Desde abril 2018 hasta la fecha, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes han documentado un saldo de más de 300 muertos y 2.000 opositores al régimen de Daniel Ortega heridos en Nicaragua.
A lo anterior hay que sumarle que cerca de 100.000 nicaragüenses han solicitado asilo en diversos países. Estos datos los recoge un informe realizado por Ramón Muñoz Castro, director de la Red Internacional de Derechos Humanos con sede en Ginebra, basado en el informe presentado este 25 de febrero por la Alta Comisionada Michele Bachelet.
Puede leer: Estados Unidos se reintegra al Consejo de Derechos Humanos de la ONU
El documento citado agrega que la crisis sociopolítica “ha sido exacerbada por la pandemia de COVID-19 y por los huracanes Eta e Iota”.
Cacería de opositores
El documento expone que en 2019 y 2020, la alta comisionada recomendó a Nicaragua que asegurara sin demora la implementación de reformas electorales e institucionales, destinadas a garantizar elecciones justas y transparentes.
“Como respuesta, el Gobierno aseguró que incluiría estas recomendaciones en las reformas electorales de la agenda legislativa de 2020, pero no se ha concretado”.
Y por el contrario se ha registrado detenciones arbitrarias y acoso o intimidación a personas que participaban en manifestaciones u otras actividades políticas, entre ellos tres líderes políticos.
De igual manera aprobación de Leyes como la Ley 1055 de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz.
“La ley prohíbe que cualquier persona que atente contra la independencia, la soberanía y la autodeterminación4 de Nicaragua se presente como candidato a cargos públicos. Esta ley establece restricciones incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos, dado que sus disposiciones contienen definiciones amplias que podrían impedir que los candidatos de la oposición participen en las elecciones de noviembre de 2021”, destaca el documento.
Régimen no asume responsabilidad
El informe señala que a casi tres años después del estallido de las protestas sociales en Nicaragua, el Gobierno no ha reconocido la responsabilidad estatal por las múltiples violaciones de derechos humanos.
“La impunidad ha provocado la persistencia en violaciones de derechos humanos, que han sido documentadas por el ACNUDH y otros mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos”, expone el documento.
Además: CIDH defiende libertad de expresión del joven tiktoker Kevin Monzón
Insiste que la falta de independencia del poder judicial y de la institución nacional de derechos humanos, y la continua reducción del espacio cívico obstaculizan la transparencia y la rendición de cuentas en diversas materias.
Finalmente el informe realizado por Ramón Muñoz Castro expone que el aplazamiento de las reformas electorales y la aprobación por la Asamblea Nacional de leyes que atentan contra el ejercicio de los derechos civiles y políticos no favorecerán un proceso electoral representativo, pluralista, transparente y justo en 2021.
Destaca que la ACNUDH “reconoce signos recientes de apertura del Gobierno en la colaboración con los organismos especializados de la ONU en la respuesta al COVID-19 y después de los huracanes Eta e Iota. Sin embargo, es urgente que se aborden las numerosas dimensiones de la crisis, en particular, respecto a los derechos humanos”.
Impacto de huracanes una oportunidad
Los esfuerzos para recuperarse del impacto del COVID-19 y los huracanes son una oportunidad para que el Gobierno retome el diálogo político con todos los sectores de la sociedad, señala el documento. Plantea además, que las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional atentan contra el ejercicio de los derechos civiles y políticos y no favorecerán un proceso electoral representativo, pluralista, transparente y justo en 2021.
Por otro lado apunta que el ACNUDH reconoce signos recientes de apertura del Gobierno en la colaboración con los organismos especializados de la ONU en la respuesta al COVID-19 y después de los huracanes Eta e Iota.
“Sin embargo, es urgente que se aborden las numerosas dimensiones de la crisis, en particular, respecto a los derechos humanos. Los esfuerzos para recuperarse del impacto del COVID-19 y los huracanes son una oportunidad para que el Gobierno retome el diálogo político con todos los sectores de la sociedad”.
También: OACNUDH: Persiste impunidad y represión estatal en Nicaragua
Los llamados de Bachelet
En infome presentado este 25 de febrero, Bachelet llama al régimen de Nicaragua a:
- Adoptar un plan de acción con plazos definidos y responsabilidades claras para implementar todas las recomendaciones de su primer informe al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2019.
- Adoptar urgentemente reformas electorales efectivas que garanticen elecciones libres, justas y transparentes, las que se identificarán a través del diálogo con la oposición.
- Poner fin de inmediato a las detenciones arbitrarias, las restricciones indebidas a la libertad de circulación, las amenazas y otras formas de intimidación contra las personas que participan en reuniones pacíficas u otras actividades políticas.
- Modificar la Ley 1040 y la Ley 1055 en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos.
- Asegurar la participación efectiva de los afectados, incluidas las mujeres, los pueblos indígenas y los afrodescendientes, en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y programas relacionados con la recuperación de la pandemia COVID-19 y los huracanes.
- Reanudar la comunicación constructiva con el ACNUDH para discutir la cooperación técnica y permitir el acceso de la Oficina que ella preside a Nicaragua.
