La Unión Democrática Renovadora (UNAMOS), antes Movimiento Renovador Sandinista (MRS), interpuso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”, ya que "violenta garantías, derechos y disposiciones constitucionales".

"Nosotros dejamos sentados que no vamos a obedecer ni una sola ley que es ilegal e ilegítima y que vamos a continuar interponiendo recursos por inconstitucionalidad ante todas estas leyes orteguistas. No nos van a callar, no nos van a censurar, vamos a continuar la lucha por la libre movilización y la libre expresión", manifestó Suyén Barahona, presidenta nacional de UNAMOS.

La Ley Especial de Ciberdelitos, conocida popularmente como Ley Mordaza o Ley Bozal, fue aprobada el pasado 27 de octubre y entró en vigor 60 días después de su publicación en la Gaceta, el Diario Oficial.

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Esta ley tiene por objeto "la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación" y su normativa, aprobada por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), publicada el pasado 29 de enero 2021, establece entre otros aspectos, que las operadoras de telecomunicaciones deberán almacenar los datos personales de sus usuarios, incluyendo nombres, números telefónicos, correos electrónicos y hasta direcciones domiciliares.

Esa información deberá resguardarse por un año y podrá ser proporcionada a la Policía Nacional y a la Fiscalía con el fin de perseguir y sancionar "ciberdelitos".

Suyén Barahona, presidenta nacional de UNAMOS dijo que continuarán interponiendo recursos por inconstitucionalidad ante las leyes orteguistas.Literal /Cortesía

"Estrategia del orteguismo"

UNAMOS dijo que "con esta ley los Ortega-Murrillo continúan su campaña de hostigamiento, de judicialización, de amenazas en contra de la libre expresión".

Asimismo, Barahona añadió que esta ley es parte de la "estrategia del orteguismo" que busca perseguir a periodistas y ciudadanos que denuncian las violaciones a los derechos humanos.

Con esta iniciativa, UNAMOS pidió a la Corte Suprema de Justicia  “un análisis profundo, imparcial, serio y profesional de las alegadas violaciones a derechos constitucionales, ejerciendo efectivamente su rol de garante de la primacía constitucional y alejados de afrentas políticas”.

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El gobierno de Ortega ha impulsado una serie de leyes que según expertos serán una herramienta de persecución contra los que no están de acuerdo con el régimen.

Además de la Ley Especial de Ciberdelitos, fue aprobada la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, la reforma que instaura la cadena perpetua por crímenes de odio, entre otras.