La jueza del Juzgado Local de Bluefields, Deyanira Traña, amenazó a la Jefa de Prensa de Radio La Costeñísima Kalúa Salazar con declararla en rebeldía luego que esta no asistiera a la audiencia programada el pasado viernes 14 de agosto.

Según la jueza, la audiencia no se celebró por la incomparecencia de Salazar y su abogada, y fue reprogramada para el miércoles 19 de agosto. Además advirtió a la periodista que de no comparecer, la declarará en rebeldía, lo cual implicaría el uso de la fuerza policial para hacerla comparecer. 

Sin embargo, se conoció que Martha Barillas García, abogada defensora de Salazar había solicitado con anticipación la reprogramación de la misma.   

Sun embargo, la judicial decretó el abandono de la defensa de la periodista y en su lugar nombró a la Defensoría Pública, para que represente a la demandada.

La demanda contra Salazar se da luego de la publicación de una nota en la que se hace referencia a supuestos actos de corrupción en la Alcaldía de El Rama y fue interpuesta por Julia Elena Zeledón, Shamia  Ruiz Castillo y Cinia Griselda Centeno, todas ellas trabajadoras de esa municipalidad en poder del gobernante partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

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Kalúa Salazar  es acusada por la publicación de una nota titulada  “Se destapa corrupción en la Alcaldía del municipio El Rama”. Literal/Cortesía

Campaña constante de judicializar los casos

En mayo pasado, antes del fallecimiento de Sergio León Corea, director fundador de la emisora, este periodista había sido acusado por el delito de injurias y calumnias por informar sobre la crisis sanitaria por coronavirus. La acusación no prosperó debido a la muerte de León Corea en junio.  

Desde abril 2018, al aumento del acoso e intimidación a quienes laboran en radio La Costeñísima ha sido denunciando constantemente. Simpatizantes del gobierno han hecho pintas en las instalaciones de la emisora y señalado que la línea editorial como “subversiva para el gobierno”.

De igual modo, en Managua, otro periodista acaba de ser acusado por los mismos delitos por simpatizantes del FSLN. El reportero David Quintana, del Boletín Ecológico, fue denunciado luego de cubrir un desalojo donde estuvo la fuerza policial de por medio.

Las personas desalojadas expusieron la denuncia ante el medio y un ex fotógrafo de un canal al servicio del gobierno, quien reclama la propiedad en conflicto, lo acusó por los mismos delitos que a Sergio León y Kalúa Sazalar.

 

El periodismo nicaragüense enfrenta desde abril 2018 incremento de amenazas, negación de acceso a la información pública y robo de equipos. Literal/Cortesía

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Muestras de apoyo

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro mostró solidaridad con la periodista Salazar y condenó todo acto de agresión y acoso contra la libertad de información en Nicaragua.

Este acto es una muestra más de la curva creciente de ataques, hostigamiento y persecución contra el periodismo independiente que la Fundación ha documentado en los informes sobre violaciones a la libertad de prensa, refirió la Fundación en una nota de prensa.

“Desde la Fundación Violeta hemos recomendado que se debe  despenalizar las injurias y calumnias para ventilarlas por la vía civil”, agregó la Fundación.

En tanto la organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), mediante un comunicado de prensa, señaló que la periodista Salazar no fue informada de la denuncia antes de ser publicada en el Facebook de un medio oficialista en la región caribeña del sur de Nicaragua.