El diario La Prensa documentó 23 casos de violaciones a la Libertad de Prensa en su informe de seguimiento y monitoreo mensual para julio de 2021. Además confirmó que 11 periodistas se fueron del país en julio por el clima sociopolítico en Nicaragua.
De los 23 casos se contabilizaron 20 víctimas todas personas naturales; de las cuales 12 pertenecen al género masculino equivalente al 65% y 8 al género femenino que representa el 35%.
Asimismo, el informe recalcó que realizar coberturas periodísticas en las calles es más inseguro cada día, pues se registró el caso de un reportero que en 3 ocasiones, en el mismo mes, se le vulneró su derecho a informar.
El citado informe era parte de las misiones de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, pero desde su clausura en febrero pasado, ha sido asumido por La Prensa.
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Agentes estatales son los principales agresores
Además, el reporte titulado “Amenazas, exilio, citatorias, y negativas de información: el diario vivir de la prensa independiente en Nicaragua Julio 2021” clasificó los 23 casos en 12 Agresiones y Ataques, 8 Procesos Civiles y Procesos Penales, 2 detenciones arbitrarias y 1 negativa de Acceso a la Información.
Por otro lado el informe indicó que en el mes de julio el (87 %), equivalente a 20 casos de las agresiones registradas, fueron perpetrados por agentes estatales, mientras los agresores de dos de los casos fueron agentes No estatales (8.7 %) y en 1 caso los agresores no fueron identificados (4.3 %).
De igual forma, se tomó en cuenta el lugar de los hechos y se determinó que el departamento de Managua concentró la mayor cantidad de casos de violaciones a la Libertad de Prensa con 17 casos que equivalen a un 73.9 %, seguido de la RACCS 3 casos, equivalente a 13 % y en los departamentos de Masaya, León y Jinotega se registró 1 caso en cada departamento.
Los profesionales de la comunicación más afectados resultaron ser periodistas o reporteros con 12 casos equivalente al 52. 2%. Los editores, directores y ejecutivos de medios tomaron el segundo puesto con 8 casos correspondiente al 34.8 % y en tercer orden están los fotógrafos y camarógrafos con 3 casos que representan el 13 %.
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Negativa al acceso de información
La negativa al acceso de información se registró durante los días 24 y 25 de julio de 2021 durante el proceso de Verificación Ciudadana, donde periodistas independientes denunciaron el impedimento de acceder a los Centros de Verificación. Otros fueron objetos de amenazas y agresiones verbales por realizar su trabajo de informar.
Por lo tanto, La Prensa replicó que “la falta de acceso a la información en el marco electoral obstaculiza gravemente las posibilidades de la ciudadanía para ejercer adecuadamente sus derechos políticos”.
De manera paralela, el Ministerio Público continuó citando a periodistas y directores de medios para cuestionarlos sobre sus supuestos vínculos con la clausurada Fundación Violeta Chamorro. De hecho, tres comunicadores fueron citados por segunda vez a la Fiscalía.
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Las consecuencias del incremento de agresiones y amenazas
El informe también contabilizó que en este mes de julio al menos 11 periodistas se han visto forzados al exilio para resguardar su vida y continuar su trabajo periodístico.
Como resultado del incremento de las agresiones y amenazas ante la prensa independiente, diversos medios de comunicación como La Prensa y Confidencial optaron por suprimir la firma de los redactores de los artículos periodísticos a fin de proteger la integridad de los periodistas amenazada a todos los niveles.
El contexto también ha conllevado que “las fuentes informativas no quieran hablar con la prensa independiente por temor de enfrentar un proceso judicial posterior; las pocas fuentes informativas que opinan sobre temas de interés nacional, lo hacen bajo la condición del anonimato, lo cual constituye un grave retroceso en materia de libertades públicas”, reafirmó el Informe.
Finalmente, el documento concluyó que “la práctica periodística en Nicaragua se ha convertido en una profesión de alto riesgo” y por ende alerta sobre la persistente “preocupación de caer en un apagón informativo, lo cual agravaría, la ya difícil situación de la libertad de expresión y prensa en Nicaragua”.
