El colectivo de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) se unió a las organizaciones que ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han interpuesto recursos por inconstitucionalidad en contra de la conocida “Ley Mordaza”.
El pasado 16 de febrero, la Unión Democrática Renovadora (UNAMOS), antes Movimiento Renovador Sandinista (MRS), también interpuso un recurso por inconstitucionalidad, al considerar que la Ley Especial de Ciberdelitos “violenta garantías, derechos y disposiciones constitucionales”.
De acuerdo con la Ley N° 49, Ley de Amparo, una vez interpuesto el recurso por inconstitucionalidad, la CSJ debería de pronunciarse dentro de 15 días sobre la “admisibilidad” del recurso, rechazando o mandando a seguir el proceso.
Peligros de Ley Mordaza
La Ley Mordaza, también llamada Ley Bozal, fue aprobada por la aplanadora sandinista con 70 votos a favor. Luego entró en vigencia 60 días después de su publicación en la Gaceta el Diario Oficial.
El artículo 30 esta ley establece castigar a quien “usando las tecnologías de la información y la comunicación, publique y difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población”.
Aunque propone 25 definiciones, excluyó un concepto importante: el significado de “noticias falsas” por lo que el principal peligro de esta ley se relaciona con su posible aplicación selectiva o interpretación de los jueces.
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Condenas
También hay otros organismos que se han pronunciado en rechazo a la punitiva Ley. Entre ellos el Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más” y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), quienes condenaron la entrada en vigencia de la citada Ley porque “viene a reprimir la libertad de expresión y de prensa”.
“Esta ley perversa claramente pretende condenar formatos legítimos de expresión, asociación y reuniones en línea mediante el uso de términos vagos e indefinidos que se pueden aplicar de manera arbitraria o discrecional para producir incertidumbre legal”, advirtió el Cenidh.
Otro organismo que alertó sobre la mencionada ley fue el Foro de Prensa Independiente de Nicaragua, el cual denunció que “con esta ley punitiva se intenta impedir las investigaciones periodísticas, violentando el artículo 66 de la Constitución Política que garantiza el derecho a la información veraz, a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio”.
Asimismo, el grupo de especialistas que compone el Observatorio Ciudadano Covid-19 Nicaragua, expresó en un informe que la Ley Mordaza “podría tener consecuencias serias para la divulgación de información sanitaria con fines de prevención, promoción y aún atención de enfermedades de interés público, pues quedaría a discreción de las autoridades la criminalización de esas acciones de bien público”.
Incluso, la Iglesia Católica consideró en un comunicado que esta ley “amenaza la libertad y a la integridad física de las personas”.
También grupos opositores
De igual forma agrupaciones opositoras como la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Coalición Nacional se pronunciaron en rechazo a la Ley Especial de Ciberdelitos, por considerar que “es una clara amenaza al periodismo investigativo”.
Los grupos estudiantiles también alzaron su voz en contra de la Ley Mordaza. Por ejemplo, la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) realizó un plantón con unas mantas que decían “Rechaza la Mordaza” y “Fuera Ortega”.
También la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ) celebró la tercera edición de la marcha de la burla donde estrenaron el lema “A un Güegüense en dictadura, no hay ley mordaza que lo calle”.
Comunidad internacional
Finalmente, la comunidad internacional también dijo presente y una de las primeras voces fue la del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, quien la consideró como una ley vergonzosa y violatoria de los principios democráticos.
Asimismo, fue rechazada por los eurodiputados quienes debatieron y aprobaron una resolución que llamó al Parlamento nicaragüense a no aprobar la ley por considerar que podría agravar “el clima de intimidación, amenaza y violaciones de derechos humanos”.
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También mostró su preocupación la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien dijo que “dado el debilitamiento del Estado de derecho y el deterioro de la separación de poderes en Nicaragua, existe un riesgo significativo de que estas leyes se apliquen de forma selectiva para reprimir aún más las voces disidentes”.
Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado de Nicaragua que dejara sin efecto la Ley Especial de Ciberdelitos bajo el argumento de que forma “parte de una estrategia desplegada desde 2018 para perseguir a periodistas, a las ONG y atacar libertades públicas en Nicaragua”.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en el informe del 2020 reportó un progresivo deterioro a la libertad de prensa en Nicaragua y advirtió “que los procesos judiciales son el nuevo método para reprimir”.
