La Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH) interpuso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un recurso por inconstitucionalidad contra la reforma al Código Procesal Penal, que amplía de 48 horas a 90 días el plazo para mantener detenida a una persona, con la justificación de realizar “investigaciones más exhaustivas”, lo que para defensores vulnera aún más, los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Este sería el sexto recurso interpuesto ante la Suprema Corte, después de cinco que no han tenido respuesta hasta el momento.

Eber Acevedo, abogado de la CPDH, refirió que los recursos interpuestos con anterioridad han sido en contra de la Ley de Amnistía, la Ley de Agentes Extranjeros, Ley de Ciberdelitos y Ley de Cadena Perpetua, por lo que, luego de recurrir por inconstitucionalidad contra la Ley 996 (Ley de Amnistía) ha pasado un año completo y la Corte sigue guardando total silencio.

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“Hemos recurrido por cada una de las leyes arbitrarias que se han aprobado en los últimos años, así es cada vez que venimos, nos atienden desde afuera, nos piden la cédula, después nos piden el recurso, se lo llevan y solo nos llaman ya cuando lo van a firmar y aquí vamos a esperar dos horas a ser atendidos (…) de los cinco recursos que hemos metido, han dormido el sueño de los justos y no se han pronunciado en ningún sentido”, enfatizó Acevedo.

 El abogado de la CPDH, Pablo Cuevas en las afueras de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. Literal/Alberto Miranda 

Involución en derechos humanos

Categóricamente, Pablo Cuevas, también miembro de la CPDH, afirmó que la reforma es una involución en materia de derechos humanos, tomando en cuenta que hace una década, el tiempo para mantener detenido a un ciudadano era de 10 días, pasando luego a 48 horas y posteriormente a 72 horas, lo que representa un claro retroceso en el sistema de procesos penales.

“Cuando se hicieron estos cambios, la sociedad en general los aplaudió, dado a que se reinventaba la presunción de inocencia y recordemos que, desde el punto de vista penal de derechos humanos, la privación de libertad es una medida extrema, es decir, se puede privar de su libertad a un ciudadano si no existe otra opción, pero con esta ley, un juez puede mandar a un ciudadano hasta tres meses a una celda y hasta después de tres meses iniciar la audiencia preliminar”, aclaró Cuevas.

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Los ejemplos más claros de esta desintegración en el sistema procesal que se venían practicando antes de ser aprobada la ley, fueron los casos de la promotora voluntaria Ana Cecilia Hooker, que estuvo tres meses en las celdas de Auxilio Judicial sin ser presentada ante un juez, al igual que el excarcelado político Carlos Valle, a quien nunca se le realizó juicio alguno.

La reforma al Código Procesal Penal fue aprobada el pasado dos de febrero del 2021 y es considerada por defensores de los derechos humanos como un arma política dirigida especialmente a ciudadanos opositores al régimen Ortega Murillo.