La Asamblea Nacional nicaragüense, controlada por el régimen sandinista aprobó este miércoles una reforma y adición a la Ley N° 842, “Ley de Protección de los Derechos de las personas consumidoras y usuarias”, la cual protege a funcionarios e instituciones sancionadas por corrupción y violación a los derechos humanos, poniendo en riesgo el sistema financiero nacional.

En días pasados, al conocerse la iniciativa, la Asociación de Bancos Privados (ASOBANP), envió una comunicación a  los diputados miembros de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional de Nicaragua, rechazando la propuesta y advirtiendo que esta modificación impediría a los bancos que de manera libre elijan con quién iniciar y cancelar sus relaciones comerciales.

La advertencia del sector, además, explicaba que estos riesgos incluían la posibilidad de enviar y recibir remesas, transar importaciones, cierre o retiro de filiales internacionales y un sinfín de graves inconvenientes al sistema financiero.

A pesar de esto y las múltiples advertencias de reconocidos economistas y empresarios del país, la reforma y adición es ahora una realidad y toca esperar la posición de la banca y los resultados de tan peligrosa imposición.

La reforma y adición a esta Ley fue aprobada con 74 votos a favor y 14 en contra. Literal/Tomada de redes Asamblea Nacional

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Un sinfín de consecuencias

Entre las consecuencias de esta reforma y adición a la Ley 842 están:

  • Peligro a los bancos por lavado de dinero, pues el mecanismo trata de mantener abierta las cuentas de funcionarios nicaragüenses que han sido sancionados por Estados Unidos.
  • Exclusión de Nicaragua del Sistema Financiero Global.
  • Ocasionará el cierre de las cuentas de corresponsalía bancaria, la imposibilidad de recibir remesas, de enviar o recibir transferencias internacionales.
  • Viola una cantidad de reglamentos, leyes y formas de operar del sistema financiero.
  • Afectará la validez y cobertura de las tarjetas de crédito.
  • Problemas para la importación y exportación de productos en el país.
  •  Aumenta el riesgo país, desmejora la marca país, de cómo se proyecta Nicaragua para la inversión extranjera directa.
    En declaraciones recientes el economista Marco Peña dijo a Literal que este proyecto de ley no obedece a una necesidad planteada por determinado sector de consumidores nicaragüenses. Literal/Pixabay

El Estado no debe interferir

Azucena Castillo, diputada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), dijo a medios nacionales que la bancada del PLC emitió un voto razonado “se opone a la forma y fondo” por considerar que interfiere en la economía más allá de los límites, pone en peligro el sistema financiero y realmente no protege a los consumidores.

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“El Estado no debe exponerse como fuente para interferir en la economía más allá de los límites que permiten los artículos 99, 100, 103 y el 104 de la Constitución de la República (...) intervenir desde esta reforma en las políticas privadas de la banca puede ser contraproducente”, señaló.

Además de Asobanp, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) y el Consejo Superior de la Empresa Privada se oponen a dicha reforma que beneficia a los funcionarios sancionados de Nicaragua.

Un nuevo comunicado del Cosep, reitera que tal reforma afecta gravemente el sistema financiero y eleva el riesgo de que la banca pierda recursos y suspenda transacciones nacionales e internacionales.