La represión del régimen de Daniel Ortega no ha cesado desde el 2018, intensificándose en 2021 contra defensores de derechos humanos, periodistas, activistas, opositores a la dictadura, excarcelados, líderes religiosos, indígenas y campesinos, según el informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

El boletín número 10, Deterioro de Derechos Humanos en Nicaragua, documenta y responsabiliza al régimen Ortega-Murillo de represión, persecuciones, ejecuciones extrajudiciales, cárcel y tortura, desaparición, criminalización contra la ciudadanía que ejerce el derecho a la protesta cívica y la continuación del desplazamiento forzado interno y externo

“La persecución en los últimos meses se expresa mediante la vía legislativa, con la aprobación del combo de leyes (…). La instrumentalización de la justicia para criminalizar, reprimir económicamente y suprimir derechos institucionales, es sistemática”, dice el documento.

Asimismo, detalla que los derechos civiles de libertad individual, libre circulación, derecho a un debido proceso, inviolabilidad del domicilio y comunicaciones están bajo acecho permanente y sin control de legalidad, “porque el poder judicial es parte de la persecución contra todos los sectores sociales, gremios profesionales y empresariales que representen una amenaza para el continuismo en el poder de la dictadura sandinista”.

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A pocos meses de las esperadas elecciones nacionales la violencia y el asedio no se detiene. Literal/Tomada de internet

Continuismo del poder a cualquier costo

Este noviembre 2021 se llevarán a cabo elecciones presidenciales y parlamentarias sin condiciones jurídicas legales, bajo un ambiente de violencia promovido a través de grupos paramilitares afines al FSLN, la Policía Nacional como brazo represor partidario y la participación del Ejército en las zonas rurales y comunidades de la Costa Caribe, según investigaciones de medios independientes y de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

En el boletín mencionado se exhorta al Estado de Nicaragua “garantizar la plena vigencia de los derechos civiles y políticos a fin de que el pueblo exprese su voluntad popular, el derecho a elegir y ser electo”, enfatizando que la libertad de reunión, expresión, asociación, concentración, manifestación y circulación son derechos humanos que el Estado de Nicaragua debe respetar, proteger y garantizar.

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“A siete meses de las elecciones que deben realizarse en noviembre, no se observan reformas ni voluntad política del Estado para hacerlas con amplias libertades, observación nacional e internacional que aseguren el respeto de la voluntad popular”, concluye el informe.