La falta de información pública y transparente es una falla constante en Nicaragua, sobre todo desde la llegada al poder de Daniel Ortega en 2007. Y, aunque parece una situación inofensiva tiene fuertes repercusiones hasta en el cuidado de la vida en la ciudadanía nicaragüense.
La actual crisis sanitaria por coronavirus no ha sido la excepción, personal del sector salud, medios de comunicación y sociedad civil en general han demandado al gobierno brindar información, clara y oportuna del comportamiento del virus en el país, sin embargo esta solicitud no ha sido atendida.
No hay espacios virtuales, ni presenciales para demandar mayor información y cuestionar a funcionarios.
En el caso de la crisis por coronavirus, salvar vidas ha sido uno de los argumentos de los médicos independientes al solicitar información pública, pues ellos explican que si la población conociera de forma efectiva el comportamiento del virus estarían tomando medidas más drásticas para protegerse.
Por otro lado se plantea que la constante información permite transparencia en la gestión ya sea municipal o central, pues así los ciudadanos tienen la oportunidad de revisar y cuestionar cualquier inconsistencia en la gestión. Y además tener certeza de cómo se están manejando los recursos públicos.
Noticias más consistentes
Otro de los aspectos importantes es que al tener acceso a información, es que los medios de comunicación pueden interpretarlos y darlos a conocer a la población. Esto daría como resultado mayor soporte en las noticias y mayor cantidad de ciudadanos informados por la variedad de formatos periodísticos a los que pueden acceder.
En marzo pasado, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro presentó el estudio titulado “Situación del acceso a la información pública en Nicaragua” que dio como resultado que el Estado de Nicaragua incumple la Ley 621.
Según el estudio además de la negativa a brindar información en las oficinas públicas en el país, los sitios web de los organismos estatales están totalmente desactualizados.
La Ley 621 tiene más de 14 años de haber entrado en vigencia, y fue creada para normar, garantizar y promover el ejercicio del derecho al acceso a la información pública desde documentos hasta bases de datos de entidades que administren recursos públicos.
