El cuarto informe del Observatorio Urnas Abiertas plantea que a pocos meses de las elecciones de 2021, el gobierno del país está utilizando diversos mecanismos en contra de disidentes y políticos entre ellos detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial, prolongación de prisión preventiva a 90 días y causas judiciales sin fundamentación sólida.

Agregan que las autoridades policiales cometen “violación a la presunción de inocencia; violación al derecho a la defensa, y falta de acceso a la asistencia legal de su elección; y audiencias clandestinas, sin la participación de la defensa legal de su elección”.

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Comportamiento de los hechos de violencia durante el 2021. Literal/Captura de Pantalla

225 hechos de violencia en 15 días 

De acuerdo a sus registros, entre el 1 y el 15 de junio de 2021 se registraron 225 hechos de violencia política en el contexto electoral.

''El Observatorio detalla que 13 que fueron cometidos en un 93,78% (211) de manera individual o grupal a ciudadanía en general, hombres y mujeres de prensa, o integrantes de organizaciones y partidos políticos, el otro 6,22% (14) contra organizaciones, medios de comunicación o partidos políticos, sin generar víctimas individualizadas.

“Los 225 hechos de violencia política que se cometieron de manera individual o grupal generaron la identificación de 197 víctimas, de estas 58,38% fueron hombres y 41,62% mujeres”, refiere el informe. 

No hay condiciones electorales 

En este nuevo informe UA, insiste que a menos de cinco meses de los comicios generales, las condiciones actuales respecto a normativa electoral y Derechos Humanos no cumplen con los estándares internacionales para desarrollar un proceso electoral el próximo 7 de noviembre.

Advierte que es necesario que “el Gobierno de Nicaragua garantice las condiciones para una amplia participación, tanto para las personas votantes como para las organizaciones y partidos parte de la contienda electoral para el desarrollo de un proceso electoral libre, justo, creíble, legítimo, transparente y observado”.

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UA muestra preocupación por las agresiones, amenazas y hostigamiento contra organizaciones de defensa de DDHH, especialmente personas que ejercen la defensa jurídica de las y los detenidos arbitrariamente. Literal/Captura de Pantalla

Respecto a esas condiciones destacan:

  • Libertad a todas las personas presas políticas.
  • Cesar la represión, la violencia política y el estado policial.
  • Reestructurar el Consejo Supremo Electoral (CSE).
  • Derogar la reforma Ley Electoral reciente, aprobando una Ley que incluya las demandas de la oposición, que cumpla los estándares internacionales y que no sea violatoria de Derechos Humanos.
  • Derogar el marco legal restrictivo y detener la instrumentalización de la justicia para la persecución política.
  • Garantizar la observación nacional e internacional independiente.

     

    Finalmente el Observatorio expone que al analizar estos datos se puede “observar el riesgo que existe para la ciudadanía de experimentar violencia política en el momento que decidan organizarse dentro del proceso electoral”.

En el período se mantiene la focalización, iniciada en mayo, de violencia política sobre personas candidatas, ya sea precandidatos presidenciales y se agregan hechos de violencia política contra las direcciones de organizaciones y/o partidos políticos, enfatiza el documento.