Luego de la presentación en la Asamblea Nacional sobre la Iniciativa de Ley de Reforma a la Ley No. 331, Ley Electoral, promovidas por el régimen Ortega-Murillo, diversas organizaciones opositoras han expresado su evidente rechazo y demandan “reformas electorales verdaderas”.

Entre otras cosas, el nuevo proyecto legislativo introducido por diputados del Frente Sandinista, propone incorporar procedimientos relacionados al transfuguismo político y prohibir que los partidos políticos y sus candidatos reciban financiamiento del exterior.

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“Propuesta sandinista de más fraudes y nuevas farsas”

Ante esa situación, la Coalición Nacional tildó a la iniciativa de ley como una “propuesta sandinista de más fraudes y nuevas farsas”.

Además, la Coalición Nacional argumentó que este proyecto “pone todo su énfasis en excluir, inhibir, conculcar derechos y evitar la competitividad de la oposición frente a un adversario (Daniel Ortega) que se reserva todas las ventajas para imponer su continuidad en el ejercicio del poder obviando la voluntad popular”.

Asimismo, ese bloque opositor expresó a través de una nota de prensa que de aprobarse “constituiría un retroceso más en la institucionalidad democrática del país”, ya que frustraría la posibilidad de celebrar elecciones libres, transparentes, competitivas, observadas y justas.

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En Nicaragua, el Grupo Promotor de las Reformas Electorales (GPRE) presentó el pasado septiembre del 2020 un documento que propone doce puntos para reformas electorales y cuatro para una reforma constitucional. Cabe destacar que la propuesta cuenta con el respaldo de una gran mayoría de grupos de oposición. Literal/Pixabay

“Una nueva burla”

Por su parte, la Unión Democrática Renovadora (UNAMOS), antes Movimiento Renovador Sandinista (MRS) señaló que la iniciativa de reforma constituye “una nueva burla a la demanda del pueblo nicaragüense” que exige condiciones para elecciones libres, justas, transparentes y observadas.

UNAMOS también rechazó la propuesta de ley y en una nota de prensa manifestó que a través de esta iniciativa “la dictadura pretende legalizar más condiciones para el fraude electoral”.

Este partido político describió seis puntos principales por los cuales se oponen a la iniciativa, que incluyen la inhibición de candidaturas y fuerzas políticas, el cierre de puertas para una observación electoral real, el intento de asfixiar económicamente a la oposición, entre otros.

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“Una ofensa al pueblo de Nicaragua”

Mientras tanto, Kitty Monterrey presidenta del partido político Ciudadanos por la Libertad (CxL) declaró en conferencia de prensa que este proyecto es una burla, que “lejos de contribuir a la democracia y a un proceso electoral transparente lo que está haciendo es insultándonos a todos”.

Inhibición de candidaturas por el 50% de género, la imposibilidad de recurrir de amparo ante cualquier instancia como la Corte Suprema de Justicia, el aumento de control estatal a través del Consejo Supremo electoral, ente otras cosas, son las razones por las cuales Monterrey está en desacuerdo con la propuesta.

Razones que llevaron a Monterrey a decir que esta propuesta “es una ofensa para el pueblo de Nicaragua.

Kitty Monterrey, presidenta de CxL, también dijo en conferencia de prensa que para Nicaragua esta ley será el "hazmereír mundial". Literal/Alberto Miranda

Obligación con la OEA

En realidad, el Estado de Nicaragua está obligado a cumplir con la resolución titulada “Restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas” aprobada el pasado 21 de octubre de 2020 en la Quincuagésima sesión de la Asamblea General de la OEA.

Esta resolución insta a la implementación de reformas electorales y sugiere una misión de observación a los comicios generales de Nicaragua que están previstos para el 7 de noviembre del 2021.

De hecho, para su cumplimiento, la OEA fijó el mes de mayo de 2021 como plazo máximo.