La iniciativa de ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer), presentada ante el senado de los Estados Unidos para presionar por elecciones “libres, justas y transparentes” en Nicaragua, ha enfocado sus reflectores también sobre los medios de comunicación en poder de la familia Ortega y los medios independientes perseguidos por el régimen sandinista.

En la sección 11, sobre el apoyo a los medios de noticias independientes y la libertad de información en el país, la iniciativa indica que, a más tardar 90 días después de la promulgación de la ley, el secretario de Estado, el administrador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el director ejecutivo de la agencia de los Estados Unidos para medios globales presentará el Congreso un informe que incluya lo siguiente:

  • Una evaluación de los aspectos gubernamentales, políticos, así como los obstáculos tecnológicos que enfrenta el pueblo de Nicaragua para obtener noticias e información veraz, objetiva y completa sobre asuntos nacionales e internacionales.
  • Una lista de todos los canales de televisión, estaciones de radio, sitios de noticia en línea y otras plataformas de medios que operan en Nicaragua que son propiedad directa o indirecta o están controlados por el presidente Daniel Ortega, miembros de la familia Ortega o aliados conocidos del gobierno.
  • Una lista de cualquier organización de prensa independiente o cualquier persona afiliada a los medios de comunicación independientes que haya experimentado intimidación, acoso, agresión física, robo de propiedad o lesiones por parte del Gobierno o simpatizantes progubernamentales en forma directa, en relación con su actividad periodística desde abril de 2018.

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La propuesta de ley menciona entre los posibles sancionados a funcionarios del Gobierno y familiares de Ortega; mismos que son los dueños de la mayoría de medios del país. Literal/Pixabay

Estrategia para fortalecer medios independientes

Se solicita que ese informe incluya una evaluación de cómo el tipo actual de noticias, la programación y el contenido proporcionados por la Voz de América y otras fuentes, están abordando las necesidades de información del pueblo de Nicaragua.

Además, requiere una descripción del esfuerzo de Estados Unidos para fortalecer la libertad de prensa y la libertad de expresión en Nicaragua, así como incluir recomendaciones para ampliar esos esfuerzos.

Finalmente, en cuanto a este tema, solicitan una estrategia para fortalecer la radiodifusión, la distribución de información y las plataformas de medios independientes en Nicaragua.

Condena a las leyes aprobadas

A través de esta iniciativa se condena la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, aprobadas en la Asamblea Nacional, “que representan claros intentos del gobierno de Ortega de restringir las libertades fundamentales y los derechos humanos básicos. del pueblo de Nicaragua”.

Valoran que las elecciones libres, justas y transparentes basadas en reformas sólidas, con la presencia de observadores nacionales e internacionales representan la mejor oportunidad para el pueblo de Nicaragua para restaurar la democracia y alcanzar una solución pacífica a la crisis política y social.

Reconocen que Estados Unidos debe alinear el uso de la participación diplomática y todas las demás herramientas de política exterior, incluido el uso de sanciones selectivas, para apoyar los esfuerzos de los actores políticos democráticos y la sociedad civil en Nicaragua para promover las condiciones necesarias para una política libre, justa, y elecciones transparentes.


La propuesta de Ley Renacer, fue presentada ante el senado de los Estados Unidos para presionar por elecciones “libres, justas y transparentes” en Nicaragua. Literal/Pixabay

¿Sanciones en camino?

Destacan que, desde junio del 2018, tras la ejecución de la llamada “Operación Limpieza'', el gobierno de Daniel Ortega ha aumentado la represión de campesinos y miembros de comunidades indígenas, incluyendo arbitrarias detenciones, torturas y violencia sexual como forma de intimidación.

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Desde 2018, el gobierno de Estados Unidos ha venido estableciendo sanciones a funcionarios e instituciones del régimen de Nicaragua, señalados de corrupción, lavado de dinero y violación de derechos humanos.

Al menos 27 funcionarios han sido sancionados por Washington, incluyendo a la vicepresidenta Rosario Murillo, sus hijos Juan Carlos, Rafael y Laureano, entre jefes policiales, diputados, magistrados y altos mandos militares, señalados de colaborar en la masiva violación de derechos humanos ocurridos en Nicaragua desde 2018, cuando fuerzas del régimen y paramilitares asesinaron a más de 328 personas, hirieron y torturaron a más de 2,000 y provocaron el exilio de más de 100,000 nicaragüenses por persecución y amenazas.