En menos de 24 horas, el gobierno de Daniel Ortega canceló la personería jurídica de al menos 12 universidades privadas de Nicaragua, aduciendo que habían incumplido con sus responsabilidades fiscales y que no habían notificado cambios en sus juntas directivas.
Junto a estas acciones se han desarrollado otras como la disolución de una organización de universidades privadas y la modificación estatal de aranceles y trámites académicos, sin consulta a las casas de estudios.
En octubre del 2021 la Asamblea Nacional emitió la Ley de Reconocimiento de Título, que estableció sin consultas de las casas de estudio, un arancel máximo de 42 dólares para que las universidades privadas extiendan títulos a sus graduandos, limitando la capacidad de monetización de las casas de estudios.
La primera universidad privada cerrada en Nicaragua
El inicio de cierres de centros de educación superior del país inició con la cancelación de la personalidad jurídica de la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), el 13 de diciembre de 2021.
Esta universidad era propiedad de Leonardo Torres, un empresario aliado de muchos años del gobierno de Ortega.
Ese mismo día la Asamblea Nacional derogó la personalidad jurídica del Consejo Superior de la Universidad Privada de Nicaragua, Cosup, una organización formada en el año 2000 con siete universidades, a las que luego se le agregaron ocho instituciones más.
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Recorte presupuestario
Otro precedente reciente es el recorte presupuestario a la Universidad Centroamericana (UCA) y a la ahora cerrada Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco (UCATSE), quienes recibían fondos del presupuesto general de la República.
A la UCA le asignaron apenas un millón de córdobas para 2022, con lo cual significa un recorte presupuestario del 99.6 en relación a la partida recibida en 2018 cuando iniciaron las protestas sociales: 251.8 millones de córdobas.
Entre las universidades afectadas este 2 y 3 de febrero de 2022, están la Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales (UCEM), Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) y Universidad Popular de Nicaragua (UPONIC).
Antes, la Asamblea Nacional del país órgano encargado de esta acción y controlado por el partido de gobierno, había cancelado otras organizaciones principalmente médicas, religiosas y vecinales.
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¿Qué hay detrás de la medida?
Luego de conocerse la noticia, algunos directores de las casas de estudio afectadas han declarado a medios nacionales que han cumplido con todos los procedimientos administrativos y de orden fiscal que mandata la ley de Nicaragua por lo que consideran “irregular” la medida.
Expertos independientes han coincidido que se trata de un intento de “controlar y adoctrinar” a los estudiantes universitarios quienes en 2018 fueron quienes iniciaron las protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega.
Catedráticos universitarios como Ernesto Medina han señalado que la masiva cancelación de personerías jurídicas de las universidades es signo del “más grave atropello en contra de instituciones de Educación Superior en la historia de Nicaragua y probablemente de Centroamérica”.
CNU “al rescate” tras cierre de universidades privadas
Por su parte el Consejo Nacional de Universidades (CNU), órgano rector de las universidades en el país, reaccionó casi de inmediato mediante dos comunicados asegurando que se harán cargo de la culminación de estudios de todos los estudiantes inscritos en las universidades afectadas.
“… a partir del miércoles 2 de febrero garantizará la continuidad académica y responsabilidades educativas pendientes de solución de lo que fueron estas instituciones de educación superior, como consecuencia de las cancelaciones de sus respectivas personerías jurídicas”.
El CNU agregó que esta medida fue tomada por el incumplimiento a las obligaciones y la continua transgresión a las normas legales establecidas.
Angustia y desesperanza invade las redes
Luego de las publicaciones, Medina señaló en su cuenta de Facebook que “los estudiantes de las universidades cuyas personerías jurídicas fueron canceladas hoy, en un acto irracional de servilismo de la Asamblea Nacional, deben exigir que los trasladen a las universidades públicas en iguales condiciones que los estudiantes que ahí estudian, sin pagar un solo centavo”.
A su vez advirtió que el “Estado nicaragüense debe asumir la responsabilidad de sus actos”, finalizó Medina.
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En redes sociales, miles de estudiantes han mostrado su angustia y desesperación ante las múltiples cancelaciones de las universidades privadas del país, pues aseguran no tener un panorama claro respecto a cómo y dónde van a poder finalizar sus estudios.
Tampoco hay certidumbre respecto a la calidad de la enseñanza que recibirán y las nuevas normativas que imponga el CNU, una organización bajo sumisión y control del partido sandinista .
