Al 5 de marzo de este año, 115 personas presas políticas en el contexto de la crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018, permanecen en las celdas sufriendo malos tratos, falta de asistencia médica e inseguridad de parte de las autoridades penitenciarias de Nicaragua.

Así lo indica un informe preliminar presentado por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, espacio de coordinación entre organizaciones de derechos humanos, familiares de personas presas y excarceladas políticas, abogados defensores de los presos, así como espacios de documentación y redes de activistas territoriales y digitales.

Además de presentar el número de reos políticos, se brinda información sobre sus condiciones carcelarias y las violaciones a sus derechos humanos. Desde el 2018, cuando estalló en Nicaragua la crisis sociopolítica, el gobierno de Daniel Ortega ha perseguido a los que considera opositores identificados con las protestas sociales y además de encarcelar, hostiga y amenaza a sus núcleos más cercanos.

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Capturas y recapturas

El informe destaca que como no hay información oficial, no ha sido posible la verificación de todos los casos. La información fue recopilada por denuncias en redes sociales, monitoreo de medios, denuncias de familiares o de la ciudadanía a organizaciones de derechos humanos nacionales.

En este recuento también se menciona a diez personas detenidas previo al contexto de abril de 2018, que también son considerados presos políticos.

Del total de presos, 111 son hombres, 3 mujeres y una mujer trans recluida en un penal de varones. Según el informe, el 61 por ciento fueron detenidos entre el 2020 y el presente año y el 39 por ciento restante fueron capturados entre 2018 y 2019, por lo que de este grupo hay quienes llevan entre 2 y casi 3 años en prisión.

Entrada a las cárceles de Auxilio Judicial, una de las más temidas del país. Literal/Cortesía

Liberados y de nuevo capturados

La Ley de Amnistía aprobada en junio de 2019 por la Asamblea Nacional de Nicaragua, planteaba que “ante los actos violentos y destructivos iniciados el 18 de abril de 2018 es voluntad del Estado la búsqueda de la estabilidad, el aseguramiento de la paz, y el mejoramiento de las condiciones económicas para lograr el desarrollo integral de las familias nicaragüenses”.

La controversial ley, absolvía a todas las personas señaladas de haber cometido delitos a partir de 2018, sin embargo, diversos sectores se opusieron por considerar que los presos políticos no habían cometido delito alguno y que con esta quedarían impunes los crímenes y abusos de las autoridades, así como los paramilitares que apoyaron la represión de las protestas.

No todos los presos políticos fueron liberados y según el informe, 36 son excarcelados políticos que fueron beneficiados por la Ley de Amnistía y luego fueron recapturados.

Liberan a reos comunes y condenan a reos políticos

Estas personas, indica el informe, enfrentan por segunda y hasta por tercera vez procesos judiciales “cuyas violaciones al debido proceso han sido ampliamente documentadas y denunciadas tanto por familiares como por organismos de DDHH”.

Según el recuento, en 2019 cinco excarcelados fueron recapturados, en 2020 la cifra es de 28 y en lo que va del 2021, son tres.

En 2020, cita el informe, más de 20 mil reos comunes fueron excarcelados y se excluyó a las personas presas políticas “a pesar de los constantes señalamientos emitidos desde la sociedad civil y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales quienes piden al Estado la liberación de estas personas sobre todo con el agravante de la situación actual de la pandemia”.

Según el informe, las autoridades les niegan recibir atención médica oportuna y adecuada dentro de los Penales. Literal/Pixabay

Delincuentes comunes y el calvario en las celdas

En el informe destacan que, de los casos judicializados, aproximadamente el 40 por ciento son procesados por delitos relacionados a posesión o tráfico de estupefacientes y antes de aprobada la Ley de Amnistía eran acusados por crimen organizado, terrorismo, entorpecimiento de servicios públicos, entre otros delitos.

Y como si fuera poco, los reos siguen sufriendo un calvario dentro de las cárceles nicaragüenses. De acuerdo al informe, se registran malos tratos a presos y familiares y en el caso de mujeres se ha documentado violencia de género:  violencia sexual relacionada con desnudos y tocamientos, amenazas de violaciones, entre otras.

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Según el informe, las autoridades les niegan recibir atención médica oportuna y adecuada dentro de los Penales y no permiten que sus familiares les suministren medicinas; también se enfrentan a la inseguridad en las celdas y constantemente son cambiados para “desarticular redes organizativas, de apoyo y políticas, entre los recluidos”.

Precisamente este 4 de marzo, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), condenó la situación de los presos políticos en Nicaragua y reiteró el llamado para su inmediata liberación.