Amnistía Internacional (AI) presentó un informe sobre “tácticas del estado” para silenciar a las voces disidentes de Nicaragua. El documento expuesto hoy, surge en un contexto crítico, a casi tres años del estallido social que comenzó en abril de 2018 y tras la aprobación de leyes que presionan a organismos de derechos humanos.

 “Silencio a Cualquier Costo”, tácticas del estado para profundizar la represión en Nicaragua, es el nombre del informe de Amnistía Internacional.

Tres tácticas brutales

El documento detalla las “tres tácticas para ahogar la denuncia pública en Nicaragua”.  Detenciones arbitrarias, cargos falsos y cárcel. Aprobar leyes para acallar a las críticas y el disenso y la muerte civil; son las tácticas que detalla el informe.

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“La evidencia y testimonios contenidos en este informe muestran la forma en la que el gobierno de Nicaragua no solo ha profundizado, sino que ha perfeccionado su aparato represivo, poniendo en práctica una serie de tácticas sofisticadas para silenciar cualquier forma de crítica y demanda social, a cualquier precio”, denuncia el informe de AI.

AI señala que en el contexto de las protestas antigubernamental, desde 2018 ha documentado la muerte violenta de más de 300 nicaragüenses.

Según datos de la CIDH entre abril de 2018 y octubre de 2020, 1.614 personas fueron encarceladas arbitrariamente por su participación en las manifestaciones. Literal/ Cortesía

Táctica 1: Detenciones arbitrarias, cargos falsos y cárcel

El informe señala que el gobierno hace uso de asedio policial y del poder judicial para juzgar a opositores por cargos falsos. Los casos por los que se apresa a los opositores generalmente son “extorsión y el tráfico de drogas.”

Según declararon organismos de derechos humanos del país a AI, a los opositores se les niega una serie de derechos, entre ellos la presunción de inocencia y un juicio justo. El poder político y manipulación acompaña cada caso que es abierto a opositores del régimen.

AI describe las cárceles a las que son trasladados los prisioneros políticos, como “algunas de las más brutales de América Latina”.

Cárcel y pandemia

Denuncian la falta de acceso a los servicios básico como el agua potable, así también las condiciones insalubres e inhumanas de hacinamiento.

La violencia ejercida por la policía y el irrespeto a la identidad de género de las mujeres trans, son parte de las violaciones denunciadas a AI.

En Nicaragua miles de ciudadanos han sido encarcelados por ejercer su derecho a la libertad de expresión y protesta pacífica.

100 presos políticos

Para noviembre del 2020, al menos 100 personas continuaban en las cárceles por razones políticas.

Quienes han estado detenidos durante la pandemia del Covid-19, se enfrentan a situaciones de extremo peligro, pues se enfrentan al Covid, sin las condiciones mínimas de higiene.

AI cita a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que, en mayo del 2020, declaró que más de 40 personas detenidas por razones políticas, presentaban síntomas del Covid-19.

Táctica 2: Aprobar leyes para acallar a las críticas y el disenso

El informe aborda también cómo con la creación de leyes represivas se busca coartar el derecho a la protesta ciudadana, libertad de expresión y la gestión de organismos pro derechos humanos.

El organismo internacional aborda el tema de la Ley de Agentes Extranjeros que en las últimas semanas ha puesto presiones a los organismos independientes del país, pues restringe derechos fundamentales para la libertad.

La Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada en 2020, según AI, “sugiere que busca también castigar a quienes critiquen las políticas del gobierno”.

AI señala el uso de leyes para quitar la personería jurídica al Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH), cuyo edificio fue recientemente demolido.

La creación de esta serie de leyes se ve estrechamente relacionado con las elecciones presidenciales del próximo noviembre.

Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 10 millones de personas que trabajan en favor del respeto y la protección de los derechos humanos. Literal/ Cortesía

Táctica 3: La “muerte” civil

En este apartado se aborda la situación de los excarcelados políticos. La violencia los persigue más allá de la cárcel, pues tanto ellos como su familia son víctimas de asedio.

Entre las formas de acoso que menciona el informe, está el control excesivo en puestos fronterizos, detenciones y amenazas por parte de la policía.

Muchos de los ex reos políticos, fueron puestos en libertad con la aprobación de la llamada Ley de Amnistía, que “contiene la peligrosa cláusula de no repetición”, poniendo limitantes para que las personas puedan ejercer sus derechos que ya han sido violados.

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Después de la cárcel muchos nicaragüenses han tenido que ir al exilio, debido al acoso gubernamental.

El informe detalla que “grupos locales estiman que al menos 30 de las personas que permanecían privadas de la libertad en noviembre de 2020 eran personas que habían sido excarceladas y luego detenidas nuevamente.”

Recomendaciones

En este último apartado AI deja claro que “desde el inicio de la crisis, Amnistía Internacional ha visitado Nicaragua en varias ocasiones y emitido recomendaciones que, hasta la fecha, las autoridades estatales han ignorado”.

Las recomendaciones están orientadas al respeto de los derechos humanos, respeto del escrutinio internacional y “desmantelar grupos parapoliciales”.