadanía y voces disidentes”.
Uno de los hechos preocupantes es la normativa de ley publicada el pasado 29 de enero, ya que obliga a las operadoras de telecomunicaciones a almacenar datos de usuarios por un año y entregar esa información cuando sea requerida por la Policía Nacional o la Fiscalía. Entre los datos que se deberán guardar están nombres de usuarios, números telefónicos, correos electrónicos y hasta direcciones domiciliares.
