La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) emitió su informe anual del estado de los derechos humanos en Nicaragua, que revela que la persistencia de la crisis que sufre Nicaragua desde 2018, sigue enraizada en la fragilidad de las instituciones y del Estado de derecho que se han erosionado progresivamente a lo largo de los años de admnistración de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

De acuerdo a una nota de prensa de la oficina de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, mientras las violaciones de derechos humanos perpetradas desde 2018 siguen impunes, el espacio cívico se ha restringido aún más y la represión persiste en Nicaragua.

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Esta nota de prensa fue publicada previo a la presentación del informe sobre la situación del país que hará Michelle Bachelet, al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas este 25 de febrero.

La publicación indica que el hecho de que el Gobierno de Nicaragua no reconozca la responsabilidad del Estado en las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas desde que estallaron las protestas sociales hace casi tres años ha perpetuado la impunidad y fomentado la repetición de dichas violaciones.


La OACNUDH ha mostrado gran preocupación por los opositores que el régimen de Nicaragua ha encarcelado. Literal/Pixabay

Restricciones a derechos y libertades

La nota de prensa señala que el informe próximo, abarca el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020 y “expone las constantes, ilegítimas y graves restricciones a sus derechos y libertades a las que se enfrentan las y los nicaragüenses al tratar de expresar sus opiniones políticas y defender los derechos humanos”.

Advierte además, que los ataques, el acoso y la persecución por parte de las fuerzas de seguridad y elementos progubernamentales han persistido en los últimos 18 meses contra opositoras y opositores políticos, periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos, estudiantes, campesinos, medios de comunicación y cualquier persona que el Gobierno perciba que tiene opiniones discrepantes, indica el informe.

De igual manera indica que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado 83 casos de persecución, acoso y amenazas, incluidas represalias contra personas que cooperaron con la ONU.

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Ataques contra periodistas

Según la OACNUDH las y los periodistas y medios de comunicación también siguieron siendo blanco de estas acciones.

“La Oficina registró 34 casos de intimidación, amenazas y campañas de desprestigio, así como casos en los que se allanaron oficinas de medios de comunicación, se destruyeron sus equipos y se les impusieron sanciones administrativas por su labor periodística”, refiere la nota de prensa.

Añaden que se ha impedido que la gente se manifieste pacíficamente, y los que lo han conseguido han sido sistemáticamente objeto de ataques por parte de las fuerzas del orden o de elementos progubernamentales.

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Detenciones arbitraria

El documento refiere que al 7 de diciembre de 2020, al menos 110 personas que habían participado en protestas o colaborado con grupos de la oposición se encontraban detenidas arbitrariamente, entre ellas 13 que permanecen detenidas desde 2018. El informe detalla que algunas de las personas detenidas habrían sido presuntamente sometidas a torturas o malos tratos.

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La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha llamado a régimen de Nicaragua a “que libere a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad en el contexto de las protestas o por expresar opiniones disidentes”. Sin embargo, esta solicitud no ha sido atendida.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas. Literal/Tomada de Internet

Impacto de leyes represivas

El escrito también hace referencia a la preocupación que existe respecto la aprobación de las leyes de Agentes Extranjeros, Ciberdelitos y Defensa de la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación que podrían tener importantes ramificaciones negativas para las libertades de expresión, de reunión pacífica, de asociación y de participación política, especialmente de cara a las próximas elecciones.

“Igualmente preocupante es la reforma de la Constitución para sancionar con cadena perpetua los denominados “delitos de odio”, así como la reciente reforma del Código de Procedimiento Penal que retrasa hasta 90 días la revisión judicial efectiva de una detención”, destaca el informe.

 Y agregan que dado el debilitamiento del Estado de derecho y el deterioro de la separación de poderes en Nicaragua, existe un riesgo significativo de que estas leyes se apliquen de forma selectiva para reprimir aún más las voces disidentes.

Reformas electorales y diálogo

 Finalmente hacen un llamado al régimen para que adopte urgentemente reformas electorales efectivas y establecer un diálogo genuino e inclusivo con todos los sectores de la sociedad.

“Lo anterior para allanar el camino hacia unas elecciones creíbles, transparentes y pacíficas el próximo 7 de noviembre, recuperar la confianza ciudadana y garantizar que nadie quede atrás”, ha declarado Bachelet.