Mientras los nicaragüenses concentraban su atención en una propuesta del Ejecutivo que busca crear una secretaría para asuntos "del espacio, la Luna y otros cuerpos celestes", el gobierno presionaba a los banqueros nicaragüenses a aceptar la reforma y adición a la Ley 842 "Ley de Protección de los Derechos de las personas consumidoras y usuarias". Según el sector financiero, dicha legislación pondría en riesgo muchas gestiones y servicios, incluyendo las transacciones de remesas.

Según han declarado diputados opositores al régimen en la Asamblea Nacional, esta reforma de Ley será aprobada el próximo 3 de febrero y busca obligar a los bancos privados a reabrir servicios a personas e instituciones sancionadas por Estados Unidos por violación de derechos humanos y corrupción.

ASOBANP se pronuncia

Mediante una misiva dirigida a los diputados miembros de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional de Nicaragua, la Asociación de Bancos Privados (ASOBANP), rechazó la propuesta de reforma y adición a la Ley 842, advitiendo que esta modificación impediría a los bancos que de manera libre elijan con quién iniciar y cancelar sus relaciones comerciales.

Según el documento firmado por Juan Carlos Argüello Robelo, presidente de la asociación, esta reforma pone en riesgo al país, y “(…) ocasionará el cierre de las cuentas de corresponsalía bancaria, la imposibilidad de recibir remesas, de enviar o recibir transferencias internacionales”. 

Según el economista Marco Peña, de ser aprobada esta reforma de Ley, las agencias calificadoras de riesgo valorarán de manera negativa a Nicaragua. Literal/Pixabay

Nicaragua sería excluida del Sistema Financiero Global

Como si lo anterior fuera poco ASOBANP, refiere que la imposición de Ortega pone en peligro a los bancos por el lavado de dinero, pues el mecanismo trata de mantener abierta las cuentas de funcionarios nicaragüenses que han sido sancionados por Estados Unidos. Insisten que “esto implica que Nicaragua sería excluida del Sistema Financiero Global”.

En declaraciones al diario La Prensa, la diputada Azucena Castillo refirió que “el Gobierno se está disparando en el pie”, ya que si los bancos nicaragüenses quedan aislados internacionalmente, será difícil que los préstamos en concepto de emergencia sanitaria por coronavirus y por los huracanes Eta y Iota sean transferidos.

Los diputados sandinistas, en su reunión para analizar el documento, dictaminaron de manera favorable la propuesta de reforma, desoyeron las advertencias de Asobanp y calificaron de "chantaje" las alertas de riesgos sobre remesas, corresponsalías de bancos extranjeros y otros posibles afectaciones a la banca. 

¿Manto de protección a los sancionados?

De acuerdo a la interpretación de empresarios y banqueros, la propuesta de reformas a la ley de Consumidores busca obligar a la banca privada a restablecer los servicios bancarios a las 27 personas e instituciones sancionadas por la OFAC por corrupción, lavado de dinero y violación de derechos humanos en Nicaragua.

Entre los sancionados figuran la vicepresidenta Rosario Murillo y sus hijos Juan Carlos, Laureano y Rafael Ortega Murillo, asi como varios diputados sandinistas como Wálmaro Gutiérrez y Gustavo Porras, el jefe del Ejército, Julio César Avilés Castillo, el ministro de Hacienda Iván Acosta, magistrados electorales y judiciales; fiscal general de la República, Ana Julia Guido, testaferros de Ortega y la jefatura policial, incluyendo la Policía Nacional.

Por su parte Róger Arteaga, economista y expresidente de la Cámara Americana de Comercio de Nicaragua, en declaraciones al programa en línea Café con Voz, calificó esta reforma como “absurda”, pues a su criterio viola una cantidad de reglamentos, leyes y formas de operar del sistema financiero.

Arteaga mencionó que esta reforma de Ley está tocando una serie de compromisos internacionales y formas de operar de los bancos del sistema financiero con sistemas internacionales.

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“En el caso de Nicaragua pareciera que esta Ley lo que está tratando de hacer es obligar a los bancos a tener que aceptar a cualquier persona que sienta que se le está negando un acceso al banco o a los servicios del banco”, dijo Arteaga, quien detalló que las personas que no tienen acceso a los servicios de los bancos son aquellas que tienen problemas legales, penales y sancionados internacionales por la Oficina de Control de Activos Financieros de Estados Unidos (OFAC por sus siglas en inglés), oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Bancos con grandes problemas

Para Arteaga, de ser aprobada esta reforma de Ley, los bancos corresponsales de los entes financieros nacionales van a cortar relaciones y se verían afectados importadores y exportadores del país. A esto se le debe agregar el riesgo de enviar y recibir las remesas y la validez y cobertura de las tarjetas de crédito.

“Desaparecerían las tarjetas de crédito porque no habría forma cómo el banco pueda cumplir con los operadores de tarjetas de crédito internacional para poder hacer uso de la tarjeta y hacer los pagos que correspondan al uso de esas tarjetas”, lamentó Arteaga.

Además, se mostró extrañado que los economistas del gobierno no piensen en las consecuencias que esto puede tener para el país.

 Para Róger Arteaga, esta Ley, está tocando una serie de compromisos y formas de operar de los bancos del sistema financiero del país.Literal/Pixabay

No es una solicitud de los consumidores

Para el economista Marco Peña, este proyecto de ley no obedece a una necesidad planteada por determinado sector de consumidores nicaragüenses: “tampoco conocemos que hay un número de ciudadanos agrupados en ligas u organizaciones de defensa de los consumidores y usuarios de modo que legitime el proyecto de ley”.

Advirtió que por la información disponible, se sabe que fue un anteproyecto de ley enviado con las firmas de unos diputados y que no obedece a una necesidad de determinado grupo de interés y que en un contexto  político difícil como el que se vive en el país, no beneficia de ninguna manera y vuelve mucho más compleja la dinámica de contracción y recesión económica que envuelve a Nicaragua desde 2018.

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“Hay un trastocamiento del orden jurídico establecido que a mi modo de ver, viene a entrar en contradicción y pone en aplicación la interpretación de este artículo, en perjuicio de los actores involucrados”, enfatiza Peña.

Nicaragua en la lista negra

Finalmente, Peña recordó que las agencias calificadoras de riesgo valorarán de manera negativa a Nicaragua, con este nuevo proyecto de ley que eventualmente podría ser ley: “Todo aumenta el riesgo país y desmejora la marca país, la imagen país, de cómo se proyecta Nicaragua para la inversión extranjera directa”, explicó.

Según Peña, lo anterior abona a la inseguridad jurídica, “y cuando  hay inseguridad jurídica hablamos de déficit de institucionalidad, no se  está respetando la libertad de empresa, la libertad de contratación y lo que propiamente en derecho se llama autonomía de la voluntad de las partes”, lamentó el economista.