El régimen de Nicaragua sigue usurpando la propiedad privada para inaugurar obras sociales. Esta vez le tocó el turno al edificio donde funcionaba el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), que fue convertido en un centro de atención para personas con adicciones en Managua.

En noviembre de 2018, la Asamblea Nacional quitó la personería jurídica a Cisas y el gobierno confiscó las instalaciones, junto a los edificios de otras organizaciones más.

“Los bienes y acciones que pertenezcan al Centro de Información y Asesoría en Salud, Cisas, tendrán, previa liquidación y deben ser entregados, so pena de responsabilidad penal al Estado de Nicaragua conforme a la ley de la materia”, establece el decreto del 28 de noviembre.


Ana Quirós, directora de Cisas, expulsada del país por el gobierno Ortega Murillo. Literal/ Tomada de Facebook.

En 15 años no le importaron las adiciones

Ana Quirós, directora de Cisas, dijo a Literal Periodismo Ciudadano que el accionar de Ortega y Murillo, “es una acción arbitraria más, ilegal, violatoria de derechos y violatoria de las leyes, en cualquier otro lado esto sería considerado delincuencial”.

Le llama su atención que después de más de 15 años de régimen, Ortega se “interese” por dar atención a las personas con adicciones “y que para darles tratamiento se valgan de bienes que no les costaron, que no son de su propiedad y que en  un futuro, esperamos que muy cercano, volverán a las dueñas legítimas que es la junta directiva y asamblea de Cisas”.

Informó que el régimen confiscó dos edificios a Cisas y ambos estaban completamente equipados.

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“Derecho a defender derechos”

Durante 35 años, Cisas se ha dedicado a la promoción y formación en derechos relacionados con la salud.

Quirós explicó que habían trabajado “defendiendo y promoviendo el derecho a la salud de todas y todos los nicaragüenses y de todas las personas que habitan dentro del territorio nacional”.

“Cisas ha educado, ha formado a personal de salud, a promotores, promotoras, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, en la defensa de sus derechos, en la promoción y acompañamiento de los derechos de otras personas y ha logrado la formación de cientos de miles de personas que hoy tienen una actitud diferente hacia los derechos de la niñez, hacia la violencia en contra de la mujeres, hacia las personas con VIH, hacia los derechos sexuales y reproductivos, entre otros”, comentó Quirós.

La defensa y promoción de los derechos ligados a la salud en Nicaragua era el eje de trabajo de Cisas. Literal/ Tomada de Cisas

“Lavado” de edificio confiscados

Explicó que “Cisas no es solo un edificio, no es solo un nombre ni un papel legal, Cisas es una institución con una filosofía de trabajo, con un compromiso con la defensa de los derechos de las personas y uno de esos derechos es el derecho a defender derechos, no entendemos cuál ha sido la urgencia de estos señores después de casi 16 años de, a toda velocidad, tratar de montar un centro que como se ve en las mismas imágenes, es un centro desprovisto de equipamiento, de personal y sobre todo de una práctica y un procedimiento con el cual tratar las adicciones, un problema tan serio”.

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En el marco de las protestas antigubernamentales de abril 2018, el régimen quitó la nacionalidad nicaragüense a Quirós, quien tenía más de 40 años viviendo en el país y de forma violenta fue deportada a Costa Rica.

El caso de Cisas, se suma al de otras organizaciones cuyos edificios y recursos han sido arrebatados por el régimen; en las últimas semanas el Ministerio de Salud (Minsa), abrió varios centros de atención para la salud en instalaciones confiscadas a ONG y medios de comunicación, entre estos Confidencial y 100% noticias.