“Exigimos información sobre su paradero, exigimos su liberación, está desaparecido, fue secuestrado”, son parte de las constantes publicaciones que defensores de derechos humanos, periodistas y activistas de Nicaragua han realizado desde 2018, año en que la represión aumentó en el país.

Estas demandas han aumentado en los últimos siete días, con ola de detenciones arbitrarias contra disidentes del régimen de Daniel Ortega, en el marco del tercer aniversario de las protestas del 18 de abril de 2018. 

Reconocidas figuras de la lucha cívica como la presidenta de la Asociación de Madres de Abril, Francis Valdivia o Nelson Lorío, padre del menor Teyler Lorío asesinado en el contexto de las protestas sociales, son solo dos de las víctimas de estas detenciones que según activistas suman ya 12 casos. 

Algunos de ellos ya han sido liberados y han denunciado torturas, abuso sexual y amenazas. Hasta el 18 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que había al menos 115 presos políticos en Nicaragua en condiciones inhumanas y sometidos a torturas. 

Y es que los opositores del régimen no solo deben enfrentarse a la impunidad y al asedio; las consecuencias van más allá. En Literal-Periodismo Ciudadano te presentamos un recuento de las situaciones que enfrentan cada día. 

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Nelson Lorío fue excarcelados la mañana de este 22 de abril, luego de una supuesta investigación por un robo de vehículo. Literal/Cortesía
  • Detenciones arbitrarias 

Es una constante. Patrullas y agentes policiales se encargan de detenerlos e intimidarlos y hasta torturarlos. Como si esto fuera poco, en febrero de este año, la Asamblea Nacional aprobó una reforma al Código Procesal Penal que establece que una persona puede estar detenida bajo investigación entre 15 días y 90 días y no 48 horas como estaba establecido anteriormente.

  • Implicación en delitos comunes

Es una de las disposiciones que ha puesto en práctica el Sistema Judicial de Nicaragua y que ha sido denunciado por los abogados defensores de reos políticos y organismos defensores de derechos humanos. 

Uno de los ejemplos claros es el de Sergio Beteta Carrillo, el joven opositor que protestó quemando una bandera del Frente Sandinista en la vía pública mientras ondeaba una azul y blanco, fue detenido y acusado de tráfico de drogas y sustancias controladas. 

En las últimas detenciones la Policía señaló que estaba investigando a los ciudadanos por supuesto robo de vehículos.

  • Negativa de acceso a servicios de salud y educación pública 

Aunque son derechos consignados en la Constitución Política, muchos de los ex reos políticos, activistas y conocidos opositores junto a sus familias son asediados y amenazados cuando se presentan a solicitar servicios públicos. 

Además, son filmados y fotografiados para luego ser expuestos en redes sociales.

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A tres años de la rebelión cívica de abril, opositores en todo el país denunciaron la presencia de patrullas policiales en sus viviendas. Literal/Cortesía
  • Récord policial manchado 

Otra de las denuncias de opositores al régimen refieren que sus documentos de conducta, mismos que son extendidos por la Policía Nacional aparecen con antecedentes penales con frases como “golpista”, en referencia al discurso de Daniel Ortega que refiere que en abril 2018 la oposición intentó realizar un “golpe de Estado”.  

Muchos veces han sido en mismo momento han sido amenazados con ser arrestados al ser considerados enemigos del régimen. 

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  • Retención por la fuerza dentro de sus viviendas 

No importa si se dirigen a hacer compras de primera necesidad, a trabajar o buscar atención médica. La realidad de muchos opositores es que patrullas policiales armadas se ubican frente a sus viviendas por jornadas extensas y hasta por semanas, la  orden es no dejarlos salir.