Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), lamentó que en Nicaragua se continue deteriorando la situación de los derechos humanos y políticos. Además, propuso al régimen de Daniel Ortega una guía para solucionar la crisis sociopolítica que vive el país desde 2018.
Bachelet presentó el informe 2019 sobre la situación de Nicaragua este 19 de febrero en el Palacio de Naciones de Ginebra, donde sesiona el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y por tercer año consecutivo desde 2019, el contenido del informe es el mismo: permanente violación de derechos humanos, agravamiento de la crisis y nulo avance en la búsqueda de soluciones por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Otra vez, Bachelet llamó a Ortega a entablar un diálogo fructífero basado en las normas y estándares internacionales de derechos humanos, para abordar la crisis multidimensional que afecta al país, liberar a los presos políticos, así como adoptar las recomendaciones del primer informe de 2019.
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En el informe de 2019 presentado por Bachelet, se pedía la “liberación inmediata de todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad en el contexto de la crisis actual; la protección de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, y de los defensores de los derechos humanos”.
De igual manera a los líderes comunitarios, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación. Además de la plena aplicación de los derechos de remedio y reparación para todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos.
Reformas electorales
La Alta Comisionada llamó también al régimen de Nicaragua, a realizar reformas electorales “que garanticen unas elecciones libres, justas y transparentes, que se determinarán mediante un diálogo inclusivo y constructivo con todos los sectores de la oposición”.
Al mismo tiempo, recomendó poner fin a las detenciones arbitrarias, las restricciones indebidas a la libertad de movimiento, las amenazas y otras formas de intimidación contra las voces disidentes.
Desde el inicio de la crisis en 2018, Naciones Unidas ha denunciado el uso de la violencia estatal y la represión institucional que ha dejado, desde abril de hace tres años, más de 328 muertos, miles de heridos, cientos de detenidos, torturados y abusados sexualmente en centros de detención, decenas de miles de exiliados, acoso y asedio a cientos de familia, confiscación de propiedades y medios de comunicación y toda una serie de abusos que determinaron, a criterio de organismos internacionales de derechos humanos, en crímenes de lesa humanidad.
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Un alto a las leyes represivas
Por otro Bachelet, consideró que es necesario modificar la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, “de acuerdo con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, en consulta con diferentes sectores de la sociedad civil y expertos”.
Finalmente Bachelet, solicitó ingreso al país de una delegación de OACNUDH y entablar comunicación constructiva, luego que Ortega expulsará a la delegación de Derechos Humanos en 2018.
Al mismo tiempo, la Alta Comisionada llamó al Consejo de Derechos Humanos y comunidad internacional para que inste a Nicaragua a respetar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, conceder acceso al ACNUDH y aplicación de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas.
