Unos 800 reos comunes de diferentes centros penitenciarios del país fueron liberados este jueves 25 de marzo, bajo el “régimen de convivencia familiar”, sin embargo, de acuerdo a reportes de organismos de derechos humanos en este grupo no hay presos políticos, muchos de los cuales ya llevan más de dos años tras las rejas.

Al 5 de marzo de este año, 115 personas presas políticas en el contexto de la crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018, permanecían detenidos, según un informe preliminar presentado por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, espacio de coordinación entre organizaciones de derechos humanos, familiares de personas presas y excarceladas políticas, abogados defensores de los presos, así como espacios de documentación y redes de activistas territoriales y digitales.

Según ese informe, el 61 por ciento fueron detenidos entre el 2020 y el presente año y el 39 por ciento restante fueron capturados entre 2018 y 2019, por lo que de este grupo hay quienes llevan entre 2 y casi 3 años en prisión.

Hasta este jueves 25 de marzo, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), no tenía registros de ninguna liberación de presos políticos.

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Los que delinquen quedan libres, los inocentes siguen presos

“Para nosotros es importante que el Gobierno de Nicaragua aplique los procedimientos establecidos en las leyes correspondientes, para proceder a la liberación de personas privadas de libertad. La ley 473 y la ley 745 establecen como procedimiento de otorgar el régimen de convivencia familiar (…) el procedimiento de hacer una evaluación previa y que la solicitud de convivencia familiar sea otorgada con la autorización del juez ejecutor de sentencia”, dijo el doctor Denis Darce, secretario ejecutivo adjunto de la CPDH.

Los privados de libertad beneficiados son 747 varones y 53 mujeres que fueron “entregados a sus familias”, según medios oficialistas.

Darce expresó que esperan que los 800 casos hayan sido evaluados objetivamente por el Sistema Penitenciario. “Incluso en la ley se establece que no se puede otorgar convivencia familiar a aquellos delitos que son graves: asesinatos, violaciones, femicidios, parricidios, que son delitos que por su gravedad no permiten otorgar este tipo de beneficios, sino aplicar otro tipo de procedimiento y otros beneficios”, explicó el funcionario.

 “Deber recordar que existen oportunidades en la vida que no se repiten y esta es una de ellas, por lo que deben estar conscientes de la importancia de este día para el resto de sus vidas. No se olviden de sus obligaciones y compromisos, tendrán momentos de debilidad y desesperanza, pero siempre recuerden que se pueden tomar las decisiones correctas, Dios dirigirá sus caminos si ustedes se lo permiten, deben ser responsables con su libertad y conducir sus vidas con alegría, fe y esperanza de un mejor mañana”, destacó la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, según publicación del 19 digital.

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Familiares de los reos comunes liberados por el régimen de Daniel Ortega. Literal/Tomada de medios oficiales

¿Y los presos políticos?

“Para nosotros es importante que el Gobierno de Nicaragua libere de inmediato a los presos políticos ya que estas personas están siendo sometidas a procesos penales injustos (…) aplicando la ley de manera parcializada y politizada (…) así como está liberando a estas 800 personas detenidas por delitos comunes deberían de inmediato liberar todos los presos políticos y cesar todas las acciones de intimidación”, sostuvo Darce.

Actualmente, CPDH defiende a 34 presas y presos políticos sometidos a 32 procesos penales y de acuerdo a sus parámetros, han verificado que estos casos tienen que ver con su posición política y su participación en las protestas contra del gobierno.

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Condiciones inhumanas

“Nosotros hemos tenido denuncias de casos específicos de torturas, tenemos denuncias de malos tratos, tenemos denuncias de intimidación, tenemos denuncias de aplicación de penas y tratos inhumanos y crueles, tenemos documentado incluso la privación al acceso a la salud (…) el sistema penitenciario ha obstaculizado que estas personas reciban atención adecuada”, manifestó Darce.

Además, la CPDH ha sido informada por familiares de presos políticos que hasta para introducir alimentos hay dificultades e incluso que existe temor a que los alimentos sean contaminados.