Los periodistas de Nicaragua saben esta teoría: Las medidas cautelares de protección que otorga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se considera que permiten proteger los derechos humanos de los beneficiarios, ante “situaciones de gravedad y urgencia” y ante la posibilidad “que generen daños irreparables a las personas”.

En Nicaragua, 52 periodistas y personal de medios independientes fueron beneficiados con medidas cautelares ante la lluvia de amenazas directas, agresiones físicas y verbales expresadas por personeros gubernamentales o fanáticos del partido en el gobierno, a partir de abril de 2018 cuando estalló la crisis en el país.

Literal Periodismo Ciudadano investigó la situación general de estas personas protegidas por medidas cautelares y el resultado no podía ser menos que desolador: ninguno se siente protegido por el Estado de Nicaragua y al contrario, la mayoría se siente más “visible” y por lo tanto “más expuesto”.

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Las agresiones a periodistas independientes por parte de fanáticos van desde amenazas verbales hasta robo de sus equipos. Literal/Cortesía 

Terror en el ambiente

En Literal Periodismo Ciudadano contactamos a 12 de estos periodistas que han sido víctimas de hostigamiento, acoso, persecución, agresión y dos de ellos, incluso, sufrieron prisión arbitraria en celdas de máxima seguridad.

Una comunicadora, en el exilio y fuera del ejercicio, declinó hablar del asunto por seguridad para su familia que aún vive en Nicaragua: “mirá como amenazan a los periodistas y sus familias con decapitarlos”, alegó, en referencia a amenazas de muerte contra el periodista Gerall Chávez, a quien le enviaron un perturbador video donde simulan su decapitación y posterior acribillamiento del cuerpo.

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Dos periodistas más, uno en el exilio desde 2018 y el otro “clandestino” y sin empleo desde 2019, tampoco quisieron opinar por considerar que las medidas cautelares que les fueron otorgadas nunca fueron respetadas por el régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Una cuarta periodista, en ejercicio del oficio y bajo asedio permanente en su medio, habló a condición de preservar su identidad para evitar “echar leña al fuego con las demandas por injurias”.

Amenazas, cárcel, persecución...

Sin embargo, siete periodistas que recibieron los beneficios de las medidas cautelares, si dieron testimonio de su experiencia como “protegidos” y aunque igual se sienten más inseguros que nunca en Nicaragua, al menos consideran que las medidas cautelares sí han servido para visibilizar a nivel internacional la situación que atraviesa la prensa independiente y cada uno en particular, a partir de la crisis del 2018.

Miguel Mora, Lucía Pineda Ubau, Maynor Salazar, Yader Luna, Aníbal Toruño, Francisco Torrez y Eduardo Montenegro, narran a Literal lo que para ellos significan las medidas cautelares de la CIDH, que se mantienen vigentes ante lo que el organismo considera una situación de gravedad y urgencia en materia de violación de sus derechos humanos por parte del régimen nicaragüense.

Lucía Pineda, jefa de prensa del Canal 100% Noticias y Miguel Mora, director propietario del mismo, fueron detenidos arbitrariamente por el régimen de Ortega  la noche del 21 de diciembre de 2018.

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Lucía Pineda y Miguel Mora fueron liberados el 11 de junio de 2019 luego de seis meses de presión. Literal/Cortesía 

Acusados, confiscados y exiliados

Fueron acusados judicialmente, y mantenidos en prisión durante seis meses, mientras el Canal fue allanado y confiscado, debido al ejercicio de informar y opinar sobre las protestas iniciadas en abril de 2018.

Este hecho fue catalogado como arbitrario en tanto contravino artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por el Grupo de Trabajo sobre detención arbitraria, instancia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Lucía Pineda recuerda que documentó las agresiones, amenazas y acoso de 30 trabajadores del Canal 100% Noticias y se las pasó al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que tramitó medidas cautelares para el grupo ante la CIDH.

En su caso no fue sino hasta el 11 de febrero de 2019, estando ya detenida, que el organismo internacional le concedió las medidas cautelares.

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Medidas cautelares prisioneras en prisión

Recuerda que fue su primo Noé Ubau quien le informó en marzo de 2019, dos meses después de su captura, durante una visita a prisión, que había sido beneficiada.

“A mí me dieron esas medidas cuando yo estaba en La Esperanza, presa, trasladada al Sistema Penitenciario y más que todo cubrían a mi primo que me estaba asistiendo, y a su esposa y al niño porque ellos eran mi círculo más cercano”, relata Lucía.

Recuerda que dado el estado de aislamiento al que fue sometida en prisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también aplicó medidas provisionales, pero según ella su situación no varió en prisión.

“Nada cambió, o sea ahí era o nos liberaban o nos dejaban ahí adentro, pero en mi caso ellos me aislaron totalmente y yo no sé si fue por eso (medidas cautelares) o fue parte del castigo que ellos impusieron y se ensañaron con uno, porque eso es horrible estar totalmente sin información ni nada”, expone Lucía Pineda.

La Policía Nacional ha sido el primer órgano represor utilizado por el gobierno en contra de periodistas. Literal/Cortesía

Desde el exilio

“Ellos ahí nos mantuvieron hasta que quisieron y firmaron un acuerdo que nos iban a liberar, a levantar los cargos, todavía los cargos están abiertos y nos amenazaron que si cometíamos lo que para ellos es el delito de informar, nos metían presos de nuevo con eso de la ley de amnistía que establece ‘no repetición’”, relata Pineda.

La periodista recuerda que no sintió miedo, pese a las burlas y amenazas que recibían en redes sociales y a la persecución a la que fue sometida: “no le puse mente, soy honesta, yo no le puse mente (…) yo decía es para desconcentrarme, desenfocarme y yo necesito estar concentrada en lo que estamos haciendo”.

Pineda, que fue galardonada con el premio internacional Coraje en Periodismo 2019, entregado por la Fundación Internacional de Mujeres Periodistas, aún vive en el exilio.

Actualmente reside en Costa Rica junto a su familia y comenta que las medidas cautelares, que aún le mantienen, son de beneficio solo en los Estados democráticos.

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Las redes sociales se volcaron en solidaridad por la periodista Lucía Pineda y por todos los presos políticos. Literal/Cortesía

Protegida solo por Dios

“En Nicaragua vivimos en una dictadura que no hace caso a lo que dicen las leyes nacionales ni las leyes internacionales, entonces no acatan nada que venga del exterior aunque sean signatarios del pacto para garantizar los derechos humanos, pero no garantizan nada”, expresa Lucía Pineda.

La periodista dice que solo se siente “protegida por Dios” y lamenta que lo ocurrido cambió su vida por completo, al forzarla a vivir en Costa Rica, a donde antes iba solo a visitar a su familia, y dejar su hogar, su trabajo y sus amistades en Nicaragua.

“Mi mundo, mi vida es allá”, en Nicaragua, dice Pineda, quien sin dudar asegura que en algún momento volverá, pero ese momento no ha llegado aún, pues estar en Costa Rica garantiza que 100% Noticias se mantenga pese a que le confiscaron el edificio y los equipos.

Intensa persecución contra Miguel Mora

A Miguel Mora Barberena la CIDH le otorgó medidas cautelares el 13 de diciembre de 2018, debido a la intensa persecución y acoso al que estaba siendo sometido por parte del régimen de Daniel Ortega.

Igual que a Lucía Pineda, la Corte IDH aprobó medidas especiales en febrero de 2019, cuando ya estaba detenido y acusado arbitrariamente.

“Ya habíamos sido censurados, amenazados, agredidos, robados, vapuleados, injuriados, calumniados e incluso habíamos sido amenazados de muerte de parte de oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía”, recuerda Miguel Mora.

Pese a salir de prisión en junio del 2019, el periodista enfatiza que aunque lo sacaron de la celda “me declararon muerte civil, porque no puedo hacer mayor cosa y el proceso está abierto”.

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En la actualidad, las instalaciones de 100% Noticias se mantienen tomados por efectivos policiales. Literal/Cortesía

Dictadura no sabe leer medidas cautelares

Mora es categórico al señalar que “la dictadura no responde a las medidas cautelares, para ellos no existen, no hay ninguna respuesta oficial”.

Expresa Mora que cuando el Estado fue requerido para responder por las medidas especiales otorgadas a él, Pineda y al resto de periodistas del canal, el régimen calló y solo respondió hasta que ya habían sido liberados después de mantenerlos seis meses en la cárcel.

No obstante, el periodista hoy miembro del Comité Nacional de la Coalición Nacional, considera que las medidas cautelares “sirven para volverte visible pero no te protegen que te vayan a hacer algo. No es lo mismo estar con una medida cautelar que no tener ninguna, porque la medida cautelar te visibiliza”.

Sin embargo, Mora dice estar consciente de que para el régimen, las leyes nacionales e internacionales no funcionan y en cualquier momento buscarán la forma de volverlo a apresar y torturar.

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Una de las medidas intimidatorias por parte de la Policía Nacional es fotografiar a los periodistas. Literal/Cortesía

Lo quieren vivo en una tumba

“Sí te pueden golpear como me golpearon, sí te pueden aislar como me aislaron, pero no van a quebrarte un dedo, a sacarte una uña, a golpearte más. Ellos tratan de que vos estés en una tumba, pero que estés vivo y que no tengas ningún golpe. Creo que en eso ayudan las medidas cautelares”, explica Miguel Mora.

Mora refiere que en la actualidad, las patrullas policiales frente a su casa, y los retenes a la entrada y salida de su vivienda, que antes de su detención eran permanentes, han desaparecido, sin embargo señala que siempre hay vigilancia de sus movimientos sobre todo cuando sale a reuniones políticas o de denuncia.

“Siempre hay un seguimiento, pero no hay acoso, en el sentido de amenazas o como antes que me paraban, me quitaban mis enseres, me encapuchaban, me metían, me amenazaban. Ellos se han cuidado de eso”, comenta.

Espada fiscal sobre su cabeza 

No obstante, la persecución política y policial se trasladó ahora al fisco.

Pese a que el régimen confiscó sus bienes en 2018, Miguel Mora está siendo apremiado para que pague a la Dirección General de Ingresos más de ocho millones de córdobas.

“Mirá hasta dónde llegan estos salvajes, confiscaron la empresa, se robaron el canal y me están cobrando más de ocho millones de córdobas, en concepto de impuestos de esa empresa que la tienen confiscada. O sea te robaron, te agarraron el dinero, te agarraron todos tus activos y te cobran impuestos”.

Para Mora el cobro constituye una nueva amenaza para él, pues aunque legalmente se ha demostrado que fue confiscado y detenido arbitrariamente, el fisco insiste en el cobro.

 

El periodista Emiliano Chamorro, ha denunciado en múltiples ocasiones asedio y persecución de parte la Policia Nacional. Literal/Cortesía

Casa por cárcel

“Están cobrando sobre un muerto y sobre una empresa que se robaron y no hacen caso, van dando no ha lugar, no ha lugar, entonces está llegando el momento en que yo les voy a decir echame preso pues, a ver cómo nos va, a ver qué tanto peso puede tener eso, o qué repercusiones puede tener eso, porque ellos apuestan al miedo”, expresa Mora.

Además de no tener empresa y no poder ejercer el periodismo, por tener un proceso abierto, Mora expresa que su vida ha cambiado radicalmente, luego de su detención y posterior excarcelación.

“Me he vuelto incluso hasta político, porque soy miembro de la Coalición Nacional y he optado por esto para poder salir de estos clavos, no solo a título personal, a nivel nacional cambiar esta dictadura lo más que se pueda y restaurar la democracia”.

“Estoy recluido en mi casa porque prefiero no salir, porque es peligroso ante tanta gente fanática y también por la delincuencia misma y por la misma represión, pero sí, todo esto ha cambiado de la noche a la mañana mi vida”, expone el periodista.

Medidas cautelares a Confidencial

Al periodista Maynor Salazar, la CIDH le otorgó medidas cautelares el 21 diciembre de 2018, como parte de las otorgadas a Carlos Fernando Chamorro, director de la revista Confidencial, del sitio Niú y de los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche, y al equipo de reporteros de estas publicaciones.

El organismo consideró que existía evidencia a primera vista que indicaban que la vida e integridad de Chamorro y su equipo de trabajo se encontraban en una situación de gravedad y urgencia.

Las instalaciones de Confidencial y otras empresas fueron allanadas arbitrariamente por la Policía del régimen a la medianoche del jueves 13 de diciembre de 2018.

Previamente, recuerda Maynor, el equipo había sido objeto de intimidación, asedio, agresiones y amenazas de diversa índole y por diferentes medios.

Momentos en las que la Policía Nacional impide el acceso del periodista Carlos Fernando Chamorro a la delegación de Plaza el Sol. Literal/Cortesía

Periodista casi en clandestinidad

En su caso, en dos ocasiones lo siguió una camioneta Hilux color plomo, había recibido mensajes de textos y llamadas amenazantes, que sirvieron para demostrar ante la CIDH el riesgo que corría.

Entre las amenazas que recuerda están llamadas de números privados en un par de ocasiones, en las que le advertían que sabían sobre los temas que trabajaba y en redes sociales le decían que lo golpearían en la calle.

En particular recuerda que en una ocasión estaba en una parada de buses y pasó una camioneta, de la cual le dijeron “ya sabemos dónde andas y cuál es tu ruta y yo pues me hice el desentendido y me monté en otro vehículo, un taxi, y me fui”.

Salazar dice que aunque llegó a sentir preocupación por lo que pudiera pasarle a su familia, trató de no darle importancia para evitar caer en la paranoia.

No obstante, decidió trasladarse a vivir a otro lado y tomar medidas de seguridad.

Tras el otorgamiento de medidas cautelares, el acecho continuó incluyendo con ex oficiales policiales paseando perros frente a su casa y atisbando hacia el interior de la vivienda.

Amenazas no cesaron

Para Maynor, las medidas cautelares de protección para los periodistas, no preocupan al gobierno de Daniel Ortega y considera que en cierta forma más bien los expone, porque los convierte en blanco de los fanáticos del Frente Sandinista.

“Y el hecho de tener a patrullas policiales al frente de tu casa no quiere decir precisamente que están cuidándote. Entonces al final uno dice: sí, estamos en el ojo de los organismos internacionales que defienden nuestros derechos, pero al final esa misma seguridad queda en manos de los represores que nos están censurando, nos están amenazando, no sabemos cuál es la cuota de ganancia de esto, no sabemos si el hecho de que te den unas medidas cautelares te ponen en el ojo o en la mira del gobierno o si simplemente ellos van a abstenerse de amenazarte”.

El hoy periodista de Divergentes, que aún mantiene las medidas otorgadas por la CIDH en su beneficio, señala que el régimen ha llegado a amenazar a fuentes de información que han hablado con él.

Tal es el caso de personas beneficiarias del proyecto Bismarck Martínez, que luego de hablar con él, fueron advertidas que si se publicaba algo perderían la vivienda.

Oficiales de la Policía Nacional en asedio constante a opositores en todos los departamentos del país. Literal/Cortesía

Asedio sigue en lo fino

Esto lo ha forzado a extremar las medidas para no afectar su trabajo y la seguridad de las fuentes.

“Ahora el asedio siempre continúa, pero más que todo en las redes sociales (…) y es día a día, pero creo que esto es orientado desde los fanáticos, no creo que sea una orden desde más arriba”, reflexiona.

Yader Luna cree que las medidas cautelares que les han otorgado como parte del equipo de Confidencial, aunque fueron aprobadas expresamente luego del asalto a las instalaciones del medio de comunicación, no disuadieron a quienes les amenazan.

“El gobierno como no sabemos cómo actúa en algunos casos no sabemos qué pensaron con estas medidas, pero como la mayoría de la población lo que podemos intuir y lo que hemos vivido es que no cambió nada, o sea siguen asediando, siguieron en persecusión y las amenazas en redes y en otras plataformas progubernamentales continúan”.

El periodista admite que ya no los asedian frontalmente como cuando tenían la sala de redacción, “pero es un riesgo inminente y en redes los ataques continúan, quizá no con la misma intensidad que en el 2018 y el 2019, pero sí han continuado”.

Antes del allanamiento a las instalaciones del medio de comunicación para el cual labora, Yader fue objeto de amenazas constantes de los denominados “trolls” y “bots” del régimen, que emitían amenazas de forma anónima y asedio en las coberturas de contramarchas que realizaba los adeptos del régimen.

Un oficial de las fuerzas especiales de la Policía en las oficinas donde funcionaba Confidencial, Esta Noche y Esta semana. Literal/Cortesía

Temor sigue vivo

El temor tras el despojo de las instalaciones de Confidencial, que les obligó a trabajar de forma clandestina, debido a la persecución constante y asedio, le ha acompañado en ciertos momentos y admite que su vida, tal cual la vivía antes de diciembre de 2018, ha debido cambiar.

“Las rutinas son otras, las medidas de seguridad que uno trata de tomar también son otras”, cuenta.

“Creo que te sentís respaldado digamos  por una organización con tanto prestigio como la CIDH”, expresa respecto a las medidas cautelares aún vigentes para él y sus compañeros de labor.

Igual que otros periodistas beneficiados, Luna destaca que lo más positivo de las medidas cautelares es que quedan visibles ante la opinión pública nacional e internacional: “finalmente eso va a ayudar a evidenciar que cualquier cosa que nos pase, va sobre los hombros del gobierno, pues actuarían sobre advertidos, pero la realidad ya sabemos que al gobierno no le importa mucho”.

Eduardo Montenegro: “Ya no se puede hacer periodismo”.

Para Eduardo Montenegro la situación de amenazas en su contra y la del equipo del Grupo Notimatv, medio del cual es dueño y director en el departamento de Matagalpa, le han llevado a considerar el exilio junto a su familia.

Según él, este ha sido su pensamiento en al menos dos ocasiones, desde 2018, cuando arreció el acoso en su contra, de su familia y personal de trabajo.

Su vida ha tenido “un cambio de 180 grados, porque aquí incluso uno continúa valorando incluso la posibilidad de irse del país y salir al exilio, porque ya siente uno que no aguanta, que uno es el blanco, nos ha cambiado todo el sistema, no solo para mí, también para mis hijos, para toda la familia, para todo el núcleo porque ya nadie lleva una vida normal como antes, ya no se va a un restaurante, ya no se anda en las calles tranquilo, ya no se puede hacer periodismo”.

Según el director del medio matagalpino, que recibió medidas cautelares de la CIDH el 17 de junio de 2020, las agresiones empezaron antes de 2018, cuando les cambiaron la frecuencia del canal y agredieron físicamente a los equipos de periodistas.

Pero todo empeoró luego de las crisis de abril de 2018, con las coberturas de las protestas sociales.

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Otra de las medidas ejecutadas por las fuerzas armadas, es impedir a los periodistas dar cobertura a las noticias. Literal/Cortesía

De amenazas a balazos

“Comenzamos a recibir ya amenazas verbales de los simpatizantes del Frente Sandinista. No una agresión directa, siempre a través de llamadas, cuando nos miraban en las calles, las malas miradas y el ambiente tóxico que se sentía en los tres meses”, relata Montenegro, quien sostiene que recurrió a la CIDH cuando llegó a Managua y Matagalpa, para plantear la situación que vivían.

Tras eso decidió salir del país en mayo y retornó el 19 de julio de 2018, pero decidió salir nuevamente por tres meses en noviembre de ese mismo año, debido a que “se nos complicó la cosa, porque ya nos vinieron a hacer disparos aquí al canal”.

“Vinieron a balacear la casa a medianoche, fue un día. En la mañana de ese día me dieron persecución unos motorizados, ya esos de manera si directa, nos dieron persecución mientras cubríamos un plantón”, relata.

Según Montenegro, el hecho de que no estuviera en el país no impidió que siguieran las agresiones al personal periodístico del Canal.

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Nueva denuncia, mismos ataques

“A raíz de esos hechos de manera más directa, todo eso ya lo veníamos documentando y se lo pasamos al grupo de Costa Rica, Colectivo de Derechos Nicaragua Nunca Más, les presentamos todo lo que habíamos venido pasando, parece que la CIDH nos venía dando seguimiento de todas las cosas”, explica el periodista.

Montenegro argumenta que siguieron en el proceso de denunciar debido a que al volver al país “comenzaron nuevamente las amenazas de manera directa”.

Sostiene que no salen comúnmente a las calles porque para ellos existe una doble pandemia: “la del virus y la de esta gente que mucho jode”.

“Nosotros no salimos, entonces todo nos cae al Whatsapp, a las redes sociales y cuando nos ven en las calles hay amenazas directas, como Matagalpa es una ciudad pequeña, todos nos conocemos entonces si nos mira el Secretario Político es problema, si me mira el jefe de los paramilitares es problema, entonces nosotros ya de hecho ya no estamos saliendo”.

Así quedó la venta del canal Notimatv luego que fanáticos sandinistas dispararan. Literal/Cortesía

Amenazas desde nuevas fuentes

Tras el otorgamiento de las medidas cautelares de protección, revela el director de Notimatv que las amenazas siguen, pero provienen de otras fuentes.

“De parte de ellos de manera directa de las páginas oficiales que ellos manejan que antes nos atacaban, incluso a través de la radio pues se han calmado estos dos meses. Pero de ahí para abajo con el sandinista, perdón el orteguista de a pie, ese sí, ese es el que nos vive haciendo llamadas, escribiéndonos al Whatsapp, mandándonos mensajes y eso”.

Montenegro cree que las medidas cautelares no funcionan como deberían en Nicaragua.

“Si las cumplieran las medidas cautelares fuera bonito, pero no. O sea funcionan a nivel internacional, pero aquí no, localmente no”.

Sobreviviente de incendio de Radio Darío

Por su parte el Jefe de Prensa de Radio Darío, Francisco Torrez advirtió que las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en otro contexto político, deberían garantizar su ejercicio periodístico sin temor a ser detenido, agredido o despojado de sus equipos de trabajo.

“Pero en un país polarizado como el nuestro, las medidas cautelares de la CIDH no tienen valor alguno para las autoridades, mucho menos para sus operadores políticos en una ciudad como la nuestra (León), donde considero que la violencia con la que operan las turbas y paraestatales es desmedida”.

Torrez recibió medidas cautelares en julio de 2018, cuando una comisión de la CIDH investigó las agresiones y el asedio contra la emisora.

Francisco estaba en la emisora la noche del 20 de abril de 2018 cuando paramilitares del FSLN llegaron a incendiar la emisora con 12 personas adentro, incluyendo al director de la radio, Anibal Toruño.

En el ataque terrorista murieron dos personas, la radio se quemó y estuvo fuera del aire.

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Patrullas policiales asedian constantemente las instalaciones de Radio Darío en León. Literal/Cortesía 

No se siente protegido

Desde entonces, Torrez confiesa que la mejor medida cautelar que ha tenido es ser precavido en su trabajo, no salir solo y para las coberturas conformar un grupo y no exponer equipos de trabajo de valor.

“Las medidas cautelares son válidas, por supuesto. Pero no me siento protegido. Creo que la policía cuando nos asedia, nos identifica en la calle, en lo que menos piensa es que tenemos medidas cautelares y que el gobierno está en la obligación de protegernos”, advirtió el periodista.

Torrez agregó que desde que la CIDH otorgó estas medidas al director de Radio Darío, Aníbal Toruño y algunos colaboradores que estuvieron expuestos a la destrucción de la emisora, en ningún momento el gobierno se ha comunicado con ellos para plantearles los trámites que deben llevar a cabo.

“Al contrario, nos han robado, agredido, allanado y hasta han intentado citarnos a la policía. Trabajamos por 7 meses de forma clandestina y cuando descubrieron dónde trabajábamos destruyeron la propiedad”, expone el periodista.

Producto del asedio y persecución, la mayoría del personal de la radio que recibió las medidas cautelares han abandonado el trabajo, algunos la ciudad y otros el país.

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Escapó de la muerte

Confiesa Torrez que la experiencia más compleja que le ha tocado vivir y que le ha generado un trauma fue la destrucción de la radio en 2018.

“Siempre me vienen imágenes a la mente, ver las llamas avanzando hacia mí en un cuarto donde la puerta de escape no cedía. El humo iniciaba a asfixiarnos. Te bloqueas en el momento y te resignas a morir”, rememoró Torrez.

“Unos lo hemos superado de mejor forma que otros. Pero eso te marca”, finalizó.

En la actualidad muchos periodistas confiesan que uno de los momentos más difíciles de su carrera fue cubrir  las protestas de abril 2018 en medio de balas y amenazas de muerte. Literal/Pixabay 

El gobierno no ha procedido

Para  Aníbal Toruño, director de Radio Darío, el régimen ha ignorado a propósito la implementación de medidas de protección de seguridad para los  periodistas con medidas cautelares.

“Si bien es cierto, esa parte ha funcionado poco o casi nada, creo que el mayor legado, el mayor beneficio que nos ha dado el hecho de tener medidas cautelares de la CIDH, es la legitimidad y la visibilización”, expresa Toruño.

Su radio es una de las más asediadas por la policía sandinista a cargo del violento y fanático jefe policial Fidel Domínguez, quien no solo ha atacado a la radio y sus periodistas, sino que ha mandado a amenazar personalmente a Toruño, quien producto de las agresiones, se fue al exilio y actualmente regresó a Nicaragua para vivir casi en condiciones de clandestinidad.

Para él, estas medidas cautelares, sin embargo, han visibilizado los peligros del trabajo, de la defensa, de los riesgos que se toman por el hecho de ejercer el periodismo en Nicaragua.

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Desde su regreso a Nicaragua, el periodista Aníbal Toruño ha tenido que vivir tomando medidas de precaución extremas. Literal/Cortesía

El gran impacto de las medidas cautelares

“Creo yo que (el mayor beneficio) ha sido esa visibilización, la validación de poder ser más visibles en medio del régimen, donde no existe ley, no hay Constitución, no hay un sistema judicial, no existe ninguna instancia donde vos te podás quejar, no existe una policía que pueda protegerte, existe una policía que ataca”.

El periodista refirió, que al ser beneficiario de medidas cautelares, los medios de comunicación y organismos internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos están más pendientes de lo que ocurre en Nicaragua y se facilita la divulgación de cualquier situación que ocurra.

Señaló que el gobierno sabe los riesgos y costos internacionales que conlleva afectar a los beneficiarios de medidas cautelares y quizás por ello ha frenado en cierto modo el ataque físico directo, pero la persecución, el acecho y las amenazas, continúan en todo el país.

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A nivel internacional el gobierno de Daniel Ortega ha intentado sin éxito hacer creer que en el país se respeta la libertad de expresión y de prensa. Literal/Tomada de medios oficiales

No hay escudo contra la dictadura

“Eso no quiere decir que es una garantía o es un escudo en el cual no penetra nada, en absoluto, es una raya muy delgada, un horizonte muy delgado, una división muy tenue y en cualquier momento puede pasar cualquier cosa”.

Toruño añadió que en términos generales, el régimen no ha respetado a los periodistas beneficiarios de medidas cautelares.

“En lo absoluto, yo creo que no ha sido así, es más, hay periodistas que han tenido medidas cautelares están actualmente siendo afectados y han sido judicializados, han estado en las cárceles, y siendo asediados”, denunció el periodista.

El director de Radio Darío subrayó que el Estado de Nicaragua no ha podido cumplir en lo absoluto “nada de lo que mandatan las medidas cautelares y más bien hace caso omiso”.

Explicó que las medidas orientan al Estado garantizar protección del régimen para asegurar la integridad física y el ejercicio de la labor de los periodistas beneficiarios “y eso no se ha dado”. 

 (Editado por José Adán Silva con colaboración de Nohelia González y María José Espinoza)