Aproximadamente 20 millones de dólares podrían costarle al Estado de Nicaragua las confiscaciones del régimen de Daniel Ortega a varias organizaciones no gubernamentales y dos medio de comunicación, una vez que estos procedan a demandas internacionales contra las arbitrariedades cometidas por órdenes de la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El monto presentado corresponde solamente a estimaciones elaboradas por representantes del Instituto de Liderazgo de las Segovias, del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), Instituto de Estrategias y Políticas Públicas (Ieep), Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Canal 100% Noticias y Fundación del Río.

Sin embargo, el total de las oenegés y sus bienes confiscados por Ortega suman siete y la cifra podría aumentar conforme firmas evaluadoras elaboran los cálculos de pérdidas tanto por la apropiación de bienes como por el lucro cesante y la pérdida de contratos de cooperación y otros servicios comerciales que, en el caso de los medios de comunicación, fueron interrumpidos por el asalto policial a sus salas de redacción.

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Golpe devastador a Fundación del Río

Al esta suma se le deberá agregar el valor de propiedades y equipos de Popol Na, organización no gubernamental que era representada por la ex comandante guerrillera Mónica Baltodano, además del medio de comunicación Confidencial del periodista Carlos Fernando Chamorro y la sede del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade).

Solo el valor de los activos de Fundación del Río, de acuerdo a datos de esa organización, superan los 57 millones de córdobas por la confiscación de 22 propiedades, incluidas 4 áreas protegidas, 2 radios comunitarias, un hotel, un centro de atención de la niñez y adolescencia y 3 oficinas, además, de vehículos, motos, pangas, motores fuera de borda y cuentas bancarias congeladas.

El total de recursos afectados a la Fundación del Río, de acuerdo a fuentes de esa organización, suman 160 bienes inmuebles y equipos de trabajo.

Róger Artega ex director de la DGI y Alberto Novoa ex procurador de Nicaragua. Literal/Cortesía

 “Por su naturaleza es confiscación"

La Constitución Política del país, en el artículo 44 refiere que en Nicaragua se garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles y de los instrumentos y medios de producción. Y agrega que “se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”, indica el artículo.

El ex procurador general de Nicaragua Alberto Novoa, declaró que si bien, las figura jurídica que utilizó el régimen de Daniel Ortega no fue la de confiscación, si no, la cancelación de la personería jurídica y como agregado pusieron a disposición del Estado los bienes de las oenegés y medios de comunicación al Ministerio de Gobernación, “por su naturaleza eso es una confiscación”.

Novoa agregó que por esta acción irregular, el Estado de Nicaragua puede ser demandado “ya que aunque la acción formalmente haya sido por medio de la cámara legislativa, su naturaleza jurídica es una apropiación indebida por parte del Estado, y perfectamente cabe una demanda”, subrayó Novoa.

Por otro lado, Novoa refirió que según el Código Civil de Nicaragua, la prescripción de una obligación en términos generales es de 10 años. Resaltó que este Código no establece una figura puntual para este tipo de acciones, así que desde el punto de vista procesal civil, los representantes de estas oenegés y medios de comunicación disponen de 10 años para reclamar su indemnización.

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Deben documentar lo acontecido

Por su parte Róger Artega, ex director de la Dirección General de Ingresos (DGI), refirió que aunque los dueños de medios y representantes de las oenegés no recibieron ninguna notificación de parte del Estado antes de la toma por la fuerza de las propiedades, el acto es “una clara y diáfana confiscación de propiedades de particulares y de medios de comunicación sin haberse dado los pasos correspondientes y legales para poder justificar la confiscación del bien”.

Según Artega, el régimen está tratando de justificar la confiscación, destinando los bienes para asuntos sociales, “los cuales le corresponde al gobierno proporcionarlos, no quitárselos a los privados para dar servicio social”.

El también economista advirtió que “siendo una clara confiscación los afectados deben recurrir a la justicia para hacer sus reclamos”.

Añadió que “los dueños de estos bienes tienen que documentar legalmente esta confiscación, sus apelaciones, recursos de amparo y todo lo que la ley les permite para agotar la vía administrativa y una vez que haya un cambio de gobierno, presenten sus reclamos para ser indemnizados, así como fueron indemnizados todos los confiscados por la piñata del gobierno sandinista”.

Arteaga agregó que una confiscación no significa una deuda para el que confisca, sino para el nuevo gobierno que le toca indemnizar a los confiscados.

Los detalles de las confiscaciones

Instituto de Estudios Estratégicos y Política Públicas: El IEEPP, funcionaba en una propiedad rentada que fue allanada en 2 ocasiones en 2018, en junio y en diciembre respectivamente. El local permaneció rodeado por oficiales de la policía por más de un año.

Literal conoció que el régimen usurpó activos y bienes físicos de la organización como computadoras, servidores, monitores digitales, equipos de filmación de alta resolución, cámaras fotográficas, cámaras de seguridad, libros etcétera.

“Todos los materiales, sobre todo las computadoras y los servidores donde se almacenaba el patrimonio intelectual del Ieep todo eso fue confiscado y ascendía aproximadamente a casi 70 mil dólares”, declaró el exdirector ejecutivo de este organismo Félix Maradiaga.


La activista feminista ana Quirós expulsada del país por el régimen de Daniel Ortega. Literal/Cortesía

CISAS suma más de medio millón de dólares

Ana Quirós del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), declaró que las confiscaciones de esta entidad incluyeron dos edificios, además “todo el mobiliario (que descaradamente es el que se ve que están usando en la atención), equipos de computación y de oficina, documentación entre otros”.

Quirós resaltó que es difícil estimar el costo, pero sólo los dos inmuebles tenían un valor catastral superior a los 300 mil dólares, mismo que es generalmente mucho menor al precio de mercado.

“Por otro lado, a CISAS le confiscaron su posibilidad de trabajar y continuar con sus compromisos por lo que el costo de oportunidades perdidas fue enorme para CISAS y el equipo de trabajo”, lamentó Quirós.

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Instituto de Liderazgo de las Segovias

El 13 diciembre de 2018, la Asamblea Nacional, a solicitud del Ministerio de Gobernación, canceló la personería jurídica del Instituto de Liderazgo de las Segovia y al día siguiente 14 de diciembre fue ocupada por la Policía. La oenegé contabilizó los bienes confiscados: Oficinas administrativas de 2 plantas, auditorio- salón de usos múltiples, 4 aulas didácticas y baterías sanitarias.

Además de cocina, comedor y cabaña para albergue.

Como si esto fuera poco, el Instituto contaba con un área de entrada adoquinada, plazoleta embaldosada frente a las oficinas, sumidero para aguas negras, dos tanques PVC con torres metálicas, un portón principal de hierro y concreto.

Según las cifras, el total del terreno alcanza los 30,000.00 dólares y la infraestructura 326,332.57 lo que suma 356,332.57 dólares. En tanto, el valor de los activos fijos (equipos, medios y mobiliario) suma 57,196.57 dólares.

El total general de esta propiedad construida entre 2010 y 2018 es de US $421,529.14 dólares, sin incluir las pérdidas por el cese de proyectos de cooperación.El edificio fue adjudicado a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.

Al Instituto de Liderazgo de las Segovias se le canceló  la personería jurídica sin permitírsele el derecho a la defensa. Literal/Tomada de Onda Local

100% Noticias

El periodista y ex reo político Miguel Mora, propietario de este medio de comunicación, declaró que las pérdidas por la toma ilegal de su canal de televisión en diciembre 2018, ascendían a más de 5 millones de dólares.

Según Mora, ese monto incluía no solo la confiscación del edificio y equipos, sino también daños y perjuicios a la marca así como el lucro cesante, con la pérdida de dos más de años de realizar negocios y percibir ingresos.

En el edificio funciona un centro de atención social.

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Centro Nicaragüense de Derechos Humanos 

La doctora Vilma Núñez de Escorcia dijo a Literal que haciendo “un cálculo muy, muy conservador, no un valor real, prácticamente entre todos los muebles, el parque vehicular y las construcciones, el monto llega a 900,000 mil dólares”.

Núñez insistió que este monto conservador corresponde al “robo material, sin mencionar, por ejemplo, lo que significaba toda la bibliografía que existía en el Centro de Documentación, una hemeroteca de 30 años de todos los periódicos de Nicaragua, desde que lo fundamos en 1990”.

Refirió además que contaban con un compendio de las principales revistas y una gran bibliografía de derechos humanos, con la que se le daba servicio de consulta de documentación a estudiantes de secundaria y a estudiantes de las universidades que llegaban a nuestro centro de documentación a estudiar para preparar investigaciones, para preparar tarea y todo eso.

“Definitivamente se lo robaron, lo destruyeron. Para qué lo quieren ellos son unos ignorantes y no saben el valor que obtienen”, dijo con voz entrecortada Núñez.

Al ser consultada respecto a que si en algún momento se hace cambio en la estructura del poder de Nicaragua, el Cenidh demandaría indemnización, Núñez enfatizó que lo que se ha dado en contra ellos  es un robo y entonces convierte al que cometió el robo en delincuente.

“Y esos son Daniel Ortega y Rosario Murillo, una pareja de delincuentes que se han apoderado prácticamente del país. Y tenemos la desgracia y algún día nuestra historia lo va a recoger, que en un momento determinado estuvimos gobernados por delincuentes”, señaló Núñez, quien a su vez cuestionó la complicidad de los distintos poderes del Estado en mantener la impunidad en el país.