El primer informe electoral del año elaborado por el autónomo Grupo Pro Reformas Electorales (GPRE), constata que el clima electoral permanece ensombrecido en Nicaragua. No se han dado las condiciones mínimas para que se desarrolle un proceso “democrático” a casi seis meses de las elecciones generales. Denuncian todo lo contrario: el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene su estado policial, impide reuniones políticas, utiliza bienes del Estado para sus campañas y controla los procesos de cedulación en el país.

Las conclusiones a las que llegaron los especialistas son que en el país no existen condiciones mínimas para unos comicios libres. “Para que un proceso electoral se considere legítimo, transparente y libre, el gobierno y sus instituciones deben garantizar y respetar los derechos y libertades de los nicaragüenses a expresarse abiertamente, así como organizarse en grupos políticos o en organizaciones sociales”, concluyen.

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Los expertos reiteran que existe una violación abierta del Estado hacia los derechos humanos y políticos, vinculados a: participar en los asuntos públicos, hacer denuncias sobre anomalías, el derecho de reunión pacífica, el derecho de concentración pacífica, manifestación y movilización, el derecho de elegir y ser elegido y el derecho de organizarse en partidos políticos. Estas acciones también son violatorias a la Constitución Política de Nicaragua, en los artículos 50, 51, 52, 53, 54 y 55 respectivamente. 

“Las acciones que hasta hoy viene desarrollando el gobierno están orientadas a la violencia política contra la ciudadanía, con tácticas bien elaboradas que consiguen crear un ambiente de desencanto electoral, esto lo viene haciendo desde el 2007, que hoy se acrecientan y que violan las normas democráticas. Estamos frente a unas elecciones de carácter autoritario y no unas elecciones formalmente competitivas”, detalla. 

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Según un informe del GPRE, “si las elecciones fueran hoy, no podrían llamarse democráticas”. Literal/Alberto Miranda

Prohibición de reunión pacífica y presencia de paramilitares

El GPRE ha identificado una “sistemática violación a los derechos políticos” en 21 municipios del país. Durante el período estudiado, 81 actividades de reunión pacífica fueron fallidas debido a la represión policial y paramilitar. Para los partidos y organizaciones políticas es imposible congregarse en los territorios. Este derecho es reservado solo al partido de gobierno. 

Lo mismo ha sucedido con la protesta ciudadana. Hubo 27 intentos en 13 municipios y sólo seis lograron realizarse. El llamado de estas manifestaciones se centra en exigir la libertad de los presos políticos y justicia para las víctimas de la masacre de abril de 2018, donde fueron asesinadas 326 personas, según estimaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Nuevamente en los municipios donde no se lograron realizar protestas se tuvo la presencia de paramilitares o grupos afines al partido de gobierno o fue impedida su realización por la Policía Nacional”, asegura el informe. 

Los actos han estado dirigidos a miembros de partidos políticos y de la sociedad civil. Algunas de las violaciones a los derechos humanos fueron detenciones ilegales, retención de personas en sus casas, agresiones físicas por policías y paramilitares, campañas de desprestigio a través de redes sociales y vigilancia permanente. 

La mayoría de los casos de violencia política están centrados en los municipios de Masaya, Granada, León, Masatepe, Bluefields y Diriomo.

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Los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral electos por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista. Literal/Tomada de la Asamblea Nacional

Se deben respetar derechos

De igual forma, el GPRE alerta sobre el uso de bienes del Estado para campañas de proselitismo político. El grupo recepcionó 48 denuncias en 28 municipios. Entre los medios utilizados sobresalen vehículos de las alcaldías y Ministerio de Salud, escuelas y oficinas del Estado. 

“Para que un proceso electoral se considere legítimo, transparente y libre, el gobierno y sus instituciones deben garantizar y respetar los derechos y libertades de los nicaragüenses a expresarse abiertamente, así como organizarse en grupos políticos o en organizaciones sociales”, concluye el informe. 

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Los especialistas recomiendan a la población seguir denunciando “las malas prácticas que limitan las libertades políticas y civiles”. También demanda al Estado el cese de los abusos de poder “que ha venido acrecentando durante los primeros meses del año contra la ciudadanía”.

Tomado de Redacción Abierta. Este texto está publicado bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.