En marzo 2019 la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua (PDDH), fue degradada a clase “B” en la escala de Alianza Global de las Instituciones Nacionales para la Protección de los Derechos Humanos y en este 2021, según un informe de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, esta entidad continúa sancionada como defensora de los derechos de los nicaragüenses. 

El informe titulado “Seguimiento al estado de cumplimiento de las recomendaciones incluidas en el informe de la OACNUDH de 2019”, con fecha de enero 2021 indica que la Institución Nacional de Derechos Humanos debe seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios para reforzar su mandato.

“En particular como mecanismo nacional de prevención de la tortura. A fin de cumplir plenamente su mandato, debe investigar exhaustivamente las denuncias de tortura y malos tratos a personas detenidas, en particular los cometidos desde abril de 2018”, refiere el escrito.

Advierte además, que en varias ocasiones, la OACNUDH se ha ofrecido a prestar asistencia técnica a esta institución nacional, tanto en la sede como a nivel regional, e invita a la PDDH a que continúe buscando la colaboración de sus homólogos regionales.

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La Policía de Nicaragua es una de las instancias más denunciadas respecto a violaciones a los derechos humanos de disidentes del régimen de Daniel Ortega. Literal/Tomada de Confidencial

Categoría B

La degradación de categoría de la PDDH, ocurrió con el respaldo de la mayoría de las organizaciones que conforman el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Estar en esta categoría, significa que esta instancia sigue sancionada y se queda sin derecho a voz y voto dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra. Para cambiar de categoría deberá cumplir recomendaciones y someterse a revisión de cada una de ellas.

Entre las razones dadas a conocer por OACNUDH, luego de la inhabilitación de la PDDH como defensor de derechos humanos están: no poder demostrar su independencia y el encubrimiento de abusos de derechos humanos cometidos por el gobierno y sus instituciones.

Avance sumamente limitado

El informe citado refiere además que el avance general en la implementación de las recomendaciones formuladas por la Alta Comisionada, en su informe de 2019 al Consejo de Derechos Humanos sigue siendo sumamente limitado.

“La OACNUDH ha observado que la violencia contra quienes participan en protestas u otros actos políticos parece ser menos frecuente que en el período 2018-2019. No obstante, persisten las violaciones frecuentes a los derechos a la libertad personal, de expresión, de reunión pacífica, y de asociación, y de participación”, indican las conclusiones del documento.

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Por otro lado, indica que la crisis sociopolítica y de derechos humanos que afecta a Nicaragua desde abril de 2018 se vio agravada por la devastación causada por los huracanes en noviembre de 2020 y los efectos negativos de la pandemia COVID-19, que provocaron un aumento general de la pobreza, el desempleo y la desigualdad, en Nicaragua y en toda la región.

DDHH en retroceso

La OACNUDH llamó al régimen a priorizar los derechos humanos, pero la dictadura, al contrario, ha cerrado oficinas de defensores como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, a quienes le confiscaron su edificio y le retiraron la personería jurídica. 

De igual modo, en el contexto de las protestas y las denuncias por los abusos cometidos por las autoridades, el régimen expulsó a las delegaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Oacnudh.

A la fecha, en 2021, no solo impide el retorno de estas organizaciones, sino que amenaza con cerrar a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), por medio de la represiva ley de Agentes Extranjeros.

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Reanudar cercanía con la OACNUDH

De igual manera, instan al Ejecutivo del país a “reanudar rápidamente una cooperación constructiva con la OACNUDH y las instituciones regionales de derechos humanos".

"Como señaló la Alta Comisionada en septiembre de 2020, la autorización de una misión de su Oficina antes de la presentación de un nuevo informe exhaustivo al Consejo de Derechos Humanos en su 46º período de sesiones, constituirá una señal positiva y alentadora”, indica el informe.

Lo anterior con el fin de realizar una evaluación más profunda de los progresos y los desafíos relativos a la situación de los derechos humanos en Nicaragua, y oportunidad de cooperación técnica dirigida a contribuir más eficazmente a la respuesta del Estado a los diversos desafíos que enfrenta en materia de derechos humanos.

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Torturas y encarcelamientos ilegales son parte de las denuncias en contra del régimen de Nicaragua. Literal/Pixabay

No hay acciones contundentes

Entre las recomendaciones incumplidas por el régimen de Nicaragua están solicitar la cooperación de la OACNUDH, la Alianza Mundial de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y el Subcomité para la Prevención de la Tortura, para enfrentar las cuestiones que provocaron su descenso de categoría y reforzar su mandato, incluido el de Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura.

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De igual manera, la reanudación de un diálogo significativo e inclusivo, implementación de los acuerdos alcanzados con la Alianza Cívica en marzo de 2019. Finalmente la aplicación de las reformas electorales e institucionales destinadas a garantizar elecciones justas y transparentes.