Después de casi tres años fuera del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Estados Unidos ha decidido desechar la política de "silla vacía" instaurada por la anterior administración de Donald Trump y ha anunciado su regreso a ese foro con una política desafiante: “Estados Unidos seguirá denunciando abusos en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba o Irán”, aseguró el secretario de Estado Antony Blinken.

En junio de 2018, bajo la administración del expresidente Donald Trump, la embajadora de este país ante la ONU, Nikki Haley, anunció que saldrían de la organización, calificándola de “hipócrita y egoísta”; también señaló que ese órgano estaba parcializado contra Israel.

La nueva administración demócrata de Joe Biden ha retomado el asunto de los derechos humanos y la democracia como ejes de su política exterior, tratando de reposicionar el liderazgo de Washington a nivel global.

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Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, desde enero del 2020. Literal/ Tomada de Twitter

A favor de los derechos humanos

“La administración Biden ha reencauzado a Estados Unidos a una política exterior centrada en la democracia, los derechos humanos y la igualdad”, señaló el Departamento de Estado al anunciar su posible regreso al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Este 24 de febrero, al hacerse oficial el retorno del país a ese foro, Blinken dijo que la organización “debe reconsiderar su desproporcionado enfoque contra Israel”, de igual forma mostró la inconformidad del gobierno estadounidense ante la participación de países como Venezuela, China, Rusia y Cuba, al considerar que violan los derechos humanos de sus pueblos.

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De acuerdo con el secretario de Estado, la Casa Blanca usará su poder político para denunciar las violaciones a los derechos humanos, no solo en países de Latinoamérica, sino en China y Rusia.

EE. UU., pidió el apoyo de los países miembros para su reingreso, pues aspira tomar el mandato 2022-2024 dentro del Consejo.

En Nicaragua, desde el inicio de la crisis sociopolítica en abril 2018, Estados Unidos ha mostrado su inconformidad contra el actuar del gobierno Ortega.

Este país ha dirigido una serie de sanciones contra la familia Ortega-Murillo y funcionarios gubernamentales que se han involucrado en la represión y violaciones a los derechos de la ciudadanía nicaragüense.